El

Gobierno

ha activado este miércoles una ofensiva política y jurídica para blindar el real decreto de

regularización extraordinaria de inmigrantes

después de que el Tribunal Supremo haya abierto la puerta a elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En apenas unas horas, tanto el ministro de la Presidencia,

Félix Bolaños

, como la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, han salido en defensa de una de las medidas más polémicas del Ejecutivo en materia migratoria, reivindicando la solidez jurídica de la norma y rechazando que vulnere el derecho comunitario.

Moncloa intenta fijar la idea de que el decreto superó todos los controles legales antes de su aprobación y que el eventual pronunciamiento de la justicia europea no pondría en cuestión en forma alguna la validez de una decisión que consideran

plenamente ajustada a derecho.

El encargado de fijar la posición del Ejecutivo fue Félix Bolaños. El ministro ha asegurado que el Gobierno afronta con

“absoluta tranquilidad”

la posibilidad de que el Alto Tribunal plantee una cuestión prejudicial ante Luxemburgo y ha defendido que el real decreto es “muy sólido”, al haber contado con “todos los informes preceptivos” y con “todos los controles desde el punto de vista jurídico”.

Bolaños ha recordado, además, que la Comisión Europea ha dejado claro que España tiene “perfecto derecho” a aprobar una regularización de estas características y ha subrayado que, incluso

si finalmente el Supremo acudiera al TJUE

, el proceso no quedaría suspendido.

El ministro también ha negado que la norma provoque un efecto llamada. Y ha insistido en que solo podrán acogerse a la regularización quienes acrediten encontrarse en España antes del pasado 1 de enero. También ha defendido que el procedimiento permitirá sacar de la economía sumergida a miles de personas que hasta ahora vivían, ha dicho, como “ciudadanos de segunda”, favoreciendo además su incorporación al mercado laboral y su contribución a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.

Poco después ha sido

Carmen Calvo

quien ha reforzado ese mismo argumentario desde Santander. La presidenta del Consejo de Estado ha recordado que el decreto pasó el control de legalidad y constitucionalidad de la institución que preside y que el Gobierno incorporó todas las modificaciones planteadas en el dictamen. “Esa decisión política se ha tomado con arreglo a lo que nosotros entendemos que es correcto”, ha afirmado, reivindicando

el papel del Consejo de Estado

como garante de la legalidad de las iniciativas del Ejecutivo.

La exvicepresidenta ha querido, además, desdramatizar el alcance de la medida, recordando que España ya ha acometido otros procesos extraordinarios de regularización a lo largo de la democracia y que se trata de una herramienta utilizada también en otros países europeos. A su juicio, este tipo de decisiones forman parte de las obligaciones de un Estado de derecho para combatir

la explotación de personas en situación irregular

y frenar la actuación de las mafias.

Aunque Carlo ha evitado valorar el fondo de la actuación del Tribunal Supremo, ha dejado una reflexión con evidente lectura política al ser preguntada por la judicialización del decreto.

“Todo es política”

, ha afirmado, antes de recordar que los jueces, como cualquier ciudadano, pueden tener opiniones políticas, aunque su obligación es actuar con imparcialidad cuando ejercen la función jurisdiccional.

Con esta doble intervención, el Gobierno ha tratado de

cerrar filas en torno a uno de los decretos que considera más relevantes de la legislatura, que sirve de ariete contra el PP y Vox.

La ofensiva responde también a la voluntad de evitar que la iniciativa del Supremo erosione una medida que el Ejecutivo presenta como un avance en materia de derechos y que ha convertido en uno de los principales símbolos de su política migratoria.

Las peticiones de regularización desbordan los cálculos del Ejecutivo

A falta de apenas quince días para que concluyera el plazo de presentación de solicitudes de regularización, la Administración solo había resuelto 360.000 expedientes de los cerca de 900.000 registrados hasta ese momento, apenas un 40% del total. Sin embargo, el proceso ha terminado desbordando todas las previsiones del Ejecutivo. El plazo expiró este martes y

las peticiones superaron finalmente los 1,3 millones

, una cifra muy por encima de los escenarios con los que trabajaba el Ministerio de Inclusión.

Según fuentes del departamento que dirige Elma Saiz, el Gobierno manejaba tres posibles hipótesis: una de mínimos, con 500.000 solicitudes; otra intermedia, de 750.000; y una tercera que contemplaba alcanzar el millón de expedientes. Ni siquiera esa previsión más elevada ha terminado cumpliéndose. El Ministerio, que todavía no ha facilitado el dato definitivo a la espera de depurar duplicidades y posibles errores, admite que la evolución del procedimiento ha superado las estimaciones iniciales. “Los ritmos iniciales respondían al escenario más bajo”, explican, en referencia a los cálculos realizados cuando se tramitó la Iniciativa Legislativa Popular en 2023. “La realidad los ha superado”, reconocen.

En Inclusión atribuyen ese desfase a la dificultad de cuantificar una población que, precisamente por encontrarse en situación administrativa irregular, escapa de los registros oficiales. “La irregularidad es una exclusión administrativa que hace muy difícil conocer el número real de personas”, argumentan desde el Ministerio, donde insisten en que se trata de un proceso “vivo” y cambiante.

Durante los dos últimos meses, varios sindicatos policiales habían advertido de que las previsiones del Gobierno se estaban quedando cortas y denunciaron un incremento de llegadas de inmigrantes atraídos por la posibilidad de acogerse a la regularización. El Ejecutivo rechazó este martes esa interpretación y reiteró que el proceso no genera efectos sobre el resto de la Unión Europea, al tratarse de una autorización de residencia y trabajo válida exclusivamente en España. Además, fuentes ministeriales aseguraron que los recursos de la Administración para gestionar el procedimiento habían sido “analizados” y estaban “previstos”.