De la Europa de la acogida en la crisis de refugiados de 2015 a la que endurece la llegada de migrantes y crea centros de deportación en terceros países. En solo diez años, la Unión Europea (UE) ha dado un giro de 180 grados a su política migratoria, con medidas que dificultan las llegadas al continente y reuniones y acuerdos con regímenes que no se alinean precisamente con los valores comunitarios.

El último encuentro de este tipo fue el que mantuvieron esta misma semana en Bruselas representantes de la Comisión Europea y de quince Estados miembros con una delegación de los talibanes. Se trata del segundo contacto entre el Ejecutivo comunitario y el Gobierno de Afganistán, que no ha sido reconocido por los Veintisiete y que ha recibido críticas por la comunidad internacional y ONG por violar sistemáticamente los derechos humanos, especialmente de las mujeres.
Ambas delegaciones se reunieron en enero en Kabul y, ahora, la Comisión se ha visto presionada por una carta firmada por veinte países europeos, que emplazaban a la institución comunitaria a organizar la cita del pasado martes para discutir cómo acelerar la vuelta a Afganistán de nacionales que hayan cometido crímenes graves o supongan una seria amenaza para la seguridad en el Viejo Continente.
Preguntado sobre estos contactos, el comisario de Migración, Magnus Brunner, aseguró este miércoles que estas discusiones buscan soluciones «operativas» para retornar afganos que hayan delinquido en la UE o supongan una amenaza; al tiempo que negó que vaya a haber «concesiones». «El Gobierno de Afganistán tiene la obligación internacional de aceptar de vuelta a sus nacionales», subrayó. Su respuesta no fue suficiente y el Parlamento Europeo anunció que pedirá explicaciones por la reunión con los talibanes.

Contactos «técnicos»
La Comisión intentó rebajar la importancia del encuentro y aseguró que se trataban de discusiones «técnicas» para coordinar el retorno de estas personas a su país de origen, algo que deben llevar a cabo los Estados miembros. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kabul, por su parte, fue más allá y afirmó que las conversaciones sirvieron para tratar «la posible reanudación de los servicios consulares para los afganos en la UE, la presencia consular y la necesidad de medidas para fomentar la confianza».

Esta no es la única reunión de este tipo que protagoniza la UE en su pugna por acelerar la vuelta de migrantes a sus países de origen. El canciller alemán, Friedrich Merz, acordó en marzo con el presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, el retorno de hasta el 80% de los refugiados de ese país (cerca de 800.000 personas) en los próximos tres años. El dirigente germano, que recibió al líder sirio en Berlín, se comprometió a cambio a inyectar al menos 200 millones de euros en 2025 para la reconstrucción de una nación devastada por más de una década de guerra civil.
Tras la caída del régimen de Bashar al-Asad, Bruselas considera al nuevo Ejecutivo sirio como «un interlocutor legítimo», pero mantiene ciertas reservas: le pide respeto a los derechos humanos y una transición inclusiva y representativa. Y es que las ONG han denunciado la violencia que utilizan las nuevas autoridades, con asesinatos y ejecuciones extrajudiciales documentadas. Critican, igualmente, que las instituciones no garantizan la representación y los derechos de todas las comunidades del país.

La UE reconoce la dificultad de gestionar la migración irregular sin la cooperación de los países de origen y tránsito. Por ello ha firmado acuerdos con varios Estados a pesar de que incumplan los estándares europeos en materia de derechos fundamentales. Uno de los más importantes es el pacto con Turquía, sellado en 2016, con el que Ankara aceptaba readmitir a personas llegadas a Grecia a cambio de miles de millones de euros para atender a refugiados.

El bloque también mantiene una cooperación con Libia, que se encarga de interceptar embarcaciones en el Mediterráneo antes de que lleguen a territorio europeo, mientras el bloque financia y entrena a su guardia costera. Las organizaciones humanitarias advierten de que las personas devueltas al país sufren torturas, extorsiones y, en algunos casos, un trato similar a la esclavitud.
La creación de centros de detención en territorio no comunitario es otra de las medidas controvertidas

Algo parecido ocurre con Túnez, al que la UE ha prometido ayuda financiera a cambio de que reduzca las salidas de barcas de migrantes con dirección a Italia. El país africano ha tomado una deriva autoritaria desde 2022, cuando consolidó un sistema donde el presidente tiene el control directo del poder ejecutivo. Su régimen también ha sido acusado de malos tratos y de expulsiones al desierto.

Mauritania es otro de los países que cooperan con el Viejo Continente, sobre todo a raíz del aumento de llegadas a las Islas Canarias por la ruta atlántica. Al igual que en los demás casos, a cambio de financiación europea (210 millones de euros dirigidos al desarrollo), las autoridades mauritanas han reforzado los controles fronterizos y la vigilancia marítima para combatir las redes de tráfico de personas. Sin embargo, ONG avisan de la falta de garantías para solicitar asilo y las malas condiciones de arresto que sufren los migrantes.

Con la futura creación de centros de detención en terceros países, la abogada general del TJUE, Laila Medina, aseguró que los Estados miembros deben velar porque estas instalaciones cumplan unas garantías mínimas.