Los nuevos datos revelados esta semana sobre el proceso de regularización de inmigrantes indican que las previsiones iniciales del Gobierno de Pedro Sánchez no eran las correctas. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a ABC, más de 900.000 inmigrantes ya han registrado su solicitud para acceder a la medida que iba a beneficiar en principio a alrededor de 500.000 extranjeros afincados en España de manera ilegal.

A menos de dos semanas para el cierre del plazo, ONG y entidades colaboradoras en el proceso aseguran que se llegará al millón de solicitudes, incluso a más. Un dato que ha hecho saltar las alarmas entre economistas, demógrafos, especialistas en vivienda y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante el «colapso» que puede provocar en algunas necesidades básicas como la vivienda, la sanidad, la educación o la seguridad. Muchos de ellos, asimismo, señalan que el número de extranjeros crecerá aún más en los próximos meses y años fruto de la reunificación familiar que va a producirse como consecuencia de la legalización de extranjeros que ahora optan a la medida impulsada por el Gobierno.
Las previsiones de llegar a duplicar el dato inicial que se dio desde el Ejecutivo se producen en un momento en el que la instrucción desde el Ministerio dirigido por la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, es la de registrar el máximo de solicitudes. Como ya publicó este periódico, el Ejecutivo está instando a los inmigrantes a presentar su instancia aun faltándoles algún documento obligatorio. En ese caso deberán informar de cuál les falta, pero dispondrán de un tiempo «extra» al registrar la solicitud, incluso habiéndose cerrado el plazo el 30 de junio.
Alejandro Macarrón Larumbe, demógrafo y responsable de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS, apunta a ABC que el Ejecutivo sabía que sus previsiones iniciales no eran las correctas y lo vincula a una estrategia política. «Pueden fallar en miles, pero no en cien miles. Te dicen que van a meter un millón de repente y es una cifra impactante», señala.

Para el analista de dinámicas poblacionales en España, la vivienda será una de las necesidades básicas que se «colapsará» y que más acusará la posible entrada de ese millón de personas que han solicitado regularizarse. Macarrón Larumbe defiende que la reducción temporal y ordenada de la inmigración permitiría una liberación del parque de la vivienda. Sobre todo, en zonas donde el mercado lleva años tensionado. «Si no llegase inmigración continuamente el problema de la vivienda se resolvería antes: se mueren más personas de las que nacen».

Los extranjeros buscan acceder a una vivienda en zonas con un alto nivel de demanda induciendo a un incremento en la tensión del mercado

Según un informe del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social del CEU, la llegada de extranjeros en los últimos años ha disparado la demanda de vivienda, y en particular en los barrios populares. Del mismo modo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) alertaba en un boletín que el déficit anual de vivienda en el año 2023 en la Comunidad de Madrid ya era de 26.126 viviendas. Mientras que si hubiera inmigración «cero» sería de un superávit de 18.085 viviendas.