Allí donde hay un incendio siempre hay bomberos. Ese patrón se repite siempre, de modo que alguien podría pensar que los bomberos son la causa de los fuegos, en lugar de la solución. Algo parecido ocurre con el Informe Fènix sobre la economista catalana, elaborado por un grupo de académicos y que este martes ha confrontado la opinión de varios colegas en el Colegio de Economistas de Cataluña. “Correlación no significa causalidad”, ha recordado el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Oriol Amat, quien ha dado por bueno el propósito del documento, pero ha advertido de que carece de los datos e interpretaciones necesarios para llegar a conclusiones. “Veo problemas con los datos que se usan, con algunos que faltan y son muy importantes, con las interpretaciones de los datos y con las medicinas”, ha afirmado el profesor.

El debate, auspiciado por el diario Ara, se produce después de la controversia suscitada por algunas afirmaciones del estudio. En concreto, el informe considera que existen “sectores altamente subvencionados”, como el cárnico o el turístico, porque los sueldos que pagan a sus trabajadores no cubren su coste social. Y también sobre la inmigración, sobre la cual afirman que “no es cierto” que “sea necesaria para que la economía prospere”, contradiciendo la literatura de la mayoría de los organismos internacionales. De hecho, esa afirmación se sustenta ya en una causalidad: la relación entre el aumento de la inmigración y el PIB per cápita en varias autonomías, pese a que la Comunidad de Madrid pone en entredicho ese argumento, como bien recoge el propio informe, que el economista y coautor Miquel Puig se ha encargado de defender. “No es un documento antiinmigración, es un documento antitontería”, ha dicho.

Puig ha expuesto los argumentos del estudio, que pretende responder a la pertinente pregunta de por qué crecimiento económico catalán no equivale a prosperidad. Según el economista, en los últimos años el Producto Interior Bruto (PIB) se ha expandido sin que ello haya supuesto mejorar indicadores como la renta per cápita o la productividad. Y ello, a su juicio, se debe a las dimensiones que están adquiriendo sectores empresariales que empobrecen a la economía.

El economista ha podido confrontar sus conclusiones con las visiones de otros colegas, que no han eludido las cuestiones planteadas por el decano del Colegio, Carles Puig de Travy. Este ha recordado que una economía debe examinarse a través de su “cadena de valor total” y no por “sectores aislados”. El decano de los economistas ha expuesto que incluso las economías más productivas inevitablemente generan sectores que no lo son tanto, puesto que sus trabajadores demandan más servicios de ocio y hostelería.

En la mesa se ha compartido la preocupación por cómo se mide el bienestar ciudadano, si bien sus integrantes no han compartido los resultados del Informe Fènix. David Lizoain, director general de Análisis y Prospectiva Económica de la Generalitat, ha hecho hincapié en los errores metodológicos del documento. Este, por ejemplo, imputa 84 años de gasto social a los trabajadores de los sectores “altamente subvencionados”, que el propio informe apunta que son sobre todo extranjeros. A su juicio, eso es incorrecto, puesto que estos llegan de media después de los 30 años. Y si del cómputo se excluyesen esos datos, ha razonado, algunos sectores pasarían de ser “subvencionados” a “aportadores”.

El informe, además, sostiene que el problema de productividad no está en la industria, cuando los gráficos del documento señalan que entre 2000 y 2024 su peso en Cataluña sí ha perdido 8,1 puntos, mientras que en España se ha dejado 5,1 puntos; en Francia, tres, y en Alemania, uno. “Nos preocupa mucho la industria dentro de la autonomía estratégica. Y nuestra apuesta pasa por ganar peso industrial”, ha esgrimido Lizoain.

Objetivo erróneo
Amat ha considerado que el informe no alcanza a ver la complejidad de la situación, puesto que se focaliza en el PIB per cápita y la productividad cuando el objetivo debería ser el “progreso social”. Además, ha incidido en la “falta de datos”, por ejemplo, cuando se refiere a la inmigración sin tener en cuenta en el envejecimiento de la población. Pero ha añadido más omisiones, entre otras, el déficit fiscal, la calidad del sector público, la vinculación entre sectores, el equilibrio territorial o la totalidad de los impuestos que sustentan el Estado del bienestar, y no solo los procedentes de los salarios.

Amat también ha recordado que el problema de Cataluña tiene que ver más con la dimensión empresarial que con los sectores productivos. Y ha puesto un ejemplo: el valor añadido bruto (VAB) por empleado de una empresa catalana es de 69.923 euros, mientras en Alemania es de 70.048 euros. Es decir, prácticamente es idéntica. La gran diferencia, ha añadido, está en las pequeñas empresas. Al respecto, Amat ha pedido que se alcance un “Pacto Nacional por el Bienestar”.

Elena Costas, economista de KSNET, ha apuntado que hay que alejarse de la dicotomía entre “sectores buenos y malos” y en poner la lupa sobre el salario necesario para vivir dignamente, que ha estimado que en Barcelona es de 1.600 euros netos al mes. En la fila 0, Francesc Reguant, economista y presidente de la Comisión de Economía Agroalimentaria, y Carles Rabaneda, presidente de Pimec Turisme, han defendido sus dos sectores, señalados por el informe.

Puig ha quitado hierro a las críticas metodológicas planteadas sobre el informe y ha señalado que los gobiernos de Dinamarca y Reino Unido han hecho estudios sobre el impacto de la inmigración con cálculos que son “más dramáticos”. En todo caso, ha recordado que es el inmigrante quien cobra el salario “indigno” y ha insistido en que el documento no es “antiinmigraicón”.

Vox y Aliança aplauden el informe
La organización del debate ha preguntado a los grupos parlamentarios su opinión sobre el informe. El PSC se ha mostrado partidario de mejorar la productividad y la formación, aunque ha pedido “no señalar a ningún colectivo”, ERC ha aseverado que no comparte el 100% del contenido, mientras que Comuns y la CUP han sido más críticos. En cambio, Junts y PP han aplaudido el informe por su contenido económico, la vez que Vox y Aliança lo han hecho por sus conclusiones sobre la inmigración.

El estudio fue coordinado por el ingeniero Xavier Roig y elaborado por Xavier Cuadras, profesor de la Universidad Pompeu Fabra; Modest Guinjoan, doctor en Economía de la Universidad de Barcelona, y Miquel Puig, economista y exsecretario de Asuntos Económicos de la Generalitat. Les asesoraron, además, los catedráticos Jordi Galí, Guillem López-Casasnovas y Jaume Ventura. A pesar de la polémica generada, Puig ha afirmado al acabar el acto: “Yo en este momento haría una segunda versión”.