El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) demandó ayer a Ruanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio y otras violaciones de derechos humanos en el este congoleño, tanto de forma directa como a través de grupos armados aliados.

Según un comunicado del Ministerio de Comunicación, Kinsasa acusó a Kigali de «violar» la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984).

«Durante más de tres décadas, las poblaciones civiles del este de la RDC han sido sometidas a masacres, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, violencia sexual, desplazamientos forzados y discriminación basada, entre otras cosas, en el origen étnico y el sexo», recoge el texto de la demanda.

Las autoridades congoleñas consideran que Ruanda llevó a cabo estas acciones a través de sus Fuerzas Armadas y varios grupos armados.

Kinsasa sostiene que la CIJ debe ordenar «el cese de los hechos internacionalmente ilícitos, prescribir garantías de no repetición y conceder una reparación íntegra a la RDC y a las víctimas». El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte y, semanas después, de Bukavu en Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.