Justo cuando se cumplen las dos semanas de la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que nació con la oposición de España en algunos aspectos, el Ministerio del Interior se acoge a uno de los puntos más polémicos para… ejecutar la expulsión inmediata de casi un centenar de inmigrantes que han llegado a las costas de Canarias en las últimas horas, aunque se viste mediante la legislación española en materia de Extranjería ya existente. Unas devoluciones que se producen, además, en paralelo al final del proceso de regularización en el que Moncloa preveía legalizar a medio millón de personas y al que se han inscrito más de un millón.

En concreto, según confirman a ABC fuentes oficiales, la Policía Nacional ha pedido la expulsión de 82 de los 119 ocupantes del último cayuco que llegó a la isla de El Hierro. El nuevo texto europeo, tal como se está comprobando ahora, abre la puerta a la devolución automática de inmigrantes a sus países de origen con el rechazo inmediato de sus expedientes siempre que sus lugares de origen lo acepte.
En este caso, según las fuentes consultadas por este periódico, la petición de la Policía se apoya en la previsión de que Senegal acepte la repatriación de una parte del pasaje que llegó a bordo del cayuco, algo que permitiría agilizar el retorno en un plazo más corto de lo habitual —algo que facilita el nuevo marco comunitario, incómodo para los socios de Pedro Sánchez en algún aspecto como este concreto—.
De momento, el juez ya ha ordenado el ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de 82 de estos inmigrantes, a quienes se les abrió un expediente de expulsión y cuya repatriación es inminente. En dos autos, firmados por los magistrados Antonio Mazuecos y Antonio Doreste, se autoriza la deportación de este casi centenar de personas al carecer de visados y documentos legales que permitan su entrada a España.

Aunque la resolución de los jueces menciona el Pacto Europeo de Migración y Asilo y su condición de «marco directamente aplicable», en realidad se fundamenta en la legislación española en materia de Extranjería. Sin embargo, la embarcación, que partió de Gambia con una travesía de nueve días, está sujeta a la entrada en vigor del nuevo Pacto de Migración y Asilo aprobado por la Unión Europea, que empezó a operar en todo el continente comunitario cinco días antes de la salida del cayuco de las costas africanas.

La principal diferencia en esta ocasión, además de la entrada en vigor del nuevo reglamento de la UE, que precisamente recoge esta posibilidad para frenar la inmigración ilegal —una medida de las más duras promovidas por países como Italia—, es que la Policía ha pedido activar ese procedimiento legal con la confianza de que Senegal aceptará que esas 82 personas sean retornadas de forma forzosa a Dakar, cosa que no siempre ocurre.