Diez años después de que los británicos votaran a favor de abandonar la Unión Europea, las relaciones entre Londres y Bruselas siguen marcadas por una

combinación de avances técnicos y persistente incertidumbre política. Lo que en 2016 se presentó como una ruptura definitiva se ha transformado en una negociación constante sobre el grado de cooperación que ambas partes están dispuestas a mantener en los próximos años.

Desde la cumbre celebrada hace un año en Lancaster House entre

el primer ministro británico, Keir Starmer

, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los progresos han sido visibles, aunque limitados. Reino Unido y la UE han acordado

ampliar la cooperación en pesca y energía

, han reforzado la coordinación entre sus autoridades de competencia en el marco del Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA) y han alcanzado un acuerdo para permitir una participación limitada de estudiantes británicos en el programa Erasmus a partir de 2027.

Canales de colaboración

Estos acuerdos han servido para mantener abiertos canales de colaboración y

evitar nuevas trabas para estudiantes, investigadores y empresas. Sin embargo, siguen siendo avances puntuales y de alcance reducido. El regreso parcial a Erasmus, considerado uno de los principales gestos de acercamiento entre ambas partes, tendrá además

un coste cercano a los 580 millones

de euros

para Reino Unido, lo que refleja las concesiones económicas y políticas que Londres ha tenido que asumir para mejorar la relación con Bruselas.

A pesar de estos avances, los asuntos más relevantes continúan sin resolverse. Entre ellos destaca un acuerdo sanitario y fitosanitario destinado a

facilitar el comercio de alimentos, bebidas y productos agrícolas,

la conexión entre los sistemas británico y europeo de comercio de emisiones de carbono y la creación de un programa amplio de movilidad juvenil. Estas cuestiones van mucho más allá de aspectos puramente técnicos. Todas ellas afectan a debates sensibles sobre soberanía nacional, alineación regulatoria y control migratorio, temas que siguen ocupando un lugar central en la política británica desde el referéndum del Brexit.

Las

diferencias entre Londres y Bruselas

continúan siendo importantes y han ralentizado el avance de las negociaciones. De hecho, el optimismo mostrado por el Gobierno británico en algunos momentos parece haber sido excesivo. Varias de las cuestiones que Downing Street presentaba como próximas a resolverse seguían en

fases preliminares de negociación

, lo que generó una brecha entre las expectativas políticas internas y la realidad diplomática.

Las conversaciones también han puesto de manifiesto obstáculos que no estaban previstos inicialmente. La Unión Europea ha reclamado aclaraciones sobre las condiciones que tendrán los estudiantes europeos en las universidades británicas y ha vinculado determinados programas de movilidad a otros compromisos políticos y económicos.

Condicionando avances

Otro revés significativo fue el fracaso de un acuerdo para la participación británica en el programa europeo de seguridad

SAFE (Security Action for Europe). Aunque se trataba de una cuestión muy específica, el resultado tuvo

una fuerte carga simbólica

porque afectó a uno de los ámbitos en los que ambas partes habían mostrado mayor disposición a cooperar: la seguridad y la defensa. Estos episodios han demostrado que la buena voluntad política no siempre se traduce en acuerdos concretos. Los detalles técnicos, las limitaciones derivadas de la política interna y los intereses de los distintos Estados miembros de la UE continúan

condicionando cualquier avance.

La situación política británica tampoco facilita una estrategia clara y estable a largo plazo. El Gobierno laborista de Keir Starmer ha adoptado una posición más favorable a la cooperación con Europa que los anteriores ejecutivos conservadores. Su estrategia pasa por mejorar las relaciones sin reabrir el debate sobre el regreso a la Unión Europea, apostando por

acuerdos sectoriales y fórmulas de colaboración

práctica.

Sin embargo,

dentro del propio Partido Laborista existen posiciones diferentes. Algunos dirigentes consideran que Reino Unido debería plantearse en el futuro una relación mucho más estrecha con Bruselas e incluso reabrir el debate sobre una eventual reincorporación al bloque comunitario. Al mismo tiempo,

el Partido Conservador y Reform UK

continúan defendiendo los beneficios del Brexit y mantienen una posición crítica ante cualquier acuerdo que pueda interpretarse como una cesión de soberanía. Ambos partidos han llegado a plantear la posibilidad de

revisar aspectos del actual acuerdo comercial

con la UE si regresan al poder.

La aparición de nuevas fuerzas políticas y la competencia electoral dificultan todavía más la construcción de un consenso estable. El resultado es una política británica dividida, donde los grandes acuerdos con Bruselas siguen teniendo un elevado coste político. Uno de los principales obstáculos continúa siendo la libre circulación de personas. Para muchos países europeos, la movilidad es un elemento inseparable del acceso al mercado común y de los derechos de los ciudadanos europeos. En Reino Unido, por el contrario, restaurar la libre circulación sigue siendo una cuestión políticamente muy sensible.

Redefinir la relación

Aunque

la inmigración procedente de la UE disminuyó tras el Brexit

y las cifras de migración neta han comenzado a moderarse en los últimos años, Bruselas mantiene que cualquier acceso ampliado a determinadas ventajas debe ir acompañado de las

obligaciones correspondientes. Por ello, las propuestas británicas que plantean una cooperación económica más profunda

sin aceptar la libre circulación

apenas generan interés entre los socios europeos. Para la UE, los beneficios y las obligaciones forman parte de un mismo paquete.

Las alternativas para redefinir la relación tampoco resultan sencillas. Un modelo similar al de Suiza exigiría aceptar compromisos incompatibles con algunas de las líneas rojas fijadas por Londres. Del mismo modo, las propuestas británicas para

acceder a determinadas ventajas del mercado único

sin una mayor armonización regulatoria son vistas por Bruselas como un intento de seleccionar únicamente los aspectos más beneficiosos.

La posibilidad de que

Reino Unido vuelva algún día a la Unión Europea

sigue existiendo desde el punto de vista legal, pero continúa siendo políticamente compleja. La adhesión requeriría aceptar la libre circulación, realizar contribuciones financieras al presupuesto comunitario y asumir mayores niveles de soberanía compartida, cuestiones que siguen generando un intenso debate político.

Mientras tanto, ambas partes continúan explorando vías de cooperación más pragmáticas. Entre ellas figuran la participación británica en programas europeos de investigación, la colaboración en materia energética, la coordinación en cuestiones de seguridad y defensa y el desarrollo de proyectos industriales conjuntos.

También siguen abiertas negociaciones técnicas importantes, como las relacionadas con las normas de origen para los vehículos eléctricos a partir de 2027, una cuestión que podría afectar de forma significativa a la integración de la industria automovilística británica en las cadenas de suministro europeas.

Aniversario Brexit

T. Nieto, A. Cruz, T. Gallardo

LA RAZON

El contexto político europeo

La Unión Europea se muestra abierta a una colaboración más estrecha con Reino Unido, especialmente en

un contexto marcado por la guerra en Ucrania,

los debates sobre autonomía estratégica y los desafíos de seguridad en el continente. Sin embargo, los Estados miembros exigen garantías de estabilidad política y compromiso a largo plazo para evitar que se repitan las tensiones que han caracterizado la última década.

El contexto político europeo añade además nuevas incertidumbres. El posible auge de partidos populistas o de extrema derecha en varios países miembros podría

alterar las dinámicas de negociación

y generar posiciones menos previsibles sobre el futuro de las relaciones con Londres. Del mismo modo, el crecimiento de Reform UK, liderado por Nigel Farage, introduce dudas sobre la orientación que podría adoptar la política británica en los próximos años.

A medida que se acerca una nueva cumbre entre Reino Unido y la Unión Europea, las expectativas son moderadas. Los negociadores seguirán centrando sus esfuerzos en los acuerdos pendientes sobre comercio agroalimentario, emisiones y movilidad juvenil, aunque persisten diferencias importantes sobre el alcance de una futura relación.

Diez años después del referéndum, el Brexit sigue siendo más

un proceso en evolución que una cuestión definitivamente cerrada.

Los avances registrados durante el último año han permitido mejorar la cooperación en áreas concretas, pero todavía no han resuelto las cuestiones fundamentales que determinarán el futuro de las relaciones entre Londres y Bruselas.

En última instancia, el rumbo de la relación entre Reino Unido y la Unión Europea dependerá menos de grandes declaraciones políticas que de la capacidad de ambas partes para alcanzar acuerdos prácticos en ámbitos clave como el comercio, la movilidad, la regulación, la energía y la seguridad.