Apenas siete días después de que la Unión Europea (UE) empezara a aplicar el Pacto de Migración y Asilo, y en la misma semana en la que la Eurocámara ha dado luz verde al reglamento de retornos, un amplio grupo de países ha pedido acelerar la creación de centros de detención de migrantes fuera de territorio comunitario. Diecinueve Estados liderados por Italia y Dinamarca reclamaron este viernes por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que el bloque comience a construir ya este tipo de instalaciones. El mensaje no está respaldado por potencias como Alemania, Francia y España.

Europa ha endurecido sus políticas migratorias, acelerando las deportaciones. La carta firmada también por Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Letonia, Hungría, Países Bajos, Polonia, Malta, Suecia y Rumanía señala la necesidad de «mostrar resultados concretos que marquen la diferencia real» y «avanzar con soluciones basadas en terceros países tan pronto como sea posible».

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, apuntó que «la inmigración excesiva tiene enormes consecuencias para la población europea y para la cohesión de nuestra sociedad, así como para aquellos que ponen en riesgo sus vidas en el camino a Europa, sólo para ser devueltos». La dirigente socialista es una de las líderes europeas con un discurso más duro contra la migración, junto con la ultraderechista italiana, Giorgia Meloni. Esta última fue la principal defensora de los centros de deportación en terceros países y construyó uno en Albania.

Sin embargo, la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha mostrado serias dudas por este modelo. En sus conclusiones destacó que los países europeos tienen derecho a construir campos de detención en terceros países, pero cerró la puerta a los pactos bilaterales, ya que considera que el asilo es una competencia común. También señaló que el protocolo Italia – Albania «no parece contener normas claras y precisas que permitan garantizar el conjunto de estos derechos, esto es, el derecho de defensa, el derecho al respeto de la vida privada y familiar, así como el derecho a la puesta en libertad inmediata tras la expiración del plazo de convalidación del internamiento».

En abril, los ministros de Interior de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos se reunieron en Bruselas con el comisario responsable de Migración, Magnus Brunner, para avanzar en la apertura de centros de deportación de personas cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas. Estos Estados confían en poner en marcha esta fórmula este mismo año y planean ubicar la mayoría de estos campos de detención en países de África.

El interés de las capitales sobre esta cuestión y sobre la gestión migratoria hará que este tema se trate en una cumbre específica dedicada a la migración y que –previsiblemente– se celebrará en octubre o diciembre, bajo la presidencia irlandesa del Consejo Europeo.

Los líderes europeos también trataron este viernes en Bruselas el diseño del nuevo presupuesto comunitario y esperan llegar a un acuerdo en torno a esta cuestión para final de año. Será un trabajo arduo ya que actualmente las posiciones están «muy alejadas», según reconoció el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El presidente del Consejo, António Costa, sin embargo, es optimista y destacó que el bloque coincide en la necesidad de contar con un presupuesto a la altura de las ambiciones europeas, modernizado y con un impulso a la defensa.

En paralelo, la UE se pone deberes en materia comercial: reducir dependencias y reforzar la autonomía estratégica. Los Estados miembros pidieron a Bruselas que se involucre en el diálogo con China –con quien el bloque tuvo el año pasado un déficit comercial récord– y reclaman a la Comisión que refuerce sus instrumentos de respuesta ante posibles acciones que puedan ir en contra de los intereses de las empresas europeas.