ace un año que Erick Gómez tuvo que huir por motivos políticos junto a su familia desde su Venezuela natal, donde se ganaba la vida como ingeniero civil, para trasladarse a Ordizia. Mientras trata de legalizar sus papeles en Gipuzkoa, ha trabajado cortando césped y maleza o repartiendo comida en bicicleta, empleos que «nunca» pensó que haría, «pero cualquier trabajo honrado es bueno para salir adelante». Aunque fuera sin contrato, porque carecía de sus papeles en regla. La situación de este venezolano de 33 años está cerca de verse solucionada gracias a la regularización extraordinaria de inmigrantes que el Gobierno central puso en marcha el 15 de abril, cuyo plazo de presentación de solicitudes expira este martes, con pocas certezas sobre las cifras del proceso.

La previsión inicial era que alrededor de medio millón de personas se beneficiara de esta medida, aunque este lunes se trasladó que se habían tramitado más de 1,2 millones de solicitudes. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y desde la Subdelegación del Gobierno en Euskadi aseguraron no disponer de los datos que conciernen al País Vasco. Pedro Sánchez comparecerá este martes sobre esta cuestión.

Las últimas cifras conocidas, a 15 de junio, era que se habían recibido 900.000 solicitudes de las que 360.000 habían sido admitidas a trámite. Es el caso de Erick, confía en que el proceso llegue a buen puerto, como ha sido en los casos de su hermana y su padre, que han recibido la aprobación a de su resolución. «Mi madre, mi hija y yo aún estamos pendientes», explica el venezolano, «esperanzado» de obtener un resultado también favorable a su expediente. Aunque el hecho de que su solicitud haya sido admitida a trámite ya es un triunfo, porque concede al solicitante una autorización provisional de un año para residir y trabajar legalmente en el Estado. «Ahora tengo tarjeta sanitaria y estoy reconocido en la Seguridad Social», apunta.

Este proceso extraordinario de regularización de inmigrantes ha supuesto una alternativa para que miles de personas como Erick y los suyos legalicen su situación. «Nosotros nos fuimos de Venezuela por motivos políticos – explica – . Mi padre tenía una empresa y el Gobierno nos perseguía por no ser afines, e incluso sufrimos agresiones, así que tuvimos que salir». En julio de 2025, este hombre partió con su hija, de 8 años, y su hermana, de 20, y en octubre llegaron sus padres, de 52 y 53. ¿Por qué Ordizia? «Tenemos un primo que nos había hablado bien de esta zona, con un clima parecido y oportunidades de trabajo. Además, nosotros también vivíamos en un pueblo, en el norte del país, y preferimos vivir en Goierri que en una ciudad».

De primeras, iniciaron los trámites para que se les concediera el asilo, pero han renunciado a esta vía al optar por la mayor celeridad que ofrece esta regularización extraordinaria. «Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Ordizia y también a Cáritas, que ya nos venía ayudando y en abril nos habló de este proceso y luego nos ha ayudado con el papeleo», valora Erick Gómez. Desde que se tramita la solicitud hasta que se emite una resolución, el proceso puede dilatarse unos tres meses. Aunque cada caso es un mundo y tampoco hay un orden cronológico. «Mi madre hizo la solicitud el 27 de abril, y dos días después lo hicieron mi padre y mi hermana, que sin embargo recibieron la resolución favorable antes que mi madre. Mi hija y yo lo pedimos el 20 de mayo y al mes nos respondieron que nos admitían a trámite».

Tras cruzar el Atlántico, la familia venezolana se vio inmersa en el limbo en el que miles y miles de inmigrantes se ven atrapados: regularizar su situación requiere unos plazos que en la práctica supone un tiempo en la ilegalidad. Según un informe de la Policía Nacional, más de un millón de personas estaría viviendo en situación irregular, uno de los motivos de esta regularización extraordinaria de inmigrantes. «Al final, te ves obligado a trabajar en lo que sea para salir adelante», confiesa Erick Gómez, que ha ido agarrando «trabajos de aquí y de allá», ya fuera en jardinería o como repartidor en bici ya que no tiene carné de moto. «Mi padre ha estado de peón, mi hermana y mi madre de camareras por horas… En ningún sitio hemos estado más de dos meses, porque la gente te da trabajo para ayudarte, pero al no tener los papeles en regla saben que se están arriesgando a una sanción y no quieren mantener la situación mucho tiempo».

Ahora, a través de Lanbide, está finalizando un curso de soldadura y desde el lunes comenzará unas prácticas en una empresa. Pese a su capacitación como ingeniero civil, no descarta una salida como soldador. «Los venezolanos nos caracterizamos por echar para adelante como sea, siempre de manera honrada, sin robar ni cometer locuras. Todos los trabajos son dignos, y no hay que sentir vergüenza». Al final del proceso de regularización, Erick se imagina «montando mi propio negocio y dando empleo a otras personas que, como yo, lo único que quieren es trabajar para vivir una vida digna aquí».

«El seísmo arruga el corazón»

Por fortuna, la inquietud de esta familia no se ha visto agravada por el terrible terremoto que ha azotado Venezuela. «En nuestro pueblo se sintió el temblor fuerte, pero al ser edificios bajos no cayeron. Vivimos a cuatro horas de Caracas y cinco y media de La Guaira, donde estaba el epicentro. Gracias a Dios no conocemos a ningún afectado, pero hemos vivido la catástrofe con pesar. Al final, hemos decidido no mirar tanto las noticias porque nos arruga el corazón».