Las regiones del Partido Popular vuelven «a la carga» después de que el pasado lunes, en Consejo de Ministros, el Gobierno de España ampliara por un año el plazo para derivar a otras comunidades autónomas a los niños y niñas migrantes que han llegado solos a las islas a través de real decreto.

Madrid, Extremadura, Galicia, Valencia y Baleares han criticado duramente la ampliación del periodo de derivación y de las plazas de acogida de cada comunidad autónoma ambas medidas contempladas en la ley, por lo que amenazan con recurrirlo porque consideran que es «ilegal» y que supone una decisión «unilateral» por parte del Ejecutivo. Todas ellas están gobernadas por el Partido Popular, que se opuso a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería desde que esta se planteó. La modificación establece la derivación obligatoria de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas cuando el territorio de llegada se encontrara en situación de contingencia migratoria.
Así, tras conocerse la decisión del Ejecutivo, el Govern anunció que interpondrá un recurso contra el real decreto que actualiza la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores, ya que lo considera una «nueva imposición» del Gobierno central. La región tutela en estos momentos a 795 menores, y su capacidad ordinaria ha pasado de 406 a 434.

A esta postura se suma la Comunidad de Madrid. Su consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García Martín, trasladó que los servicios jurídicos de la región están «estudiando las posibilidades» para defenderse ante «este atropello». Se quejan de que no se haya convocado una conferencia sectorial para actualizar la capacidad de acogida de cada región, cuestión a la que, dicen, les tiene «acostumbrados el Gobierno de Pedro Sánchez».

Desde Extremadura, el vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, alertó de que el sistema de protección de menores de la comunidad «está al borde del colapso» en su comunidad autónoma, puesto que solo disponen de 14 plazas libres tanto para menores nacionales como extranjeros. La región atiende en la actualidad a 107 niños y niñas no acompañados. Además, tres de ellos han llegado en los últimos días, y la región ha puesto en marcha «toda la maquinaria» para impedirlo, incluida la vía contencioso-administrativa.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, criticó esta semana la «falta de diálogo y recursos económicos» para atender a estos niños y niñas. «No se ha realizado ninguna transferencia económica. Las cosas deberían haberse hecho de otra manera, sobre todo por respeto a los menores», remarcó.

En la Comunidad Valenciana, la consellera de Servicios Sociales, FAmilia e Infancia, Elena Albalat, manifestó el «rechazo absoluto» de la administración al real decreto que actualiza la capacidad de acogida de las regiones. «Es más de la capacidad que tiene el sistema de protección y se ha establecido sin planificación y sin recursos», remarcó Albalat esta semana. La consellera lamentó que el Gobierno valenciano se haya enterado de la actualización de las plazas a través de los medios de comunicación.

Aumento de la capacidad
Las plazas de acogida del sistema de protección, que se actualizaron el lunes, aumentan en todas las comunidades y ciudades autónomas. El cálculo se ha realizado con la división de la población total de la región a 31 de diciembre de 2025 entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español. De esta forma, Andalucía es la que más aumenta su capacidad, pasando de 2.827 a 3.009 plazas. Le siguen Cataluña, que sube de 2.650 a 2.829 (179 más), Madrid, de 2.325 a 2.471 (146 más) y la Comunidad Valenciana, de 1.767 a 1.903 (136 más).