El Gobierno redobla su apuesta por la inclusión de migrantes. Tras concluir este martes el plazo para solicitar la regularización extraordinaria, el Ejecutivo pone el foco ahora en poner en marcha un Plan de Integración y Ciudadanía, una iniciativa que nace de la mano del proceso de regularización y tiene como principal objetivo la integración de estas personas. Así, pretende construir un modelo de cara a 2030 en el que la integración no concluya con la obtención de un permiso de residencia, sino que continúe con el acceso al empleo, la educación, la vivienda y la participación plena en la sociedad.

La estrategia está dotada inicialmente con 505 millones de euros para 2026, una financiación que se revisará en los siguientes cuatro años en función de las necesidades y resultados de las medidas.

La nueva estrategia de integración llega, sin embargo, en pleno debate jurídico sobre la regularización extraordinaria. El Tribunal Supremo ha planteado la posibilidad de llevar el proceso de regularización extraordinaria de migrantes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la “duda” de si podría entrar en colisión con la normativa comunitaria. Aunque el Ejecutivo lanza un mensaje de tranquilidad, al considerar que no han incumplido la normativa comunitaria.

Justamente la regularización de migrantes es la primera de las medidas del plan, que cuenta con cuatro grandes ejes, 16 medidas y 10 objetivos de cara a 2030. A ella se suma una nueva Estrategia de Movilidad Laboral con la que el Ejecutivo pretende ordenar y ampliar las vías legales de migración para adaptarlas a las necesidades del mercado de trabajo y al reto demográfico. Entre las iniciativas previstas figuran programas de contratación en origen, mecanismos de regularización y arraigo vinculados al empleo y una reforma del sistema de homologación de títulos extranjeros para agilizar el reconocimiento de cualificaciones. Además, el Gobierno impulsará la creación de centros de Formación Profesional en terceros países, especialmente orientados a sectores con escasez de mano de obra, como los cuidados, la construcción, la hostelería, la industria o los perfiles digitales.

Otra de las principales novedades será la creación de la Agencia Estatal de Movilidad Humana, un organismo que “reunirá funciones y recursos hoy dispersos para ofrecer una gestión más sencilla, coordinada y eficaz, manteniendo diferenciados los procedimientos de protección internacional y de residencia y preservará las competencias de seguridad y control fronterizo”, ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes. Así, asumirá los recursos y funciones actualmente dispersos entre la Dirección General de Atención Humanitaria y Protección Internacional, la Oficina de Asilo y Refugio y las Oficinas de Extranjería, sin incluir las competencias securitarias en control de fronteras y preservando la diferenciación funcional entre los procedimientos de protección internacional y los de residencia.

El segundo eje, se basa en el “reconocimiento del trabajo” como la principal herramienta de inclusión, autonomía personal y cohesión social. Para ello, se dotará de una inversión de más de 35 millones para facilitar la incorporación de las personas migrantes a sectores con alta demanda, como la construcción, la hostelería y los cuidados, el apoyo al emprendimiento y el refuerzo de las oportunidades en el medio rural. También se pondrá en marcha una oferta extraordinaria de FP con una inversión de más de 150 millones de euros y una oferta de más de 100.000 plazas de formación flexible y conectada con el mercado laboral, que “reconozca las capacidades que muchas personas ya traen consigo y las oriente hacia las necesidades de nuestra economía”, ha indicado Sánchez, con el objetivo de “incorporar personas con talento, derechos y un proyecto propio y ponerlo todo al servicio de nuestro país”.

El siguiente bloque se centra en la convivencia y la cohesión social. Para ello, el Gobierno destinará cerca de 30 millones de euros a programas de aprendizaje del castellano y de las lenguas cooficiales, así como a iniciativas de acompañamiento e integración comunitaria. El objetivo, sostiene el Ejecutivo, es favorecer una integración basada en el respeto a la diversidad cultural, pero también en el conocimiento de las normas, los valores democráticos y el funcionamiento de las instituciones españolas.

Las medidas incluyen programas de refuerzo lingüístico dirigidos tanto a las personas migrantes como al profesorado, con especial atención a la incorporación del alumnado al sistema educativo y a las distintas etapas de su trayectoria académica. Además, el plan impulsará una red de mentoría para acompañar a las personas migrantes en su proceso de integración, con acciones específicas para jóvenes extranjeros no acompañados durante su transición a la vida adulta, en coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos. El Ejecutivo pone en valor que en países como Francia, Dinamarca y Finlandia se ha demostrado que los programas de aprendizaje del idioma mejoran la empleabilidad e ingresos de los migrantes.

En paralelo, han anunciado un refuerzo de las políticas de prevención del racismo, la xenofobia y los discursos de odio, así como de los servicios de atención y protección a las víctimas de discriminación.

La mayor parte del presupuesto se concentra en el cuarto bloque del plan, donde se destinan 260 millones de euros a garantizar el acceso efectivo a derechos básicos mediante el refuerzo de servicios públicos la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios sociales.

Entre las medidas previstas destaca la eliminación de las trabas que dificultan el empadronamiento de las personas migrantes, un requisito indispensable para acceder a los servicios públicos y para dimensionar las necesidades del servicio según la población empadronada en cada zona. El Ejecutivo pretende corregir los obstáculos administrativos, lingüísticos y culturales detectados en algunos municipios y garantizar que las administraciones locales apliquen la normativa vigente.

En materia de vivienda, la estrategia contempla actuaciones para combatir la discriminación por origen o situación socioeconómica en el acceso al alquiler o la compra. Según el Consejo Económico y Social, un 17,1% de extranjeros se sienten discriminados al buscar una vivienda, frente al 5,9% de los españoles. Además, sorportan un mayor esfuerzo económico para pagar los gastos de la vivienda, especialmente aquellos hogares con personas menores de edad. Para hacer frente a ello, el Ejecutivo prevé simplificar los requisitos administrativos, ofrecer información en varios idiomas, facilitar el acceso a los programas de vivienda asequible y reforzar los seguros de alquiler con respaldo público.

Sin migración España perdería un 19% del PIB en 2050
Pedro Sánchez ha destacado que el proceso de regularización supone “un paso clave para sacar de la invisibilidad a cientos de miles de personas que conviven con nosotros” y ha subrayado que el Plan anunciado es una medida para también pondrá en valor la contribución de la migración a la sociedad española.

El presidente ha advertido de que, sin migración, España perdería un 19% de su PIB en 2050 y un 22% en 2075, lo que supondría “90.000 bares con la persiana bajada, 50.000 aulas de Primaria y Secundaria sin alumnos y la desaparición de 220.000 explotaciones agrícolas, una de cada tres”.

Un estudio de FUNCAS señala que entre 2018 y 2025 se han creado más de 2,9 millones de empleos, de los que el 44% han sido ocupados por personas extranjeras, al tiempo que la tasa de paro ha caído más de cuatro puntos. Además, estima que la inmigración explicó el 47% del crecimiento acumulado del PIB entre 2022 y 2025. En términos per cápita, el Banco de España calcula que la población extranjera aportó entre el 14% y el 24% del crecimiento del PIB per cápita entre 2022 y 2024.

El Supremo baraja llevar la regularización al TJUE
La nueva estrategia de integración llega, sin embargo, en pleno debate jurídico sobre la regularización extraordinaria. El Tribunal Supremo ha planteado la posibilidad de llevar el proceso de regularización extraordinaria de migrantes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la “duda” de si podría entrar en colisión con la normativa comunitaria.

Así, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha concedido cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudial ante el TJUE antes de resolver los recursos presentados por la Generalitat Valenciana y el Gobierno de Aragón contra el proceso de regularización.

Desde el Gobierno envían un mensaje de “tranquilidad” porque dicen estar “convencidos” de que la regularización no se va a paralizar ya que insisten en que el procedimiento cumple “con todas las garantías jurídicas” y encaja en el marco normativo europeo.

Fuentes gubernamentales defienden que la regularización se limita a personas que ya residían en España antes del 1 de enero de este año, por lo que su finalidad es permitir que trabajen y residan legalmente en territorio español, y no facilitar la libre circulación hacia otros países de la Unión Europea.

El Ejecutivo prevé presentar sus alegaciones en los próximos días y confía en que pueda existir un pronunciamiento judicial a partir del 7 de julio. En caso de que finalmente el Supremo decidiera elevar la cuestión prejudicial, ello no supondría automáticamente la paralización del proceso. Esa suspensión únicamente se produciría si el TS acordara además medidas cautelares. En ese supuesto, se paralizarían las solicitudes que no hayan sido admitidas a trámite, pero todo aquel que haya recibido ya su permiso de residencia provisional no se vería afectado.

El Gobierno busca agilizar las resoluciones y que los solicitantes tengan su permiso provisional antes de los tres meses que tienen de plazo

Si bien, las mismas fuentes recuerdan que el propio Tribunal Supremo ya rechazó previamente suspender cautelarmente la regularización pese a los recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid, Vox y Hazte Oír.

Las organizaciones sociales también defienden la legalidad de la medida. El director general de CEAR, Mauricio Valiente, asegura a Europa Press que, según la normativa vigente, “no hay un impedimento para que un Estado miembro pueda llevar a cabo una regularización”.

De la misma manera, considera “preocupante” la propuesta del Tribunal Supremo porque “el tribunal puede establecer cualquier consideración que sería de obligado cumplimiento y condicionaría la respuesta del tribunal español”.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la regularización continúa desarrollándose con normalidad e insisten en que pondrán todos sus recursos en agilizar las resoluciones y que todos los solicitantes puedan tener su permiso de residencia provisional “mucho antes” de los tres meses que tienen de plazo para tramitarlas. Además, han asegurado que no existirá silencio administrativo y que cada persona recibirá el resultado de su expediente ya sea aprobado o denegado.

Antes del cierre de las solicitudes, ya se habían recibido más de un millón de expedientes. Unas cifras que superan ampliamente las 750.000 que pronosticaba recibir el Gobierno. Fuentes del Ejecutivo señalan que siempre trabajaron bajo tres escenarios posibles: 500.000 solicitudes que era la cifra que se manejaba en la Iniciativa Legislativa Popular; 750.000 o un millón, y han reconocido que finalmente los pronósticos se han visto “superados por la realidad”. Asimismo, aseguran que desde hace semanas “ya se están emitiendo” resoluciones definitivas y notificando provisionales.