Gipuzkoa es el territorio con la mayor tasa de delitos e incidentes de odio de todo el Estado, en base al último informe del Ministerio del Interior correspondiente a 2025. En concreto, registra 11,5 casos por cada 100.000 habitantes –dobla la media estatal– relacionados, la mayoría de ellos, con el racismo, la xenofobia y la orientación sexual. Una lectura rápida de estos datos podría llevarnos a la conclusión de que la sociedad guipuzcoana es especialmente intolerante. Sin embargo, se trataría de una interpretación incompleta, ya que las estadísticas policiales reflejan los delitos que se denuncian y se registran, no todos los que se cometen. Y esa diferencia es fundamental. Precisamente, España presenta una de las tasas más elevadas de infradenuncia en este tipo de delitos. El último estudio de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio refleja que apenas una de cada diez presuntas víctimas denuncia los hechos, debido a factores como la falta de confianza en las instituciones, la vulnerabilidad estructural y el desconocimiento. Un mayor número de denuncias suele asociarse, por tanto, a una ciudadanía más concienciada, mejor preparada para identificar este tipo de hechos y que confía más en las instituciones.