El proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno ha cerrado envuelto en la incertidumbre sobre su desenlace definitivo. Han sido cerca de un millón de solicitudes recibidas, una cifra que ha duplicado las previsiones iniciales, que se han quedado muy cortas, en otra evidencia de la improvisación que ha impregnado la decisión. Las dificultades para todas estas personas a las que el Gobierno ha vendido un nuevo comienzo sin apenas requisitos se reduce a lo que ya avisamos desde la génesis del estropicio, que la promesa estaba muy lejos de atender ni encajar con el marco legal vigente dentro y fuera de nuestras fronteras. Desde diferentes tribunas y ámbitos, también en estas mismas páginas, se había alertado de las fricciones con la normativa comunitaria en un asunto cuya competencia no empezaba ni acababa en Madrid, sino que Bruselas y, en concreto, la Justicia europea, tenía y tendrá la última palabra. En respuesta a los recursos de las comunidades Valenciana y de Aragón, el Tribunal Supremo ha planteado las insuficiencias y los reparos en su encaje, mejor dicho, su desencaje con el Pacto de Migración y Asilo de la UE, aunque no solo. En este punto, se ha abierto a la posibilidad de trasladar la controversia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con una cuestión prejudicial y el propósito de dilucidar si choca con el derecho comunitario. La compatibilidad con el Convenio Schengen, el reglamento europeo de esta materia y el Tratado de la UE se encuentra en discusión desde el instante en que el nacional de un tercer país legalizado en España puede circular libremente por territorio comunitario. El Gobierno ha hecho una lectura antagónica y ciertamente singular por surrealista. A su juicio, la posible regularización de un millón de personas en España no afectará a la Europa sin fronteras porque el permiso de residencia y trabajo se limita a nuestro país. Es un voluntarismo grotesco y como alegato, entre flojo y simplón. El pecado original hay que buscarlo en la arrogancia y las urgencias políticas y electorales de Sánchez, que ha ido por libre, como es su norma en asuntos nacionales, con una arbitrariedad insensata, frente a un desafío crítico para Europa. Buena parte de los primeros ministros se lo expuso en persona al presidente que pudo constatar otra vez su soledad. Que la controversia acabe en manos de la Justicia europea y que por tanto la regularización se paralice parece más que probable a estas alturas conforme a la razón, el interés de los propios inmigrantes y sobre todo el Derecho. Ignorar el marco y el procedimiento comunitarios, también la Directiva de Retorno, ha sido una irresponsabilidad con consecuencias. Sánchez ha instrumentalizado el drama y las urgencias de miles de personas con demagogia y medias verdades que nos aboca a un litigio complejo con nuestros socios. La inmigración es trascendente para el país, pero solo desde el orden y la ley. Sánchez es el problema, no la solución.