Después de que Sumar le apretara las tuercas al PSOE tras el golpe a la credibilidad del Gobierno que supuso la condena de José Luis Ábalos por la sentencia del caso mascarillas, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, le lanzó un guiño a su principal socio de Gobierno y se mostró «totalmente favorable» de que se conceda la nacionalidad española a los saharauis que nacieron bajo administración española. Así se pronunció en la sesión de control este miércoles al ser interpelado por el diputado de ERC Francesc Marc Álvaro. Eso sí, no tardó en equilibrar la balanza y sostener que, de la misma forma que no se pueden permitir cincuenta años más de conflicto, «se tiene que tener la mejor relación con Marruecos».

La portavoz de Sumar, Verónica Martínez, fue tajante desde la tribuna. «Señorías socialistas, hay que desbloquear de una vez la Ley de Nacionalidad Saharaui. No podemos seguir más tiempo con ese bloqueo por no incomodar a Marruecos», reprendió la diputada de la coalición de izquierdas. El tema volvió a salir a la palestra avanzado el Pleno, esta vez por decisión de ERC, cuyo diputado reprochó al ministro que la norma se mantuviese bloqueada a pesar de que «hay muchos grupos dispuestos a tirar adelante». «No lo comprendemos, a menos que, a pesar de ser el Gobierno más progresista de la historia, se hayan rendido al mandato de Trump y al monarca de Marruecos», prosiguió Álvaro.

«Soy totalmente favorable a esa ley, a que se conceda la nacionalidad española a los saharauis que nacieron bajo administración española, no hay ningún bloqueo», respondió Albares, al tiempo que presumió de, desde que asumió la cartera de Exteriores, se ha multiplicado por dos la ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia). Lo cierto es que esta cuestión viene siendo uno de los principales foco de conflicto en el seno del Gobierno de coalición, dado que Sumar nunca aceptó el giro de Pedro Sánchez a la hora de apoyar el plan de soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. En la actualidad, la norma se encuentra en la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.