AINHOA DE LAS HERAS a.delasheras@diario-elcorreo.com/BILBAO

El crimen del taxista y la detención del presunto autor, a punto de ser linchado por los compañeros de la víctima, conmocionaron a la sociedad el pasado mes de diciembre. Tras varios meses de instrucción, el caso llegará a finales de noviembre a una sala de vistas, donde será juzgado por un tribunal popular. El fiscal pide 12 años de cárcel para el acusado del homicidio, Reiny E. P., de 20 años en el momento de los hechos, origen dominicano y en situación irregular, según detalla el escrito de calificación provisional al que ha tenido acceso este periódico.

Según el ministerio público, el fatal desenlace comenzó a gestarse a la 1.25 horas del pasado 12 de diciembre de 2005 cuando Reiny, que se encontraba en Bilbao, decidió coger un taxi, el ‘Renault Laguna’ con licencia 168 de Eduardo Robredo, para desplazarse al barrio de San Adrián. Cuando llegaron al destino en la calle Goikotorre, «ambos discutieron porque el acusado no tenía la totalidad del importe del trayecto; le faltaban en concreto dos euros», continúa el texto de la Fiscalía. En ese momento, el taxista se giró hacia el asiento donde se encontraba el cliente, en la parte derecha. Al parecer, Eduardo no había accionado el freno de mano ni metido ninguna marcha, por lo que el vehículo empezó a deslizarse hacia atrás hasta que terminó impactando contra una farola, lo que «desequilibró» al conductor.

Entonces, «hubo un forcejeo entre ambos con un arma blanca de 178 milímetros de longitud, 2,3 de grosor y 21,53 de anchura». Según el ministerio público, «se ignora la procedencia» del arma homicida que usó Reiny para, «con intención de causarle la muerte, clavársela a Eduardo en la parte lateral del cuello». La agresión seccionó la yugular de la víctima y le desencadenó una hemorragia y una congestión pulmonar que resultaron mortales. El cuerpo presentaba también un corte en el pulgar de la mano izquierda, producido al intentar repeler la acometida del cuchillo.

En su agonía, Eduardo Robredo tuvo tiempo de avisar a sus compañeros a través de la emisora y balbucear que había sido atacado. La víctima, que había heredado la licencia de su padre, estaba casado y tenía dos hijas menores de once y dos años. El representante público solicita unos 150.000 euros de indemnización en concepto de daños morales y gastos del entierro para la viuda, las hijas, la madre y el hermano del fallecido.

Por su parte, la acusación particular, que representa a la familia, eleva la petición de pena a 17 años de prisión al considerar que fue un asesinato con alevosía, mientras que la defensa solicita la libre absolución, ya que alega que su patrocinado actuó en «defensa propia». Reiny E.P. se encuentra en prisión provisional desde entonces. Catorce patrullas de la Policía Municipal de Bilbao y la Ertzaintza se movilizaron para proteger al detenido, al que refugiaron en un portal, ante la ira desatada entre los taxistas que hacían guardia aquella noche. El caso movilizó al sector en demanda de medidas de seguridad.