El Ayuntamiento de Pinto ha decretado el cierre de un centro de acogida de menores migrantes no acompañados abierto hace pocos meses en esta localidada, al detectar que carecer de licencia para su actividad.

El Consistorio, comandado por el Partido Popular, había requerido previamente al centro la documentación necesaria para acreditar su correcto funcionamiento. Sin embargo, la información aportada por el recinto, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “no cumple la normativa municipal”.

Por ello, el Ayuntamiento de Pinto ha ordenado la “suspensión inmediata de la actividad” de estas instalaciones, que abrieron el pasado mes de abril en una vivienda unifamiliar de la localidad.

La noticia, adelantada por ABC y confirmada por este diario, llega prácticamente un año después de que el Ayuntamiento de Pozuelo se convirtiera el primero en ordenar el cierre de un centro de acogida del Gobierno al detectar que carecía de licencia. Meses después y en medio de una batalla judicial, el recinto sigue en funcionamiento.

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En este caso, Pinto acusa al centro de operar sin cumplir lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio. En él se establece que , el uso principal que corresponde en el inmueble concreto que se emplea como centro de acogida es el de residencial unifamiliar, siendo compatible con el residencial especial en su categoría 1ª: pequeñas residencias, cuando el número de habitaciones para residentes sea inferior o igual a 10 unidades; y subtipos 2 y 3 en lo referido a centros de acogida o residenciales de atención social.

Así, en cualquiera de esos tres casos el recinto debería contar con autorización expresa para su puesta en marcha. La documentación aportada por la entidad a la Administración local, incide el Ayuntamiento, “no cumple con la normativa municipal”.