Viene advirtiendo de ello desde hace tiempo y hoy lo recalcó con especial ímpetu: «Vivimos horas criticas, nadie esta al volante», alertó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la gestión del presidente del Gobierno. Pero Ayuso esta vez quería poner foco en los procesos de regularización y nacionalización de inmigrantes con la «ley de nietos» como parte de una estrategia política de Pedro Sánchez para garantizar su continuidad en La Moncloa. Durante su intervención en el Club Siglo XXI, defendió que el Ejecutivo no persigue obtener una mayoría amplia en las próximas elecciones generales, sino reunir los apoyos suficientes para reeditar una coalición de gobierno. «

No se trata de ganar las elecciones», lo que busca únicamente «llegar, por la mínima, a tener una coalición»

como la que sostiene actualmente al Ejecutivo. Según explicó, esa estrategia pasa por conseguir «de manera quirúrgica los escaños justos», una tesis que vinculó a las políticas de regularización y nacionalización impulsadas por el Gobierno.

La presidenta madrileña enmarcó estas medidas dentro de lo que denominó una «ingeniería electoral». A su juicio, el Ejecutivo estaría acelerando los procesos de regularización cuando encara el final de la legislatura para aumentar el censo electoral en aquellos territorios donde unos pocos miles de votos pueden resultar decisivos para el reparto de escaños.

Ayuso aseguró que el objetivo no sería obtener una victoria holgada, sino conservar el control del Congreso de los Diputados con una mayoría suficiente para mantenerse en el poder gracias a sus socios parlamentarios. «Le da igual el Senado y le dan igual las comunidades autónomas. Necesita solamente hacer esa ingeniería», afirmó.

En ese contexto, defendió que las regularizaciones y las nacionalizaciones no responden a una política migratoria, sino a una estrategia electoral para incorporar nuevos votantes en determinadas circunscripciones con el objetivo de reforzar sus opciones de reeditar una mayoría parlamentaria.

La dirigente popular llegó a afirmar que el Ejecutivo pretende hacer

«imposible la alternancia política»

, aunque situó esa afirmación como la consecuencia de una estrategia más amplia orientada, según dijo, a garantizar la continuidad del actual bloque.

Ayuso también cuestionó la falta de información sobre estos procesos. Se preguntó cuántas personas se verán beneficiadas por las regularizaciones, con qué criterios se están tramitando y cuál será su impacto económico sobre los servicios públicos. Y se mostró muy pesimista. Es más, advirtió de que una regularización masiva podría incrementar la presión sobre la sanidad, la vivienda y otros recursos públicos, además de provocar un «efecto llamada».

Durante su intervención reclamó «transparencia y rigor» al Gobierno y anunció que el PP continuará exigiendo explicaciones sobre estas actuaciones. También avanzó que acudirán a las instituciones europeas y a las instancias que consideren necesarias para solicitar información y supervisión sobre estos procesos. «Iremos a las instancias que haga falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea y pedir observadores ya, no el día de las elecciones, porque es ahora cuando este proceso a nosotros nos parece que inquieta», dijo con contundencia.