«Para mí lograr la regularización ha supuesto una gran tranquilidad y una estabilidad impresionante». Faysury, colombiana, vive en Fuerteventura desde el 5 de octubre de 2021 y acaba de obtener una autorización que, en su caso, no es solo un papel administrativo. Es la posibilidad de trabajar, de hacer trámites, de plantearse darse de alta como autónoma y de salir de esa zona intermedia en la que miles de personas migrantes viven, trabajan, esperan o sobreviven en España sin todos los derechos reconocidos.

Su caso es uno de los miles que se integran en el proceso de regularización extraordinaria abierto en España y que se cierra mañana, 30 de junio, una medida que ha desbordado las previsiones iniciales y que a mediados de mes superaba ya las 900.000 inscripciones en todo el país.
Detrás de esa cifra hay expedientes, requisitos, entidades colaboradoras y oficinas de extranjería, pero también historias como la de Faysury, que resume el impacto del trámite con una palabra que aparece en los boletines oficiales: «tranquilidad».

La regularización va dirigida a dos perfiles. Por un lado, a las personas que solicitaron protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026. Por otro, a quienes se encuentran en situación administrativa irregular y llegaron al país antes de esa misma fecha. La normativa exige, además, acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

En el caso de Faysury, en el proceso ha estado acompañada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, entidad que hasta hace una semana había gestionado la regularización de algo más de 1.500 personas. Ella insiste en que su expediente fue sencillo porque no estuvo sola. «Mi proceso ha sido muy fácil, o yo lo he visto así, porque he contado con la mejor colaboración, el mejor asesoramiento, el mejor acompañamiento», explica. En su relato aparecen una abogada de la ONG, Leonor Pulido, y una organización que, dice, le permitió atravesar un trámite decisivo sin perderse en la burocracia. «Gracias a CEAR y a la abogada Leonor, esto ha sido una bendición», afirma.

Por la vía del arraigo hasta el pasado 15 de junio se habían presentado 150.500 peticiones en todo el país. De ellas, 135.000 ya habían sido tramitadas y el 91% habían sido aprobadas. En Canarias, los expedientes de arraigo tramitados ascienden a casi 7.000, con una tasa de aprobación del 93%, según los datos aportados por la Delegación del Gobierno en las islas. Del total 6.307 en Las Palmas y el resto en Santa Cruz de Tenerife.

Además, se aprecia el peso de determinadas comunidades migrantes en este procedimiento. Las personas de nacionalidad colombiana, como Faysury, encabezan las solicitudes, con el 46% de las peticiones. Les siguen Marruecos, con el 15%; Cuba, con el 4,8%; Honduras, con el 4,15%; Argentina, con el 4,02%; Perú, con el 3,47%; y Paraguay, con el 3,42%.

En las cifras que maneja CEAR las personas de origen colombiano van casi a la par con las de Venezuela. Pero la ONG solo es una de las 23 entidades colaboradoras habilitadas para intervenir en el proceso, además de otros recursos donde obtener certificados de vulnerabilidad o acompañamiento social. Algunas organizaciones, como Cáritas, no realizan directamente los trámites, pero sí orientan y acompañan a las personas solicitantes.

La red incluye asociaciones de apoyo a personas migrantes, entidades sociales, organizaciones religiosas, fundaciones de inserción sociolaboral y colectivos especializados en mediación intercultural. Esto no empezó hace quince días, explica una trabajadora de CEAR, es fruto de mucho esfuerzo. «Se consiguieron 700.000 firmas» para reivindicar la regularización, recuerda. «Ha sido insistir e insistir. Muchísimos fines de semana desde febrero de 2022 pasando horas en Triana, en Las Canteras,… Informando, resolviendo dudas… Al final está llegando el momento en el que estas personas ven que es posible una mejor vida» y salir, en muchos casos de situaciones laborales abusivas.

Y es que la regularización no significa solo pasar de una casilla administrativa a otra. En muchos casos supone poder firmar un contrato, alquilar con menos obstáculos, acceder a derechos, abrir una cuenta, moverse sin miedo o planificar una vida. Faysury lo explica desde su propia experiencia. Tiene una discapacidad que, según relata, aún no le ha sido reconocida en España, y eso le ha dificultado el acceso al empleo. «La gente, a pesar de que tengo mi tarjeta roja, no te da empleo tan fácil», cuenta. Por eso mira ahora hacia el trabajo por cuenta propia. «La idea es volverme autónoma. Estoy mirando ciertos proyectos, a ver si por ahí me suena la flauta», dice. «Me siento privilegiada porque me salió súper bien», afirma esta mujer colombiana.

Mano de obra
Según el Observatorio Regional de BBVA Research de junio de 2026, la inmigración contribuirá de forma relevante al crecimiento del empleo en todas las comunidades autónomas, pero especialmente en Madrid, en las regiones del Mediterráneo y en Canarias. En el caso del archipiélago, esa aportación resulta clave porque el avance económico previsto descansa en actividades intensivas en mano de obra, como los servicios, el turismo y la construcción, y porque el aumento de la población activa local no basta por sí solo para sostener la demanda laboral.