El albergue de Arinaga, ubicado en el entorno de la playa de El Cabrón en el municipio de Agüimes, ha vuelto a ser objeto de actos vandálicos durante el pasado fin de semana, pese a contar con servicio de vigilancia para proteger el inmueble, que permanece cerrado desde el desalojo del centro de menores migrantes en julio de 2025. En concreto, rompieron una de las puertas de acceso al recinto.

Desde la Consejería de Bienestar Social, que gestiona el inmueble, confirmaron este martes que el edificio dispone actualmente de un sistema de seguridad compuesto por vigilancia presencial, cámaras y alarmas. Según explican, cuando se produce una incidencia «se avisa de inmediato a la empresa de seguridad y a la Policía», por lo que insisten en que el recinto «está controlado», aunque reconocen que ello no impide que sigan produciéndose actos vandálicos. Este martes estaban arreglando la puerta para evitar nuevos destrozos.
Cabe recordar que el servicio de vigilancia fue contratado con carácter de urgencia en mayo por un periodo inicial de tres meses, después de que el edificio permaneciera varias semanas completamente desprotegido, una situación denunciada tanto por vecinos como por el Ayuntamiento de Agüimes.

Pese a ese estado de deterioro, el Gobierno de Canarias mantiene su intención de rehabilitar el histórico edificio para convertirlo en el primer centro de transición y acogida para jóvenes migrantes extutelados mayores de edad del Archipiélago. El proyecto se encuentra aún en fase inicial y contempla la rehabilitación integral del inmueble antes de su puesta en funcionamiento como recurso sociosocial destinado a favorecer la integración laboral y la emancipación de estos jóvenes.

Agüimes planteó asumir la gestión
Precisamente, durante el pleno municipal celebrado este lunes, el concejal de Coalición Canaria, Antonio Vélez, preguntó al gobierno sobre la situación que atraviesa el inmueble tras las denuncias vecinales. El alcalde, Óscar Hernández, explicó que el Ayuntamiento llegó a ofrecer una alternativa para asumir la gestión del inmueble si ello facilitaba su conservación y puesta en uso. «Le planteamos la posibilidad de que, si el centro no resolvía las necesidades o dificultaba la gestión, el Ayuntamiento estaba dispuesto a buscar una alternativa municipal y hacernos cargo del centro», manifestó Hernández.

El albergue arrastra un prolongado proceso de deterioro desde que quedó vacío tras el cierre judicial del centro de menores gestionado por la entidad Quórum 77. Durante los meses en los que permaneció sin vigilancia sufrió saqueos, robos, incendios y destrozos en puertas, ventanas, instalaciones eléctricas y mobiliario, además del abandono de documentación con datos personales de antiguos residentes.