Pedro Sánchez refuerza su discurso positivo sobre la inmigración, algo prácticamente único en Europa, justo en la semana en que se termina la regularización extraordinaria, también contracorriente en el continente, que ha recibido más de un millón de solicitudes. El presidente del Gobierno ha presentado un plan de integración de la inmigración, dotado con 500 millones de euros, y ha desgranado alguno de sus elementos, como la creación de una “agencia estatal de movilidad humana”, ayudas para encontrar empleo o un plan de formación profesional, pero sobre todo ha hecho una defensa cerrada de la inmigración por motivos demográficos y económicos, además de por humanidad. “Sin inmigración, España tendría un 19% menos de PIB en 2050. 90.000 bares cerrarían, desaparecerían 220.000 explotaciones agrícolas, se cerrarían 50.000 aulas. La mitad del crecimiento del PIB español de los últimos años se debe a la llegada de inmigrantes”, ha resumido el presidente.

Sánchez ha reivindicado la regularización, muy criticada por PP y Vox y que ha recibido el recelo de algunos primeros ministros europeos como la italiana Giorgia Meloni, que va en sentido contrario, como “un gran éxito”. “El hecho de que más de un millón de personas hayan solicitado la regularización demuestra hasta qué punto era necesaria”, ha resumido.

Sánchez explica que España está optando por una vía diferente a la del resto de países europeos por varias cuestiones. Primero, por su historia, porque es una tierra de emigración y sabe lo que cuesta. Pero sobre todo, ha dicho, “por inteligencia”, porque “la inmigración ayuda a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios”. El presidente ha explicado el reciente caso de Extremadura, la comunidad con menos porcentaje de extranjeros (4%) y con el menor índice de inseguridad del país, que necesita inmigrantes para evitar la despoblación, y sin embargo “el rechazo a la inmigración y la inseguridad han sido los ejes del debate en Extremadura” con la llegada del PP y Vox, que también allí han aprobado la llamada “prioridad nacional” a pesar de que los datos indican que las cosas van en sentido contrario, como en Castilla y León, otra zona con problemas de despoblación. “La exclusión no protege a nadie, no da prioridad nacional a nadie, solo hace las cosas más difíciles para todos”, ha insistido.

“Gobernar es decidir. Queremos que el mundo vea a España como un país que protege, que ampara los derechos humanos, que reconoce la dignidad de los inmigrantes. Un país que hace lo único decente, que es dar la mano y no la espalda a la inmigración. España nunca ha avanzado levantando muros”. El presidente también reivindica que esta política de acogida no es incompatible con proteger las fronteras. “En lo que llevamos de año, las llegadas irregulares se han reducido un tercio, un 70% menos en Canarias”, ha recordado.

Sánchez está convencido de que la mayoría de los españoles apoyan su política de migración, aunque las encuestas señalan que hay mucha división en este asunto, incluso entre sus votantes. El presidente ha apostado por esta línea y la va a mantener hasta el final. “La realidad de España no es el odio, es el vecino que ayuda, el barrio que acoge. Ese es el país que somos y vamos a seguir siendo pese a algunos”, ha rematado apuntando así a un nuevo éxito electoral que las encuestas de momento ven muy improbable.

La regularización extraordinaria es uno de los asuntos fundamentales de este final de legislatura, y también de los que más polémica política ha generado. Sánchez ha podido llevarla adelante sin acudir al Congreso, donde habría tenido muchos problemas para aprobarla dado el rechazo de Junts. El Gobierno decidió hacerlo mediante una modificación del reglamento de la ley de extranjería, que no necesita por tanto la aprobación de las Cortes.

El Ejecutivo logra así demostrar capacidad de maniobra política pese a la ruptura de la mayoría de la investidura, en la que Junts ya no se incluye, a la espera de que el 16 de julio pueda haber algún cambio si, como espera La Moncloa, el Tribunal de Justicia Europeo aprueba la ley de amnistía y da via libre para que Carles Puigdemont pueda regresar a España a partir de octubre, cuando debería decidir el Tribunal Constitucional sobre su recurso de amparo.

La cuestión de la inmigración es decisiva porque es el campo de juego favorito de la ultraderecha europea, también la española, al que se ha sumado ahora el PP, que ha endurecido mucho su discurso. Otros líderes socialdemócratas europeos han optado por ir a posiciones más duras anti inmigración cercanas a la derecha porque creen que así contentan a sus electorados y frenan el ascenso de la ultraderecha, pero Sánchez y su equipo piensan lo contrario, que solo con un discurso positivo sobre inmigración con datos objetivos que demuestren que en España es una historia de éxito de crecimiento, de integración, de mejora de la natalidad se puede combatir realmente a la ultraderecha y a una derecha que se ha radicalizado porque así se le da un propósito a la izquierda para movilizarse por un modo de ver el mundo diferente y mucho más razonable, ya que los datos reales, más allá de percepciones, son muy claros: una Europa envejecida y estancada necesita inmigrantes si no quiere que su economía y su población se paralice como ha sucedido en Japón, según insisten los expertos de La Moncloa que están muy encima de este asunto que consideran la gran batalla política del siglo XXI.