El asunto migratorio va a centrar con toda probabilidad el debate de este jueves en la Asamblea de Madrid. El Gobierno regional ha generado un enorme polémica días atrás al exigir el padrón a los usuarios del abono de transporte, un carné con el que muchos extranjeros certifican su arraigo en Madrid y con el que optan a regularizarse en los próximos meses con el decreto extraordinario. La oposición de izquierdas y las organizaciones de derechos humanos se mostraron muy críticos con una medida que enmarcan dentro de las políticas antimigratorias, aunque lo que ha hecho la presidenta Isabel Díaz Ayuso sea totalmente legal. El censo en España es obligatorio para los que viven más de seis meses en la misma ciudad y sirve a las administraciones para distribuir su presupuesto, como por ejemplo a la hora de conceder ayudas.

En el pleno, como ocurre siempre, también se colará la actualidad política nacional, que en los últimos años está ligada trágicamente a los tribunales. El PP hará mención a la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, donde está imputado por tráfico de influencias y otros delitos conexos. Además, al expresidente socialista se le interrogó ayer por la posesión de unas joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros, un asunto sobre el que Ayuso ha bromeado en redes sociales. El PSOE de Madrid, por el momento, mantiene su defensa a Zapatero.

También Ayuso hará balance del año político al tratarse del último pleno hasta octubre (a menos que se celebre uno extraordinario en julio para aprobar la ley del concebido no nacido, retirada por ahora por un defecto de forma). Esa será la pregunta que le hará a la presidenta el propio portavoz de su partido, Carlos Díaz-Pache. El PSOE, con Mar Espinar a la cabeza, lleva preparada una batería de reproches para resumir el trabajo de la presidenta, a su forma de ver. Más Madrid, según el orden del día y fuentes consultadas, preguntará por por la polémica del abono, un caso claro de racismo a su parecer, y sobre el perjuicio que supone para inmigrantes y estudiantes. Vox, por su parte, quiere saber si la presidenta se plantea la reducción de gasto público para el presupuesto 2027.