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obernar no consiste únicamente en anunciar medidas. Gobernar también exige prever cómo van a aplicarse y dotar de medios suficientes a quienes tendrán que convertirlas en realidad. En este caso se ha vuelto a hacer exactamente lo contrario. Policías nacionales denuncian la imprevisión del Gobierno en el proceso de regularización de inmigrantes ilegales.

Se abre ahora una fase de enorme presión sobre la Policía Nacional, que tendrá que asumir durante los próximos meses la tramitación de una carga documental sin precedentes con unas plantillas que ya trabajaban al límite mucho antes de que este procedimiento se pusiera en marcha.

La Confederación Españaaola de Policía (CEP) subraya que una decisión de semejante alcance no podía sustentarse únicamente en un cambio normativo. Había que preparar a la Administración para ejecutarla. Había que reforzar las unidades que necesariamente iban a soportar el mayor peso del procedimiento. Había que calcular con rigor el volumen de trabajo que terminaría llegando a las comisarías. Nada de eso se hizo. Se optó por aprobar la medida y confiar en que la estructura ordinaria de la Policía Nacional sería capaz de absorber una carga de trabajo completamente extraordinaria.

Ahora desaparecerán las colas pero empieza la fase que más tiempo va a prolongarse y la que mayor esfuerzo va a exigir a la Policía Nacional. Más de un millón de solicitudes implican más de un millón de expedientes que habrá que comprobar, verificar, documentar y tramitar.

Significan cientos de miles de documentos que tendrán que confeccionarse. Serán meses de trabajo añadido para unas unidades que ya acumulaban retrasos y soportaban una presión constante antes incluso de que el Gobierno decidiera poner en marcha esta regularización extraordinaria.

La propia Administración ha terminado reconociendo esa realidad, aunque lo haya hecho de manera indirecta. La aprobación de un Plan de Choque para abrir puestos de expedición en horario de tarde, prestar servicio los sábados y recurrir a un importante volumen de horas extraordinarias no responde a una mejora organizativa prevista desde el inicio del procedimiento.

El problema está en quien calculó mal su impacto desde el principio. Resulta inaceptable que decisiones de esta magnitud sigan adoptándose sin una planificación operativa seria y sin una evaluación realista de las consecuencias que van a recaer sobre los servicios públicos encargados de ejecutarlas, concluye la CEP.