Las sociedades más innovadoras y dinámicas son aquellas que han sabido acoger e integrar a los recién llegados, y por eso la regularización de inmigrantes sin papeles, que el Gobierno español puso en marcha en abril y cuya presentación de solicitudes concluye este martes, puede calificarse ya de éxito. A falta de datos definitivos, esta regularización —la séptima de los últimos 40 años, con gobiernos del PSOE y del PP— será la que favorecerá a más personas, y sus efectos se verán más allá, porque, si va acompañada de la imprescindible inversión en servicios públicos, representará un beneficio para todos. España es hoy más fuerte gracias a una medida que saca de la sombra y otorga por fin derechos y deberes a personas que viven, trabajan, educan a sus hijos y construyen su futuro en este país.

Las cifras muestran la verdadera dimensión de un problema que algunos querrían esquivar: el de los cientos de miles de extranjeros que ya contribuían a la economía y la vida en común, pero carecían del pleno reconocimiento legal y humano. Hasta mediados de mes se habían recibido unas 900.000 solicitudes, por encima del medio millón calculado inicialmente por el Gobierno, de las que se habían admitido a trámite casi 360.000. El número final de peticiones puede acercarse a 1,3 millones, más que la población de Bizkaia. Los seis procesos precedentes sumaron juntos 1,6 millones de demandas y se concedieron 1,2 millones.

Las administraciones y buena parte de la sociedad habían obviado durante años la situación de cientos de miles de personas que cimentaron el crecimiento económico sin los mismos derechos de los españoles con los que se cruzaban cada día. Estaban aquí pero sin existencia oficial. La cuestión no se limita a la aportación al PIB, al empleo o al crecimiento demográfico, sino que incide en la cohesión social y en la calidad de nuestra democracia. Solo con políticas dotadas de recursos suficientes se evitará cronificar el ciclo de creación de bolsas de sin papeles, la explotación de su trabajo sumergido y la búsqueda posterior de soluciones, en ocasiones improvisadas.

La inmigración es una realidad insoslayable. Sin los extranjeros que han llegado desde principios de siglo, la población de España no habría crecido hasta los 50 millones que alcanzará en los próximos meses. Pero ese crecimiento no ha ido acompañado del gasto adecuado en servicios e infraestructuras, un déficit que los ha llevado a una tensión que causa inquietudes en parte de la ciudadanía, pero que sería inadmisible y falso atribuir a los inmigrantes, como hace la extrema derecha, para convertirlos en chivo expiatorio. Es un error económico y demográfico, pero, sobre todo, es una falta moral, porque, como señaló León XIV en su encuentro con migrantes en Canarias, “el extranjero de ayer puede ser el hermano y vecino de hoy”.

También es una falta moral, además de política, que partidos que se reclaman de una tradición humanista y cristiana avalen sin complejos la retórica y las prácticas discriminatorias de la “prioridad nacional”. Es lo que hace el PP con sus acuerdos con Vox, sin tener en cuenta que, en la España que pretenden gobernar, viven más de 10 millones de personas que han nacido en otro país. Y son perturbadoras las señales que llegan de Europa con iniciativas como la creación de centros de expulsión en terceros países. La regularización española muestra, con todas sus dificultades, que otra política es posible: abierta al mundo, con sentido económico, y a la altura de los valores europeos y universales.