La batalla por la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos ha entrado en una nueva fase. Horas después de que el Tribunal Supremo

asestara un duro revés a la estrategia de Donald Trump

para restringir este derecho mediante una orden ejecutiva, el ala más conservadora del Partido Republicano trasladó el conflicto al Congreso, donde ya prepara

una ofensiva legislativa

que, aunque tiene escasas posibilidades de prosperar, promete convertirse en uno de los grandes ejes del debate migratorio en los próximos meses.

En la sentencia del Supremo -

seis votos frente a tres

- los magistrados reafirmaron que la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía estadounidense a prácticamente toda persona nacida en territorio nacional, independientemente de

la situación migratoria de sus padres

, manteniendo una interpretación constitucional vigente desde finales del siglo XIX. La decisión invalidó la orden ejecutiva firmada por Trump al inicio de su segundo mandato, con la que pretendía negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados y de

personas con visados temporales.

Trump confía en el Congreso

Lejos de dar por cerrada la disputa, el presidente reaccionó inmediatamente trasladando la presión al poder legislativo. En un mensaje publicado en Truth Social aseguró que, aunque el Supremo había fallado en contra de su interpretación constitucional, “el Congreso puede resolver fácilmente el problema mediante legislación”, e instó a los legisladores republicanos

a comenzar “hoy mismo”

el proceso para poner fin a lo que calificó de una ciudadanía “cara e injusta” para Estados Unidos.

El llamamiento encontró una rápida respuesta entre los sectores más conservadores del Partido Republicano. Uno de los primeros fue el senador por Misuri,

Eric Schmitt

, quien sostuvo que la decisión del Supremo podría haber dejado “una puerta abierta” para la actuación del Congreso y anunció la presentación inmediata de un proyecto de ley. Al mismo tiempo, reiteró que continuará impulsando una enmienda constitucional para modificar el actual sistema de ciudadanía.

En la misma línea se expresó Rand Paul, recordando que ya había registrado meses atrás una propuesta para

impedir la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes

que se encuentren ilegalmente en el país. A su juicio, el fallo judicial obliga ahora al Congreso a intervenir. También el senador

Rick Scott

reclamó que la Cámara Alta vote de forma reiterada iniciativas sobre este asunto “todas las semanas” hasta ofrecer una respuesta legislativa.

Comienza una “larga batalla”

Desde la Cámara de Representantes, el presidente de la institución, Mike Johnson, reconoció sentirse decepcionado por la resolución judicial y aseguró que el Congreso tendrá que afrontar las consecuencias de una decisión que, en su opinión, plantea

importantes desafíos para el país.

El senador Mike Lee fue aún más lejos al afirmar que comenzaba “la larga batalla” para modificar la Constitución, mientras que Katie Britt exigió una actuación inmediata del Congreso para poner fin a la ciudadanía por nacimiento sin restricciones. Sin embargo, entre el entusiasmo político y la realidad legislativa media una distancia considerable.

Modificar la Constitución estadounidense constituye

uno de los procedimientos más exigentes del sistema político. Una enmienda requiere el respaldo de dos tercios tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, además de la posterior ratificación por tres cuartas partes de los estados. Se trata de un umbral prácticamente inalcanzable en el actual clima de polarización política, donde incluso leyes mucho menos controvertidas encuentran enormes dificultades para reunir mayorías simples.

Uno de los pilares de la constitucion de EE UU

Tampoco el camino de la legislación ordinaria aparece despejado. Aunque los republicanos puedan presentar proyectos de ley para reinterpretar el alcance de la Decimocuarta Enmienda, numerosos expertos constitucionales consideran que cualquier norma que contradijera la interpretación consolidada del Supremo volvería previsiblemente a

ser objeto de impugnaciones judiciales. La propia sentencia reafirma una doctrina asentada desde el histórico caso United States v. Wong Kim Ark de 1898, que estableció que la ciudadanía corresponde a quienes nacen en suelo estadounidense, salvo contadas excepciones como los hijos de diplomáticos extranjeros.

Pese a ello, la cuestión ofrece

importantes réditos políticos para Trump

y para el sector más duro del Partido Republicano. La inmigración continúa siendo uno de los temas centrales de su agenda y la ciudadanía por nacimiento se ha convertido en un potente símbolo dentro de su discurso sobre el control fronterizo y la soberanía nacional.

Los defensores de restringir este derecho sostienen que la interpretación vigente incentiva la inmigración irregular y genera elevados costes para los contribuyentes. Quienes respaldan el sistema actual recuerdan, por el contrario, que la ciudadanía por nacimiento constituye uno de los pilares del constitucionalismo estadounidense desde hace más de siglo y medio y advierten de que limitarla abriría un complejo escenario jurídico para millones de familias.