Gipuzkoa es el cuarto territorio con mayor tasa de delitos e incidentes de odio de todo el Estado, solo por detrás de Segovia, Melilla y Navarra. El territorio alcanza los 11,5 casos por cada 100.000 habitantes, lo que más que dobla la media estatal (4,9) y presenta asimismo el índice más elevado de los tres territorios vascos. El racismo y la xenofobia concentran la mayoría de delitos de odio registrados. El último informe del Ministerio de Interior, correspondiente a 2025, sitúa a Euskadi entre las comunidades con mayor incidencia relativa de delitos de odio –Andalucía se encuentra a la cola– mientras que Gipuzkoa destaca especialmente al ocupar el cuarto puesto en tasa por habitante. Los datos estadísticos computados a lo largo del año pasado muestran que el total de delitos e incidentes de odio registrados por la Policía asciende a 85 (194 en Euskadi) y se produjeron un total de 120 detenciones o investigaciones (285 en Euskadi).

El ámbito que mayor número de delitos registró fue el de racismo/xenofobia, con 57 hechos conocidos constitutivos de delitos de odio, seguido de los ámbitos de orientación sexual e identidad de género con 11 hechos conocidos. Los delitos cometidos por cuestión de ideología sumaron 7 casos. El resto corresponden a delitos por disfobia (rechazo a personas con discapacidad), con 4 casos; otros 4 delitos por creencias o prácticas religiosas y 2 hechos por discriminación por sexo o género.

En cuanto al número de detenciones o investigaciones practicadas, se registraron 120 en Gipuzkoa. Los datos recogidos en el Sistema Estadístico de Criminalidad muestran que, en general, las lesiones, amenazas, incitación pública al odio y el trato degradante, por este orden, determinan las principales causas de las detenciones e investigados, siendo la mayoría de los detenidos/investigados de nacionalidad española (75,15%). Entre los de nacionalidad extranjera (24,85%), son personas procedentes de Marruecos, Colombia y Rumanía las que concentran un mayor volumen de casos. El informe destaca el incremento de la actividad policial frente a los delitos de odio, cuya tasa de esclarecimiento se situó en el 67% en Gipuzkoa.

A nivel estatal, se contabilizaron un total de 2.417 hechos, un 23,63% más que el año anterior y «los datos muestran la importancia de prestar atención a los grupos de edad más representados», tanto entre víctimas como entre autores, donde destaca de forma significativa el tramo de edad comprendido entre los 26 y los 40 años, «lo que evidencia que la criminalidad de odio afecta con especial intensidad a población adulta joven».

Asimismo, el estudio pone el foco en la presencia y el aumento de menores de edad tanto entre las víctimas como entre los autores, «lo que confirma la necesidad de mantener una vigilancia específica sobre la infancia y la adolescencia como colectivos especialmente expuestos a dinámicas de odio, acoso y exclusión».

En este contexto, Euskadi contará con una ley propia de igualdad de trato y no discriminación, cuyas bases prepara el Gobierno Vasco para su aprobación «previsiblemente» en 2027. El objetivo de esta nueva norma es garantizar «de manera efectiva» el derecho que todas las personas y colectivos tienen a la igualdad de trato y a la no discriminación, y «proteger y acompañar de manera integral, especialmente a los colectivos discriminados», tal y como afirma el director de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional del Gobierno Vasco, Txema Ezkerra.

A pesar de no existir una situación «de alarma» en Euskadi, la discriminación «es una realidad» a día de hoy. Esta ley viene respaldada por los datos que arrojan los estudios que realiza el Ejecutivo vasco cada año en la ‘Encuesta de Percepciones y Actitudes en torno a la Discriminación en Euskadi (Epade)’ junto con Ikuspegi. Las cifras indican que el 77,8% de la población vasca quiere vivir en una sociedad que sea diversa en orígenes, cultura, creencias o identidad sexual, y el 85,6% afirma que no ha experimentado una situación de discriminación en los últimos 12 meses, un dato «positivo» que sin embargo cabe interpretar de manera cauta, ya que «también quiere decir que el 14,1% de la población encuestada sigue afirmado lo contrario, por lo que tenemos todavía situaciones de discriminación por diferentes tipos. Estas pueden ser por origen racial, por orientación sexual, por tener una discapacidad, por edad… por múltiples situaciones de personas que sufren discriminación», señala Ezkerra.

El informe vasco busca evaluar las actitudes de la sociedad hacia la diversidad y la discriminación en Euskadi para así poder cuantificar la extensión de ciertos fenómenos y comparar resultados entre distintos grupos sociales o períodos de tiempo, «algo esencial para el monitoreo de la evolución de dichas actitudes en la sociedad y para el diseño de políticas públicas basadas en la evidencia».

De esta encuesta también se extrae que las situaciones de discriminación se producen en la mayoría de los casos hacia personas migradas o de origen extranjero (11,3%), por su orientación sexual o por pertenecer al pueblo gitano, sobre todo en el acceso a la vivienda y el ámbito laboral. Ocho de cada diez vascos considera que ser inmigrante o extranjero es el mayor factor condicionante para la contratación (49%), por delante de ser gitano (25,2%) o el color de piel (20,2%). En menor medida señalan el ser mujer (14,5%), ser una persona mayor (13,1%) o el origen étnico como factores perjudiciales.

Las administraciones públicas no son ajenas a los riesgos que existen en el ámbito discriminatorio ni al avance de estos. En este sentido, el objetivo principal de esta nueva ley es «hacer efectivo» el derecho a la igualdad y a la no discriminación, «estableciendo una prohibición concreta de las discriminaciones, promoviendo acciones positivas, y también ofreciendo a las personas acompañamiento y defensa de sus intereses, y reparación en el caso de que haya habido discriminación. Es lo que queremos resolver o garantizar».

En estos momentos ha finalizado la fase de consulta previa para que la ciudadanía pueda realizar sus correspondientes aportaciones, si bien desde el año 2024 el Gobierno Vasco trabaja en su elaboración junto con expertos y diferentes agentes sociales.

Según concreta Ezkerra, «queremos prever un acompañamiento, asistencia y orientación a las víctimas de discriminación, que puede ser información, orientación, apoyo psicológico, defensa o representación judicial en el caso de que así se requiera».

Asimismo, otra de las bases sobre las que se asienta esta normativa es la apuesta por la mediación y la justicia restaurativa como medida alternativa a un juzgado para reparar la situación, «y en aquellos casos en que sea necesario, poder ofrecer a la víctima que pueda solicitar un procedimiento de sanción administrativa al victimario».

La ley también prevé estudiar e investigar las causas de discriminación y las medidas para poder evitarla, así como establecer planes de igualdad de trato y de discriminación a nivel de Euskadi, «para poder abordar este trabajo interinstitucionalmente y junto con los agentes sociales», apunta Ezkerra, que destaca que esta ley «va a suponer para Euskadi tener un marco claro a nivel jurídico que permita hacer efectivo este derecho a la igualdad y a la no discriminación y establecer de manera clara quiénes son los colectivos y las situaciones que se quieren proteger. Asimismo va a ofrecer recursos y servicios para hacer efectiva esa protección y va a determinar cuál es la consecuencia de las acciones discriminatorias». Igualmente pretende fortalecer Euskadi como espacio que fomenta la diversidad social.

Actualmente, existe una ley marco a nivel estatal (Ley 15/2022) que regula esta cuestión, si bien «no existe un marco propio vasco ajustado a nuestras características». No obstante, Euskadi cuenta con diferentes recursos «como la red Eraberean –formada por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico y por diversas organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la inmigración, del pueblo gitano y de los colectivos LGTBI– así como el trabajo que realiza la Ertzaintza y otros agentes sociales. Pero esto nos va a ofrecer un marco de mayor integralidad y también, especialmente a las víctimas, a tener derecho a servicios concretos de orientación y de apoyo en las demandas que planteen o que ayuden a afrontar y a reparar las situaciones que han vivido», añade.