Las zonas del arco Canarias-Atlántico presentan una vulnerabilidad creciente para España, según recoge el Informe Anual de Seguridad Nacional correspondiente a 2025, que será presentado el próximo viernes en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional por el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio.

El documento advierte de que algunos grupos organizados podrían estar utilizando rutas y medios originalmente diseñados para el tráfico de drogas para realizar actividades vinculadas a la inmigración irregular, diversificando así su actividad delictiva.
En relación con el narcotráfico, el informe señala que existen más de 600 narcolanchas tipo go-fast operando en el área del Estrecho de Gibraltar. Estas embarcaciones son sospechosas de participar en operaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes y, según el Gobierno, se ha detectado una mayor agresividad de los narcotraficantes hacia los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, llegando incluso al uso de armas de guerra.

«En lo que respecta al tráfico de hachís, en 2025 parece haberse reactivado la ruta desde Marruecos, principal productor mundial, hacia España», recoge el informe elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional.
Otro de los aspectos que preocupa al Ejecutivo es la denominada ‘flota fantasma’ rusa. Seguridad Nacional cifra en unos 50 los barcos detectados en las proximidades de Canarias, lo que supone que su presencia se ha quintuplicado a lo largo de 2025. Según el informe, esta situación obliga a reforzar la vigilancia naval y el control portuario.

«Aunque España se considera un objetivo secundario de la actividad híbrida rusa», sostiene el documento, la creciente actividad en el Mediterráneo de estos petroleros rusos, que eluden sanciones y operan cerca de las costas españolas, genera riesgos para la seguridad nacional.

El informe explica que se trata principalmente de buques dedicados al transporte de hidrocarburos que realizan transbordos de petróleo crudo y refinados de origen ruso, aunque también venezolano e iraní, antes de su traslado a países asiáticos.

Pese al incremento de estos movimientos, el Gobierno reconoce que la posibilidad legal de actuar contra estas embarcaciones en alta mar continúa siendo una cuestión compleja y de difícil resolución.

Además, el informe dedica un apartado a las campañas de desinformación impulsadas por actores vinculados al extremismo, principalmente relacionados con Rusia. Entre otras cuestiones, alerta de la difusión de mensajes sobre flujos migratorios irregulares con el objetivo de fomentar la polarización social y erosionar la confianza en las instituciones públicas y en las Fuerzas de Seguridad.

El documento también menciona la proliferación de teorías conspirativas sobre salud pública y el uso de la desinformación como herramienta para influir en la economía o facilitar fraudes a gran escala.