Hay días en que la actualidad le hace el trabajo sucio a uno, y Manuel Domínguez lo sabía cuando se sentó este martes en el pleno del Parlamento de Canarias. Una jornada antes, el Supremo había mandado a José Luis Ábalos a 24 años de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en la trama de las mascarillas. Así que difícil imaginar mejor pértiga para que el vicepresidente canario del Partido Popular (PP) saltara, de un brinco, por encima de cualquier miembro de la oposición en el hemiciclo canario.

La diana fue Nira Fierro, presidenta del Grupo Socialista, a la que reprochó haber defendido a Ábalos “a capa y espada”. Pero el dardo iba más lejos, a todo el hemiciclo. “Yo pensé, porque en esa bancada hay gente seria y responsable, que hoy alguno diría me voy para mi casa hasta que la basura que está instaurada en mi partido se acabe”, lanzó el también consejero de Economía. Domínguez esperaba una desbandada, casi un goteo de carnés sobre la mesa. No la hubo. Nadie recogió el abrigo y se marchó. Las cosas, ya se sabe, rara vez salen como uno las imagina. Y menos en política y cuando se trata de dimisiones.

El cálculo, eso sí, tiene su miga. Con el socialismo de Pedro Sánchez encajando el primer gran golpe judicial en su entorno más cercano, a Coalición Canaria y al PP les cae del una bendición para seguir haciendo leña del árbol caído.

Madrid, siempre Madrid
Resuelto el primer asalto, el vicepresidente se fue al rincón que más le gusta últimamente, el de dar lecciones de cumplimiento de la ley. Presumió de que el Ejecutivo de Fernando Clavijo acata lo que dicen los jueces, no como el Gobierno central, que según él ignoró al Supremo con los menores migrantes solicitantes de asilo atrapados en las islas.

Aquí, hay que reconocérselo, no iba de farol. El Alto Tribunal tuvo que repetir la orden hasta en tres ocasiones desde marzo, y acabó perdiendo la paciencia. Llegó a hablar de “claro incumplimiento” y a amenazar con sanciones después de meses de largas. Exigió garantizar la acogida de esos niños y adolescentes “sin posibilidad de excusa o reparo alguno”, un latigazo poco habitual en la prosa, siempre comedida, de los magistrados. La competencia sobre el asilo es estatal, da igual la edad de quien lo pida, recordó el propio tribunal. El Gobierno acabó cumpliendo, sí, pero a remolque del miedo a la multa. Que es una forma como otra cualquiera de no creérselo.

En el frente doméstico, Domínguez sacó pecho con la escuela pública. Que nunca se había invertido tanto, que hay más recursos para el alumnado con necesidades específicas, que la educación gratuita de cero a tres años por fin echa a andar. Todo ello, faltaría más, cargado a la cuenta del Pacto de las Flores, ese cuatripartito de izquierdas que gobernó antes y que, en el relato del PP, dejó el armario vacío