Europa lleva décadas contándose a sí misma que el miedo al inmigrante es una cuestión de colores de piel, religiones, culturas o continentes distintos. Pero basta mirar hoy a Sudáfrica, donde una nueva ola de violencia xenófoba está demostrando que el mecanismo del rechazo al otro no siempre va de fenotipos. En un país donde la mayoría negra sufrió durante décadas la opresión del apartheid impuesto por la minoría blanca, turbas de sudafricanos negros con ideas xenófobas acusan a migrantes y solicitantes de asilo, también africanos y de piel negra, de robarles el trabajo, saturar los hospitales, acaparar ayudas públicas y traer consigo la delincuencia.

La violencia ha dejado cientos de viviendas incendiadas, miles de personas acampadas en plena calle y varios muertos. El caso más reciente fue el viernes pasado, cuando un malauí de 29 años fue apedreado hasta morir en Pietermaritzburg en el marco de una protesta antimigración. La xenofobia también ha impulsado repatriaciones masivas y ha obligado al presidente Cyril Ramaphosa a intervenir mientras se acerca el 30 de junio, una fecha límite fijada por estos grupos para que los extranjeros sin papeles abandonen el país y el Gobierno tome medidas bajo la amenaza de un paro nacional.

Sudáfrica no es nueva en lidiar con el rechazo a los extranjeros. El país, una de las mayores economías de África, es un imán para quienes buscan escapar de la pobreza de países como Zimbabue, Mozambique o Malaui, o de las guerras, como la de República Democrática del Congo. Cientos de miles de inmigrantes han encontrado empleo en las minas de diamantes y otros metales preciosos de este país desde que Nelson Mandela acabó con el apartheid a principios de los noventa del siglo pasado y reivindicó una Sudáfrica abierta.

Cientos de migrantes malauíes, el pasado jueves en un asentamiento informal en Durban.
Themba Hadebe (AP Photo/Themba Hadebe)
La idea, sin embargo, no fue bien acogida por toda la sociedad, que ya lidiaba con sus propios problemas derivados de la discriminación racial que había imperado durante décadas, y ese aperturismo acabó dando pie a una violenta historia de estallidos xenófobos. Al menos 62 personas murieron y 150.000 fueron desplazadas forzosamente en 2008 en uno de los episodios más graves, y hubo otros picos de violencia en 2015, 2019 y 2021, este con más de 300 muertos.

La última ola de violencia contra los migrantes comenzó a mediados de marzo y se recrudeció a finales de mayo. Fue Ghana quien dio la voz de alarma al notificar que 300 de sus nacionales habían solicitado regresar a Accra. En los días posteriores, otros cientos de personas de Nigeria, Mozambique y Malaui también expresaron su deseo de volver después de sufrir repetidas amenazas y agresiones por parte de grupos de ciudadanos que exigen expulsiones masivas de extranjeros. Sin embargo, las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes responden que este colectivo se ha convertido en el chivo expiatorio de un país donde la tasa de desempleo supera el 30% y golpea, sobre todo, a la población negra sudafricana.

En Kleinmond, a unos 300 kilómetros de Mossel Bay, familias enteras se han refugiado en ellas para evadir a patrullas ciudadanas que recorren las calles exigiendo documentación a quienes consideran extranjeros, tal y como contaba a la agencia Reuters un mozambiqueño de 49 años llamado Lado Amido, que llegó al país el pasado febrero en busca de empleo. “Vinieron a mi casa y se llevaron todas mis pertenencias”, aseguró este hombre. En Boksburg, a las afueras de Pretoria, los manifestantes vandalizaron este martes de nuevo los comercios regentados por extranjeros.

Entre quienes quieren marcharse se encuentran ejemplos de que la xenofobia no solo golpea a los recién llegados, sino a personas que llevan décadas allí, que hablan los idiomas locales y que han construido sus vidas en este país. Una de ellas es Leanne Sefu, congoleña que llegó a Sudáfrica de niña y trabajaba en un salón de belleza en Durban que un grupo de manifestantes destrozó. “Desde la peluquería siempre veía las protestas, pero la situación empeoró cuando empezaron a agredirnos”, explicaba esta mujer a la cadena de televisión News Central.

Cientos de personas en una protesta antimigración el pasado miércoles en Johannesburgo.
Siyabonga Sishi (REUTERS)
Días después, decenas de chabolas de un asentamiento informal de Mossel Bay habitado por migrantes fueron incendiadas por una turba de ciudadanos enfurecidos y al menos cinco mozambiqueños murieron, según denunció el Gobierno de Maputo. Otros dos fallecieron posteriormente en un accidente de tráfico cuando huían del país.

Desde entonces se ha desatado una suerte de caza al migrante que ha llevado a miles de personas a dejar sus hogares por temor a las represalias. Durban se ha convertido en el epicentro de la tensión. Desde aquí, hasta este miércoles habían partido de vuelta a su país 8.000 ciudadanos de Malaui, y el miércoles pasado la violencia estalló cuando la policía disparó balas de goma y granadas aturdidoras contra varios grupos de migrantes acampados a la intemperie que la habían emprendido contra los agentes, lanzando piedras y palos, debido a la frustración por la demora de la tramitación de sus solicitudes de retorno, aunque las autoridades lo niegan.

Los extranjeros que aún no han conseguido la repatriación están refugiados en dos centros de estancia temporal en Durban y uno en Pietermaritzburg, todos habilitados por el Gobierno, que acogen a unas 20.000 personas, explica por teléfono Siyabonga Hlatshwayo, portavoz en Durban de Cruz Roja en Sudáfrica. “Estamos repartiendo comida, mantas, colchones, ropa, alimentos para bebés, apoyo psicosocial, conexión wifi gratuita y cargadores para teléfonos”, describe.

Dos mujeres miran desde el interior de su comercio, con los cristales rotos tras un ataque xenófobo el pasado jueves en Durban.
Rogan Ward (REUTERS)
Entre los acampados hay numerosas mujeres y niños que están durmiendo al raso, cubiertos con mantas y rodeados de bolsas y maletas. También embarazadas y parturientas: de acuerdo a los medios de comunicación sudafricanos, al menos 17 bebés han nacido en estos asentamientos improvisados durante las últimas semanas, extremo que confirma el portavoz de Cruz Roja.

Muchos de estos migrantes cuentan que no se quieren ir porque hayan sido agredidos, sino por miedo al ultimátum del 30 de junio, explica Hlatshwayo. En su opinión, la situación está empeorando porque cada vez llega más gente a los centros de evacuación. “Muchas personas están dejando sus casas y pidiendo ser repatriadas”.

El movimiento March & March
Las acusaciones que se escuchan estos días en Sudáfrica son idénticas a las que esgrimen movimientos antiinmigración en Europa y Estados Unidos: que los extranjeros quitan empleo, colapsan los servicios públicos y disparan la delincuencia.

Detrás de ese discurso y de las movilizaciones ciudadanas hay una entidad que se presenta como defensora de los sudafricanos frente a la inmigración irregular. Se llaman March & March y en redes sociales han encontrado un altavoz que están explotando figuras con mucho tirón mediático como el actor Nkosikhona Ndabandaba, el locutor de radio Ngizwe Mchunu y la activista antiinmigración Jacinta Ngobese-Zuma.

Mujeres y niños migrantes en la calle tras haber huido de sus hogares por la violencia xenófoba, el pasado 8 de mayo en Durban.
Rogan Ward (REUTERS)
“Los sudafricanos han expresado que no están cómodos viviendo con gente de la que no sabemos si está legalmente en el país. Añoramos los días en los que podías andar por las calles sin tener 50.000 personas vendiendo cosas, pero nadie en el Gobierno ve el problema”, ha criticado este miércoles Ngobese-Zuma en una rueda de prensa televisada.

El resultado de esta campaña es que ciudadanos corrientes de todo el país se sienten ahora legitimados para salir a la calle y actuar por su cuenta: exigen a supuestos inmigrantes que se identifiquen, les expulsan de sus casas o les golpean si no pueden demostrar en el momento que tienen los papeles en regla. No obstante, esto tampoco parece suficiente, a juzgar por numerosas denuncias de personas que sí se encuentran en situación regular y que afirman haber sido agredidas o intimidadas.

Problema diplomático
Ghana, Mozambique, Nigeria y Malawi han puesto en marcha programas de repatriación para sus ciudadanos. Además de los 8.000 malauíes que ya han regresado a su país, más de 1.000 nigerianos han solicitado ayuda para volver, mientras que Ghana ya ha recibido a 300 nacionales y Mozambique también ha recibido a centenares provenientes de las zonas más afectadas por la violencia. Las autoridades etíopes también están estudiando cómo asistir a sus súbditos. El Ministerio del Interior alega que no se han quedado de brazos cruzados porque en los últimos dos años han deportado a más de 100.000 personas que se encontraban de forma irregular en el país y que otras 500.000 que intentaban acceder sin documentos fueron interceptadas en las fronteras.

La escalada de violencia es tal que ha trascendido las fronteras y, como una bola de nieve, está creciendo hasta amenazar con convertirse en un problema diplomático para Pretoria. Varias cancillerías africanas han expresado su preocupación, ante lo cual Sudáfrica ha anunciado el envío de emisarios diplomáticos para explicar las medidas adoptadas. Ghana ha solicitado que la situación se debata en la Unión Africana.

La situación se ha ido tanto de las manos que ha obligado a intervenir a Ramaphosa. En un discurso a la nación el 7 de junio, condenó el vigilantismo y la xenofobia. “Nadie tiene derecho a tomar la ley por su mano”, advirtió. El presidente defendió que los problemas económicos del país no pueden resolverse atacando a extranjeros, pero dijo comprender la preocupación ciudadana y prometió reforzar el control de la inmigración irregular y endurecer las políticas migratorias. Días después, el mandatario volvió a intervenir para insistir en que la violencia desplegada está dañando la imagen de Sudáfrica y perjudica sus relaciones con el continente.

Mientras tanto, el calendario avanza hacia el 30 de junio, la fecha que los grupos xenófobos han convertido en ultimátum, aunque no han explicado qué ocurrirá después, y miles de personas no saben si podrán seguir viviendo en el país que durante años llamaron hogar o tendrán que marcharse con lo puesto. “La verdad es que estamos confusos”, reconoce el portavoz de Cruz Roja. “No tenemos ninguna información segura sobre lo que vaya a ocurrir ese día”.