Vox colocó en la agenda pública el debate en torno a su concepto de prioridad nacional aprovechando los pactos autonómicos con el PP tras el último ciclo electoral. Pero es en la Comunidad Valenciana, donde el Gobierno de Juanfran Pérez Llorca ha presentado su proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2026, donde los de Abascal esperan ver materializada por primera vez su exigencia de priorizar a los españoles en el reparto de ayudas públicas.

Así de contundente se ha mostrado este lunes el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, tras la presentación de más de un centenar de enmiendas a las cuentas de la Generalitat. “Serán los primeros presupuestos de toda España en los que va a figurar la prioridad nacional”, ha sentenciado Llanos, tras asegurar a los medios que la mayoría de enmiendas incluidas las más “peliagudas”, según sus propias palabras se han pactado ya con el PP valenciano.

Una negociación a dos bandas que, sin embargo, niegan los populares, como hasta la fecha han negado que en las cuentas vaya a colarse la prioridad nacional tal y como la entiende Vox. El PP, de hecho, mantiene su apuesta por el denominado arraigo, esto es, la vinculación de las ayudas o el acceso a una vivienda pública en función de los años de empadronamiento en un municipio, por ejemplo.

“Si yo le digo que sí y ellos que no, ¿a quién cree?”, ha soltado el portavoz de Vox al ser preguntado por el rechazo del PP a que estas enmiendas se hayan pactado previamente. Según Llanos, la prioridad nacional “va a aparecer expresamente”. De lo contrario, ha deslizado, Llorca no tendrá a finales de julio las que serían sus primeras cuentas.

La exigencia de Vox es que su prioridad nacional condicione el acceso a los servicios sociales o el acceso a la vivienda, “incorporándola en la compraventa y el alquiler de vivienda pública”. Pero no es la única medida que el socio del PP quiere introducir en los presupuestos para “un cambio de rumbo” en las políticas de la Generalitat.

Como ya es habitual en Vox, la inmigración sigue en su punto de mira, para lo cual se plantea en otra enmienda la “transformación de la Oficina Valenciana de Inclusión en la Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno”. Es más, las partidas económicas destinadas a inclusión e integración se reorientan al fomento del “retorno voluntario”, a lo que se quiere destinar 1,5 millones de euros.

Mayor es incluso la partida que se contempla para el “retorno de menores ex tutelados”, a la que Vox reserva 2,35 millones de euros. Además, Vox quiere destinar 600.000 euros al “control de fronteras” y a la elaboración de “estudios para conocer el impacto de los cambios sociodemográficos en la delincuencia”.

Enmiendas de la izquierda
Por su parte, el PSPV-PSOE ha presentado más de 4.000 enmiendas parciales a los presupuestos para incorporar “de forma plurianual” los 3.669 millones de euros adicionales del nuevo modelo de financiación autonómica que promete el Ministerio de Hacienda. Las cuentas de la Generalitat son para ejecutar en este 2026 y, de aprobarse, la reforma de la financiación no entraría en vigor hasta 2027, por lo que la financiación adicional se contempla en las partidas plurianuales.

El portavoz socialista, José Muñoz, ha manifestado este lunes que las alegaciones socialistas asumirían “plenamente las reivindicaciones del personal docente y sanitario” y supondría “la estrategia más ambiciosa que se ha planteado nunca en la Comunidad Valenciana para incrementar el parque de vivienda pública y de alquiler asequible”.

Muñoz ha explicado que las enmiendas dan cobertura a la contratación de 10.000 docentes más en el sistema público valenciano desde el 1 de septiembre de 2026 hasta 2029, al tiempo que se plantea un plan urgente de reducción de listas de espera sanitarias con una partida de 39 millones y una dotación para 2027 de 340 millones.

Las propuestas del PSPV también permitirían, según Muñoz, “poner en marcha el plan de reducción del precio de la vivienda más ambicioso de la historia, con 52 millones en 2026 y 700 millones de la nueva financiación en 2027, así como garantizar el blindaje de la vivienda de protección pública, que mantendrá esta calificación a perpetuidad”.

En cuanto a Compromís, su portavoz en las Cortes, Joan Baldoví, ha anunciado el registro de más de un millar de enmiendas a los presupuestos de la Generalitat porque “no son los que necesitan los valencianos”, sino “los que necesita el presidente, Juanfran Pérez Llorca”. En este sentido, una de las enmiendas de Compromís deriva la partida económica destinada a la promoción y realización de festejos taurinos 970.000 euros a los afectados por la dana.

Por otra parte, Compromís también hace suyas todas las reivindicaciones de los docentes y plantea, por ejemplo, 400 millones en cuatro años para climatización de aulas. Otros 32 millones irían a la ampliación del parque público de vivienda.

Por su parte, la portavoz de Economía del PP, Mari Carmen Contelles, ha avanzado que también el partido ha presentado un centenar de enmiendas para “mejorar” las cuentas, con dos millones a escuelas de música y danza, 698.000 euros a vivienda para compensar a los arrendatarios o propietarios que están afectados por sus pensiones en procedimientos de desahucios o los 1,2 millones adicionales para instalar alertas en cauces y barrancos.