Una delegación de los talibanes viajó ayer a Bruselas para mantener una reunión con funcionarios de la Unión Europea. En el primer punto del orden del día, el tema de la migración y la repatriación de afganos. La cita ha generado cierta polémica por causas bastante evidentes, al tratarse de un régimen que vulnera de raíz los derechos humanos de, como mínimo, la mitad de su población, las mujeres. Esta visita pone encima de la mesa dos grandes contradicciones de la Unión Europea.

Por un lado, hay quien defiende que, por muy horrorosos que sean, los talibanes están al mando de un Estado con el que se debe dialogar en el marco de las relaciones internacionales entre estados. Es una posición legítima que, sin embargo, choca con la que muchos de los países que defienden hablar con los talibanes tienen, por ejemplo, en cuanto al establecimiento de comunicaciones con Rusia. El último Consejo Europeo celebrado el pasado fin de semana estuvo protagonizado por el enfado que algunos jefes de Gobierno de la UE manifestaron ante el paso que el presidente del Consejo, el portugués António Costa, dio para establecer un canal de interlocución con Moscú. No se negoció nada, simplemente se abrió el hilo diplomático. Pero eso fue suficiente para que algunas capitales comunitarias pusiesen el grito en el cielo. Lo que no vale es defender el diálogo con los talibanes para que se hagan cargo de los migrantes que Europa quiere expulsar y negarlo con Rusia. Las dobles varas de medir acaban castigando la credibilidad de un actor político.

La segunda contradicción tiene que ver con el endurecimiento de la política migratoria de la UE, plasmada recientemente en la entrada en vigor del Pacto sobre Migración y Asilo. Además de poner amenazar los derechos humanos de miles de refugiados y migrantes con procedimientos acelerados sin garantías y privación de libertad de hasta dos años en terceros países, la inútil y dañina apuesta por convertir Europa en una fortaleza contra migrantes condiciona también, para mal, la política exterior de la UE, ya que le obliga a validar y legitimar a regímenes criminales.