La ministra de Juventud e Infancia pasó por Lanzarote días atrás, para mantener encuentros profesionales y conocer la realidad que día a día se maneja en Canarias en sus materias.

– ¿Qué balance hace de su estancia?
– Veníamos a hacer balance del resultado de la reforma de la Ley de Extranjería y del proceso de acogida solidaria de niñas y niños no acompañados que llegan a nuestro país, que entran por Canarias fundamentalmente. Para nosotros esta reforma de la Ley de Extranjería ha sido exitosa, hablamos de 2.000 expedientes tramitados. Y hablamos, por tanto, de muchos niños y niñas que han sido acogidos de manera solidaria y, sobre todo, con una perspectiva de derechos sin un solo incidente en península. Es la manera de trabajar en un contexto global. Hemos visto que el Parlamento europeo votaba a favor de un reglamento de retorno brutal, con los gritos de los ultras; tenemos que sentirnos orgullosos de un país como el nuestro, que lo que está haciendo es ir en sentido contrario, que sigue apostando por reforzar y blindar los Derechos Humanos y sigue apostando por reforzar y blindar el interés superior de la infancia y los derechos de los niños y de las niñas.

– ¿Por qué en estas fechas?

– Coinciden tres elementos muy importantes. Uno, se cumple más o menos un año desde que se aprobó y se puso en marcha el Real Decreto, con lo cual ya podemos evaluar cómo está la situación, con un tiempo de recorrido. Estamos en un punto en el que vamos a convocar a Canarias para valorar en qué momento decretamos el fin de la contingencia migratoria, porque se ha destensionado el sistema de acogida, al haber bajado las llegadas muy significativamente y, por otro lado, el procedimiento de acogida vinculado y solidario ha funcionado muy bien. Y tres, porque vamos a celebrar una conferencia sectorial de infancia a mediados de julio, en la que vamos a volver a repartir 35 millones de euros; y Canarias, lógicamente, se va a llevar una buena parte, para seguir sosteniendo el sistema de primera intervención y de acogida.

– El 15% de las llegadas en patera o cayuco de se protagonizan por menores de edad. ¿Se necesitan acciones específicas en los países de origen para rebajar esta estadística?

– Estamos hablando de política internacional. Y esto excede, de alguna manera, las competencias que tenemos en el Ministerio de Juventud e Infancia. El fenómeno migratorio es un fenómeno dinámico y constante; la humanidad ha transitado en la historia a través del mestizaje y la movilidad; y hay muchas causas que acreditan los distintos proyectos migratorios. Sin duda, las guerras, los conflictos, las persecuciones políticas, el cambio climático, la precariedad económica son elementos a analizar a la hora de plantear el cómo se interviene y cómo se redefinen las relaciones internacionales. Hace falta colaboración interministerial y que los países europeos abordemos un proceso que, a mi juicio, tiene que ser de justicia histórica. Hay que ver el papel histórico que ha tenido Europa en relación a muchos países africanos; y cómo se han ido construyendo las economías de muchos países africanos por la intervención. Hay una responsabilidad histórica; y no deja de ser sorprendente la facilidad en la que determinadas materias primas y recursos naturales y estratégicos fluyen desde África y la dificultad que tienen, sin embargo, las personas que vienen de esos países que han sido históricamente expoliados. Y hay que entender al fenómeno migratorio como algo positivo, porque los que vienen de fuera aportan mucho. Los datos dicen que los beneficios que aportan son enormes.

– Nuevo decreto de distribución de niños y niñas dentro de unas pocas semanas. ¿Cómo se planteará?

– Tenemos por delante el Real Decreto, una suerte de reglamento, que se ratifica en el Consejo de Ministros. En la propia reforma del artículo 35 está habilitado que al año ya se puede plantear un nuevo Real Decreto de capacidad ordinaria que es, ni más ni menos, el reconocer el número máximo de plazas que ha gestionado cada una de las comunidades autónomas; y a partir de ahí, con una serie de indicadores objetivos, población, renta, dispersión territorial, insularidad, etc; calcular el número de plazas que tiene que tener sistema de acogida de cada una de las comunidades autónomas, para poder, en todo caso, abordar una siguiente acogida descentralizada. Es poner un número de plazas, por comunidad autónoma, con indicadores objetivos.

– ¿Qué pasará con los disconformes, con quien quiera deportar?

– Madrid no puede hacer deportaciones. Hay una parte de narrativa y relato que tiene que ver en cómo el Partido Popular ha decidido abrazar las tesis y las políticas racistas de la ultraderecha, de Vox. Se han situado ahí, en una posición nítidamente racista, y hablar de deportaciones es un relato de la extrema derecha. En términos jurídicos y legislativos no es viable en nuestro país; mucho menos hacerlo de esta manera; y mucho menos, hacerlo una comunidad autónoma. Hay que respetar la ley.

– 35 millones de euros a repartir entre las comunidades, 4 de ellos con destino a Canarias. ¿Y luego qué?

– El año pasado, a Canarias el Estado le ingresó 140 millones de euros para políticas de acogida. Es decir, la mitad del presupuesto total. Lo que planteamos con la reforma del artúclo 35 no es sólo una modificación legislativa, que por supuesto, sino también la voluntad explícita de que haya mecanismos de coordinación y colaboración del Gobierno con las comunidades autónomas. Sobre todo, con aquellas que son puerta de entrada. Y tiene que haber mucha colaboración, ser muy flexibles a la hora de interactuar entre las administraciones públicas. Y esto es una declaración de intenciones por parte del Gobierno central, . Cualquier proceso, cualquier llegada extraordinaria, va a contar con apoyo del Gobierno a todos los niveles.

– Tenemos en liza política el factor Vox influyendo en tres comunidades, donde va a gobernar en sintonía con el PP ¿Cómo influirá?

– Se pone en evidencia que el lugar donde exige Vox tener más presencia tiene mucho que ver con gestión del cuidado a las personas más vulnerables. Es una posición en la que pretenden cortar cualquier tipo de ayuda y de acompañamiento a las personas vulnerables. Además, con el asunto de la prioridad nacional, lo que se está escondiendo es una posición nítidamente racista. Y la prioridad nacional excluye a personas de todo origen, nacional y no nacional, que son vulnerables; porque cuando Vox asume consejerías que tienen que ver con asuntos sociales, con cuidados, con familia y demás, lo que está hablando es de descomponer el estado que cuida. Cuando habla de desregulación lo que está hablando es de establecer mecanismos institucionales que garantizan que quien sí tiene recursos, porque siempre los ha tenido, quien sí tiene una buena cuenta corriente, le sigan llegando los recursos que son todos los españoles; y quienes están en este país y no tienen recursos y son vulnerables, familias vulnerables, se queden fuera y se queden sin nada. No es prioridad nacional. Es prioridad de clase. Y ellos tienen claro a quiénes defiende, defienden a los ricos, defienden a los que siempre tienen. Y son la garantía de que los siempre han tenido y siempre tienen en este país, sigan teniendo; y son la garantía de que las familias trabajadoras de este país se queden fuera de todo.

– Insistiendo con la realidad cotidiana que se vive en Canarias. Sobre 2.000 traslados en los últimos meses, que no serán los últimos. Y mientras se hacen, constan casos de situaciones delicadas, con maltratos. ¿Faltan protocolos efectivos?

– El Real Decreto está operativo hasta el año que viene, es decir, ante las llegadas hay un mecanismo claro para que los traslados sigan siendo efectivos en el plazo de quince días, aproximadamente, con lo cual está garantizado, con el Real Decreto de capacidad ordinaria. Los niños y niñas que vayan llegando, se irán derivando, en función de la entrevista, con cuidado y al detalle, a distintos territorios de la peninsular, con lo cual, se sigue funcionando y sigue su curso. Y por otro lado, es verdad que hay algún caso del que hemos tenido conocimiento. Algunos están en proceso de investigación; y nosotros estamos bastantes preocupados por este tipo de situaciones, estamos en contactos con la Dirección General y con la Consejería de Infancia, aclarando que es competencia directa del Gobierno de Canarias. Ahí, todos los recursos que hemos puesto a disposición, para financiar y sostener los sistemas de protección, están condicionados siempre a una buena práctica. Ahí hemos sido siempre muy exigentes; y estamos trabajando en protocolos de atención y estamos trabajando en un Real Decreto, no de ley, de estándares de acogida a nivel estatal, que lo que pretende es ordenar y plantear unos estándares de calidad del sistema de protección de niños y niñas, migrantes y no migrantes de todo tipo, para tener muchísima más trazabilidad y muchísimos más indicadores sobre cómo se gestionan todos los sistemas de protección y acogida de menores.

– Retornando a los niños y las niñas, con la dinámica de las derivaciones hacia el territorio peninsular, se están puliendo aspectos sobre cómo acompañar, con la presencia de personas adultas. ¿Qué pasos faltan al respecto por acotar o por pulir?

– Va a haber un periodo en el que, obviamente, muchos de los elementos va a haber que ajustarlos, corregirlos y adaptarlos. Hemos planteado que la figura del acompañamiento, sobre todo para el procedimiento en frontera, tiene que haber una figura de representante legal. Y para cumplir este papel contamos con la abogacía. Estuvimos reunidos con el Colegio de la Abogacía de Lanzarote, con muy buena disposición, para crear un turno de oficio específico. Además, paralelamente, en la reforma de la LOPIVI, hemos incluido esta figura. La adaptación de la justicia a la perspectiva de infancia requiere que haya un turno de oficio y, además, requiere que los niños y niñas, ante cualquier situación jurídica, tengan derecho a la defensa jurídica propia. Y esta figura vendría a ser una figura garantista, sobre todo, en el momento de llegada, para tener un representante legal, que de alguna manera toda esa parte la tengan asegurada y sea en las mejores condiciones posibles. Se debería de poder hacer de manera casi inmediata; y aunque es verdad que va a requerir la puesta en marcha del PEMA (Pacto Europeo Migración y Asilo), con un momento de acople, es así, es lo que hay, pero consideramos que esta figura es indiscutible que tiene que existir, porque es la que mejor velaría por el cumplimiento de los derechos de niños y niñas. En frontera es muy importante que pueda tener el abogado de oficio.

– A modo de cierre, en su visita ha aportado algunas pinceladas de cara a que la legislación pueda permitir el voto en cuanto se alcancen los 16 años de edad. ¿Cómo se está trabajando y para cuándo saldrá?

– No creo que vaya a estar para 2027, no va a dar tiempo. Ha sido una ley muy compleja. No hemos dejado de trabajar en ella en todo este tiempo. Ha sido un proceso participativo, eso sí, y los procesos participativos, lógicamente, son mucho más complejos. Es una ley escrita por los jóvenes de este país, se ha hecho un proceso de participación descentralizado, con un modelo mixto de proceso participativo. Hemos conseguido acumular 400 páginas de propuestas, que luego ha habido que traducir al lenguaje jurídico, para conformar la ley. Una de las cuestiones que se plantea es la ampliación de la edad de voto. Ahora mismo lo estamos negociando dentro del Gobierno, la idea es que vaya a Consejo de Ministros lo antes posible. Seguramente, a la vuelta del verano va a ser una de las primeras leyes que llevemos a Consejo de Ministros. Una parte de la negociación tiene que ver en cómo se pone en marcha. No lleva aparejada, necesariamente, la cuestión de la mayoría de edad; eso sería un debate que se tendría con carácter posterior. De momento, la ley lo que plantea es la posibilidad de que si a los 16 años puedes trabajar , a los 16 años tienes que poder votar. Estamos viendo un modelo en que quizás lo que se haga sea de manera gradual, por convocatorias electorales. Y pensamos que un buen ensayo podría ser, por ejemplo, empezar con las elecciones europeas del año 2029, como ya ocurre en muchos países europeos, como por ejemplo en Alemania, en Malta, en Bélgica creo que también votaron a los 16 años en las últimas elecciones europeas.

– Da la sensación, atendiendo a sus palabras, de que hay ausencia de unanamidad en el Gobierno.

– En realidad no hay unanimidad en la sociedad. De momento no hay una negativa, estamos trabajando en una posición de consenso. Y vamos a ver hasta dónde avanzamos.