La puerta abierta por el Tribunal Supremo para llevar el proceso de regularización de extranjeros ante la Justicia europea por si entrara en conflicto con la derecho comunitario ha sembrado de incertidumbre al más de un millón de inmigrantes que se acogieron a esta fórmula para regularizar su situación en España. Desde el Gobierno, lanzaron este miércoles un mensaje de tranquilidad a este colectivo y recordaron que el alto tribunal desestimó en mayo paralizar cautelarmente la regularización, tal y como había pedido la Comunidad de Madrid, y el procedimiento «ha seguido desarrollándose con total normalidad».
El argumento más de fondo que plantea el Supremo es competencial. Tras el Pacto de Migración y Asilo, la gestión de los flujos irregulares ya no se concibe como una decisión que cada Estado europeo adopte por su cuenta, sino bajo un principio de cooperación leal que los tratados elevan a obligación. El Supremo cifra el alcance potencial en más de un millón de personas, y cuestiona que una operación de esa escala se haya despachado «mediante norma reglamentaria, de rango infralegal», y «sin que conste notificación previa a la Comisión Europea ni coordinación con los demás Estados miembros». La pregunta que traslada es clara: si un Estado puede regularizar en masa «sin condicionamiento alguno que no sea la mera decisión política».

El tribunal añade un efecto que internacionaliza el choque: quien obtenga la residencia española podría circular por el espacio Schengen, de modo que una decisión tomada en solitario terminaría descargando sobre las fronteras interiores del conjunto de la Unión. Es, en lenguaje político, el «efecto llamada» que se agita desde hace semanas. Y es también el punto donde el Gobierno planta su defensa. Fuentes del Ministerio de Inclusión replicaron que la autorización habilita a residir y trabajar solo en territorio español, un matiz con el que el Ejecutivo busca desactivar de raíz el argumento fronterizo de la sala.

Este es uno de los puntos básicos que el ministerio, respaldado por la Abogacía del Estado, propondrá en su argumentación a las cuestiones planteadas a las partes por el alto tribunal antes de decidir si lleva la cuestión a la Justicia europea, un plazo de alegaciones que finaliza este jueves. Incluso si llegara a elevarse a esta corte con sede en Luxemburgo, esto solo significa que el tribunal entraría a «resolver dudas concretas antes de entrar en el fondo de la cuestión», en lo que se prevé un largo camino que no supondría la paralización del proceso.

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Por ello, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, reiteró este miércoles a los solicitantes un mensaje de tranquilidad: «La norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario». También insistió en que «la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español».

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La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, lanzó un cable al Ejecutivo, y recordó que la ley pasó el filtro de este órgano constitucional e incorporó todas sus recomendaciones a la norma. «Es decir, en nuestro orden interno, en lo que afecta al Estado de derecho español, esa decisión política se ha tomado con arreglo a lo que nosotros entendemos que es correcto, al menos en lo que dijimos en nuestro dictamen que, por cierto, se ha seguido», incidió.