El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han protagonizado un movimiento inédito. Han suscrito una carta conjunta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para quejarse de la «ausencia de un proceso real, previo y efectivo de diálogo, coordinación y planificación con el Gobierno de España en relación con la implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo». Añaden, en un extenso escrito en castellano e inglés, que «la aplicación del nuevo marco europeo solo podrá ser eficaz, ordenada y garantista si incorpora de manera efectiva la realidad de los territorios que van a asumir buena parte de sus consecuencias prácticas», en alusión a la llegada masiva de inmigrantes a las islas por su situación geográfica, y al papel del País Vasco como frontera que une el sur de Europa con el norte del continente, a través de Francia.

Se trata de un inusual rapapolvo de dos mandatarios, de PNV y Coalición Canaria, que llevan tiempo aliados apretando al Gobierno de Pedro Sánchez con esta cuestión. Euskadi y Canarias señalan que «nos preocupa que el mecanismo europeo de solidaridad no tenga todavía una traducción interna clara dentro del Estado español. La solidaridad entre Estados miembros debe ir acompañada de una solidaridad territorial dentro de cada Estado. De lo contrario, determinados territorios pueden quedar expuestos a una presión desproporcionada sin disponer de los instrumentos, los recursos y la información necesarios para responder con garantías». Por todo ello, Pradales y Clavijo solicitan a la Comisión Europea que tome conocimiento de esta situación y que, en el ejercicio de sus funciones de seguimiento y control político de la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, «tenga en cuenta la necesidad de asegurar que los Estados miembros incorporen de manera efectiva a las autoridades regionales y locales en la preparación, implementación, seguimiento y evaluación de sus planes nacionales».

En la misiva, el lehendakari y el presidente canario, aclaran que escriben esta carta crítica «desde el máximo respeto institucional y desde una convicción compartida: la aplicación del nuevo marco europeo solo podrá ser eficaz, ordenada y garantista si incorpora de manera efectiva la realidad de los territorios que van a asumir buena parte de sus consecuencias prácticas», manifiestan. Según aclaran, su pretensión no es trasladar al ámbito europeo una controversia interna, sino «advertir de una carencia de gobernanza multinivel que puede afectar directamente a la calidad democrática, a la eficacia operativa y a la protección de los derechos fundamentales en la aplicación del Pacto».

En la carta aseguran que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo modifica «de manera sustancial» el marco de gestión de las llegadas, los procedimientos fronterizos, la protección internacional, los retornos, el registro de datos, los mecanismos de solidaridad y la coordinación entre administraciones. Añaden que, sin embargo, en el caso del Estado español, las comunidades autónomas no han participado, hasta la fecha, «en un espacio formal de análisis, planificación y seguimiento» que permita «conocer la estrategia estatal, anticipar sus consecuencias, definir responsabilidades o evaluar sus implicaciones competenciales, presupuestarias y operativas».

A su juicio, esta «ausencia de diálogo» resulta «especialmente preocupante porque el propio enfoque europeo subraya la necesidad de implicar a las autoridades regionales y locales, a los interlocutores sociales y a la sociedad civil en la preparación y despliegue de los planes nacionales de implementación».

Además, puntualizan que Canarias y Euskadi representan «dos realidades territoriales distintas, pero complementarias», dentro de los itinerarios migratorios que atraviesan Europa. «Canarias es frontera exterior de la Unión Europea y principal punto de entrada de la Ruta Atlántica. Euskadi es Frontera Norte del Estado y territorio de tránsito hacia otros países europeos», explican.

En su opinión, ambas «realidades» exigen «planificación compartida, información previa, financiación suficiente, protocolos claros y mecanismos estables de cooperación institucional». Afirman que, en concreto, en Canarias, «las incertidumbres afectan de manera directa a la capacidad de respuesta ante los procedimientos de control previo en frontera, a la eventual presión sobre los recursos de acogida y a la necesidad de una distribución equitativa de responsabilidades».

Respecto a Euskadi, destacan «la falta de reconocimiento institucional de su realidad como Frontera Norte» que «dificulta la planificación de la atención en Irun, en el Bidasoa, en los recursos de acogida, en los servicios sociales, en el sistema sanitario, en las diputaciones forales, en los ayuntamientos y en las entidades del tercer sector que acompañan diariamente a los migrantes».