El Juzgado de El Hierro ordenó entre el viernes y el domingo de la pasada semana el internamiento de 82 de los 119 ocupantes del último cayuco llegado a La Restinga, todos senegaleses, en base a la petición de expulsión realizada por la Policía Nacional y tras la aceptación de sus nacionales por parte del Gobierno de Senegal. Este es el primer expediente masivo de expulsión de inmigrantes que se pone en marcha en Canarias desde que el 12 de junio entró en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Preguntado este lunes al respecto el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello respondió que nunca han hecho una buena valoración del Pacto Europeo. «No nos gustaba la melodía», dijo, «porque entendemos que abre la puerta a generar centros de retención en terceros países, que abre la puerta a aquellos países más pudientes puedan, previo pago, hacer que sean otros quienes soporten la presión migratoria», y «eso es una melodía que al Gobierno de Canarias no le suena bien». En ese Pacto, afirmó Cabello, «no hay solidaridad ni empatía» con la realidad «del drama migratorio, de la guerra y del hambre que hay en África».
Canarias defiende que para abordar el drama migratorio «hay que hacerlo en origen», pero mientras haya «una expectativa de vida huyendo hacia Europa, se va a seguir dando ese fenómeno» y, como recordó, Canarias es puerta sur de entrada a Europa. Por tanto, aseguró Cabello, ese Pacto Europeo de Migración y Asilo «debería abordar esa realidad», pero «lo que se está intentando es hacer una regla que esté a medida de aquellos países más pudientes para poder soportar la presión terceros países».

La Comunidad Autónoma, respetando la legalidad que rige desde el pasado 12 de junio, sí critica que no se le haya permitido «participar activamente de los reglamentos» a aplicar. Esto ha llevado a que «sigamos sin tener información concreta, sin saber en qué medida afecta a los protocolos que ya se estaban aplicando, más allá de las noticias» que saltan.