Un total de 19 líderes de la Unión Europea, entre ellos los de Italia, Grecia y Chipre pero no España, han pedido este viernes acelerar la externalización de los centros de deportación a territorios extracomunitarios, siguiendo el ejemplo de Italia con Albania.

“Ahora necesitamos mostrar resultados concretos que marquen la diferencia real para nuestros ciudadanos y avanzar con soluciones basadas en terceros países tan pronto como sea posible”, reclama la carta impulsada por la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen, y la primera ministra de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni.

La Unión Europea cerró el pasado mayo una reforma que endurece la política de asilo y consolida la creación de estos centros de detención en países terceros, a los que trasladar personas migrantes que ya han llegado a suelo comunitario pero para los que no se prevé conceder asilo, a la espera de que se tramite su expulsión definitiva al país de origen o tránsito desde el que llegó a la Unión.

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La reforma recibió luz verde esta misma semana en el Parlamento Europeo y sólo está pendiente de la adopción formal por parte del Consejo para que pueda entrar en vigor y para que, de manera inmediata, se aplique la nueva base legal que permitirá a los gobiernos europeos negociar con terceros países este sistema, hasta ahora incompatible con el Derecho comunitario.

Además, los Veintisiete con el rechazo de España acordaron también esta semana como parte de la arquitectura del próximo Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) que estos centros de deportación puedan ser costeados a cargo de las arcas comunitarias a partir de 2028, cuando está previsto que esté operativo el nuevo presupuesto.

Algunos países como Dinamarca o Chipre, entre los firmantes de la carta, han expresado ya su interés por negociar este tipo de convenios con terceros países o incluso han empezado los contactos. Sin embargo, buscan un empuje “político” para garantizar en el marco común que la legislación en curso de ratificación se aplique con agilidad, han explicado fuentes diplomáticas.

Junto a Meloni y Frederiksen, firman la declaración los mandatarios de Austria, Bulgaria, República Checa, Grecia, Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia, Suecia, Bélgica, Chipre, Estonia, Hungría, Lituania, Países Bajos, Rumanía y Eslovenia.

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“Siempre debe ser una decisión democrática quién puede entrar y permanecer en nuestros países. Es fundamental que sigamos desafiando el statu quo, donde los traficantes de personas se enriquecen y la migración se instrumentaliza”, argumentan los 19 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión firmantes.

La opción de instalar centros de detención en terceros países para trasladar a las personas migrantes llegadas a la UE a las que se deniega el asilo, a la espera de su expulsión definitiva, ha suscitado duras críticas de países como España y de organizaciones humanitarias que cuestionan tanto la efectividad de este modelo como que respete los valores y derechos fundamentales que observa la Unión Europea.

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Los líderes replican en la carta que las soluciones que defienden se harán “en cumplimiento de la legislación de la UE y los convenios internacionales, y en estrecha cooperación con terceros países”.