El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno ha entrado en una nueva fase. Al finalizar el pasado martes el plazo para presentar las solicitudes, ahora la Administración tendrá que analizar la documentación aportada por cada uno de los solicitantes. Así, según relatan fuentes policiales, en las primeras horas, el Ministerio del Interior –a través de la Policía Nacional, competente en la materia– ha dado el visto bueno a casi 2.000 solicitudes que cumplen con todos los requisitos. Los más relevantes, residir en España desde antes del 31 de diciembre del 2025 y no contar con antecedentes penales.

Según ha podido saber este periódico, se han expedido «1.813» Tarjetas de Identidad de Extranjeros (TIE), un documento del tamaño de un DNI que reciben todas aquellas personas que pongan al día su situación con este proceso. Las mismas fuentes explican que tiene «validez de un año» y que se renueva «hasta que cumplen cuatro, que es cuando pueden solicitar la nacionalidad». Es decir, que desde el martes, que se cerró el plazo, hasta ayer, que era el primer día para comprobar la documenta, la Policía dio luz verde a 2.000 expedientes de regularización. Estas personas, por ejemplo, ya pueden trabajar sin problema.

Las fuentes consultadas explican que el Gobierno tiene intención de «poner el acelerador» en el procedimiento de regularización extraordinaria. Esta «segunda fase» durará tres meses, que es el periodo para «examinar las solicitudes caso por caso». En caso de que la documentación aportada no convenza a los agentes, estos pueden pedir una «entrevista» con el interesado» para pedirles que amplíen la documentación, o ponerse en contacto con la embajada correspondiente para aclarar si cuenta o no con antecedentes penales, por ejemplo.

Esa comprobación «uno a uno» aumentará «la carga de trabajo de las unidades de Extranjería, colapsadas desde hace años», avisan los sindicatos policiales. Además, distintos mandos explican que en los últimos meses, desde que se puso en marcha el proceso, tanto l a Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif), que investiga las actividades delictivas relacionas con la trata de seres humanos, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif, una suerte de «inteligencia» migratoria) han dejado en «standby» varias investigaciones, ya que los agentes han tenido que dedicarse a comprobar los distintos expedientes.

Según informó el Ejecutivo, casi 1,3 millones de personas han pedido adherirse al proceso, que les permite poner en regla su situación laboral y poder cotizar a la seguridad social, entre otros beneficios. Estas cifras superan, por mucho, los pronósticos que hizo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en enero, cuando se presentó la medida. El departamento que dirige la ministra Elma Saiz calculó que podrían beneficiarse medio millón de extranjeros que ya vivían y trabajaban en España, aunque en situación irregular. Sin embargo, los cálculos policiales sí que acertaron. Los expertos de la Comisaría General de Extranjería llevan semanas advirtiendo de dos cosas: que un proceso tan rápido podría generar un «efecto llamada» del que las mafias se beneficiarían –aunque los extranjeros no podrían sumarse a la regularización– y que el total de solicitudes rozaría los 1,3 millones. Ambas cosas han terminado sucediendo.

Los expertos policiales han detectado un incremento en la actividad de las organizaciones criminales que trafican con la vida de personas por todo el mundo. Desde el anuncio del Gobierno, la Policía Nacional ha desarticulado tramas dedicadas a traer extranjeros, especialmente desde Pakistán, y a los que les fabricaban documentación falsa para justificar que residían en España antes de la fecha límite del 31 de diciembre. Otra treta que han utilizado para «colar» extranjeros en la regularización es la de convencerles para que rompan sus pasaportes y digan a la Policía que los han perdido, esperando que pudiese servirles en el proceso.

El Gobierno tiene ahora que hacer frente a un nuevo problema. El Tribunal Supremo planteó el mismo día que terminaba el plazo para presentar la documentación necesaria la posibilidad de llevar el proceso la regularización extraordinaria de inmigrantes desarrollado en España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por si entrara en conflicto con el derecho comunitario. Los magistrados responden así a los recursos interpuestos por las comunidades autónomas de Valencia y Aragón contra determinados aspectos del real decreto del pasado 14 de abril.

El Supremo pide a las partes que manifiesten su parecer sobre la compatibilidad con el Convenio Schengen, el reglamento europeo de esta materia y el Tratado de la UE «de una medida adoptada por un Estado miembro mediante una norma reglamentaria de rango infralegal en el marco de una regularización de carácter masivo y sin que conste coordinación previa al respecto con los demás estados miembros».

“Plam de choque”

La Policía Nacional ha puesto en marcha un «plan de choque» para dar atención a los 1,3 millones de solicitudes de extranjeros para poder regularizar su situación administrativa en España, dentro del plan impulsado por el Gobierno a principio de años. El plazo para presentar la documentación terminó el pasado martes, y las cifras casi triplican a las primeras estimaciones que hizo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que calculó que podrían beneficiarse medio millón de personas en situación irregular.

Fuentes policiales explican que desde la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación se ha puesto en marcha este «plan» para «dar respuesta al incremento de la carga de trabajo en las Unidades de Documentación». En una circular interna de la Unión Federal de Policía (UFP), a la que tuvo acceso este periódico, este plan empezó ayer, 1 de julio, y «se activará de forma progresiva en las Unidades de Documentación que determine la División, según criterios de carga de trabajo».

Estas directrices irán «acompañada de unas instrucciones operativas» que darán desde Documentación «que establecerán los procedimientos y criterios de aplicación» del plan de choque, explican desde el sindicato. Además, la División «realizará un seguimiento continuo mediante el análisis del volumen de horas asignadas y del número de documentos confeccionados por cada» agente que se encargue de los expedientes. Es decir, que valorarán la productividad de los policías nacionales.

Como ya adelantó este periódico, el Ministerio del Interior ha destinado una partida presupuestaria extraordinaria para los policías encargados de tramitar los expedientes de los inmigrantes que se acojan a la regularización. La dirección general pagará a 25 euros las horas extras de los funcionarios que realicen estas tareas. Las fuentes consultadas señalan que es una forma de hacer «más atractivos» esos puestos de trabajo, ya que queda un mes para que termine el plazo para entregar la documentación necesaria. Normalmente, estas horas se pagan a algo más de 10 euros. Además, habrá un plus para los agentes que trabajen durante los fines de semana, que recibirán 125 euros.