Escaparon de una guerra, la de Sudán, en la que la violencia sexual se ha convertido en una de las armas más devastadoras del conflicto, para descubrir que en el lugar donde se les prometió protección y seguridad seguían expuestas al mismo peligro. Una investigación interna de Médicos Sin Fronteras (MSF) ha identificado 59 acusaciones de acoso, abuso y explotación sexual contra refugiadas por parte de trabajadores de la organización humanitaria. Ha sucedido en el este de Chad, inhóspito y vastísimo territorio en el centro de África donde cientos de miles de sudaneses buscan refugio desde el inicio de la guerra en su país.

Las pesquisas, iniciadas tras las denuncias publicadas por la agencia Associated Press en 2024, han llevado al despido de 18 empleados, que además han sido vetados para futuros puestos dentro de la organización. Según los investigadores, los casos denunciados podrían suponer solo la punta del iceberg, ya que muchas mujeres se mostraron reacias a hablar abiertamente.

La organización humanitaria ha pedido disculpas en un comunicado difundido este martes en el que también asegura que ha proporcionado asistencia médica, psicológica y jurídica a las supervivientes identificadas y que ha reforzado sus mecanismos internos de prevención y denuncia. “Estas conductas representan una grave vulneración de los valores y responsabilidades de MSF”, ha afirmado la secretaria general de la organización, Laura Leyser, en un comunicado.

Entre las nuevas medidas que la organización ha implementado a raíz de este escándalo se incluyen “el refuerzo de los procesos de selección y verificación de referencias del personal; la mejora de los procedimientos de identificación del personal; el refuerzo de los mecanismos de denuncia; el refuerzo de los esfuerzos de detección en los proyectos; el aumento de la formación y la sensibilización del personal y el nombramiento de recursos específicos para la protección”, indica un portavoz de la ONG por correo electrónico. “Sin embargo, reconocemos que aún queda mucho por hacer para abordar estas cuestiones y garantizar un cambio duradero”, añade.

MSF admite que desconocía la mayoría de estos casos antes de que los pusiera en su conocimiento una periodista de AP que posteriormente los publicó en 2024. “Ahí fallamos”, reconoce un miembro de la organización con experiencia en Chad, que habla bajo condición de anonimato y recuerda, no obstante, que tan pronto tuvieron constancia de esas denuncias desplegaron equipos de investigación en la zona, cuyo trabajo llevó a las 59 acusaciones y 18 despidos.

Los hallazgos de la investigación, concluida en julio de 2025 y adelantados por AP tras acceder al informe confidencial, afectan a uno de los principales dispositivos humanitarios desplegados por MSF en el mundo para responder a la llegada masiva de refugiados, con una financiación de cerca de 80 millones de euros en 2024 y más de 2.400 trabajadores. Alrededor de 900.000 personas han buscado cobijo en el lado chadiano de esta frontera desde el inicio del conflicto armado en Sudán en 2023.

Los testimonios difundidos en 2024 son los de varias mujeres refugiadas que aseguraban haber sido presionadas para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, empleo o un acceso más fácil a la ayuda humanitaria en los asentamientos próximos a la frontera sudanesa. Aquella información apuntaba a la implicación de trabajadores humanitarios y miembros de las fuerzas de seguridad locales, y poco después propició que Naciones Unidas también iniciase sus propias pesquisas.

En algunos casos, las víctimas eran menores de edad: la investigación recoge el caso de siete adolescentes refugiadas que fueron trasladadas en un vehículo de la organización porque, supuestamente, iban a realizar tareas relacionadas con el suministro de agua, pero acabaron siendo presionadas para mantener relaciones sexuales. De hecho, las mujeres entrevistadas por los investigadores de MSF contaron que guardaron silencio por miedo a perder el acceso a ayuda humanitaria; otras afirmaron que no sabían que tenían derecho a denunciar y otras que afirmaron haber pedido ayuda no recibieron ninguna.

Las revelaciones periodísticas también han desencadenado una respuesta más amplia del sistema humanitario. El coordinador humanitario de la ONU en Chad ha recordado esta semana en un comunicado que las denuncias se consideraron lo suficientemente creíbles como para activar los mecanismos de protección desplegados en el país, lo que dio pie a investigaciones y medidas de prevención reforzadas. Según la ONU, más de 30 organizaciones participan actualmente en grupos de trabajo destinados a prevenir y detectar casos de explotación y abusos sexuales en el este de Chad.

La investigación revela que los abusos fueron más amplios de lo que se creyó en un principio. Entre las denuncias examinadas figuran casos de explotación sexual a cambio de comida, agua o leche; relaciones sexuales exigidas para acceder a empleos temporales; y amenazas contra empleadas locales que temían perder su trabajo si rechazaban las proposiciones de sus supervisores. Estos hallazgos emergen en una región muy remota de uno de los países más pobres de África, donde la seguridad es un desafío casi inabarcable, según reconocía el pasado diciembre a EL PAÍS Mekela Laotol, responsable adjunto de operaciones sobre el terreno de Acnur, la Agencia de la ONU para los refugiados. “Si tenemos un campo con 50.000 refugiados y tres gendarmes, la protección no está garantizada”, explicaba.

El documento también recoge testimonios de líderes comunitarios que aseguraron haber impuesto toques de queda informales para evitar que las niñas y adolescentes acudieran durante la noche a zonas frecuentadas por cooperantes, lo que hace pensar que al menos parte de la población refugiada era consciente de estos abusos. Al menos media docena de ellos sabían que sus hijas y hermanas habían sido víctimas de abusos, pero decidieron no denunciarlo por el mismo temor a perder un empleo o una ayuda.

En algunos casos, los investigadores identificaron incluso patrones repetidos de explotación que podrían apuntar a una forma de tráfico sexual, aunque no se han hallado pruebas concluyentes. También son una incógnita los puestos que ostentaban los implicados dentro de la ONG, aunque sí se sabe que pertenecían a diferentes categorías laborales, como “personal contratado, trabajadores por días, contratistas externos y proveedores”, responde un portavoz de la ONG por correo electrónico.

El propio informe de la ONG reconoce que ya se formularon recomendaciones similares tras otros escándalos anteriores sin que se hayan producido cambios significativos. Por ejemplo, a raíz de las denuncias de explotación sexual durante la respuesta al ébola en República Democrática del Congo en 2020. En cualquier caso, estos abusos se suman a una larga lista de escándalos que han sacudido al sector humanitario durante los últimos 20 años y que van desde la explotación sexual cometida por trabajadores de Oxfam en Haití hasta las denuncias contra cascos azules de la ONU en ese país y en República Centroafricana o Congo.

La investigación de Chad resulta especialmente incómoda porque, precisamente, la prevención de abusos sexuales había sido reforzada después de esos escándalos. El propio informe de MSF señala que se habían destinado recursos específicos a formación y sensibilización, pero que la alta rotación de personal y las contrataciones masivas realizadas para responder a la emergencia terminaron debilitando los controles. “Cuando tienes que poner en marcha una operación gigantesca en lugares como Adré o Métché [ciudades fronterizas con alta afluencia de refugiados], o contratas a gran escala o no consigues responder a la emergencia”, explica el cooperante consultado. “No es una excusa”, sentencia, pero cree que sirve para entender cómo se ha llegado a algo así. “En algunos casos no fuimos suficientemente rigurosos comprobando referencias”.

La investigación se ha desarrollado en uno de los entornos humanitarios más complejos de África. Desde el estallido de la guerra en Sudán en 2023, más de 900.000 personas han cruzado la frontera hacia el este de Chad. Los campos de refugiados, dotados de mejor infraestructura y protección, no dan abasto para acoger a todo el mundo, así que decenas de miles de personas acaban malviviendo en asentamientos improvisados donde escasean el agua, las letrinas, la atención sanitaria y la protección.

Durante una visita realizada por este periódico a la zona en noviembre del año pasado, diversos responsables humanitarios advirtieron de la fragilidad de la situación. En el asentamiento espontáneo de Adré, con más de 230.000 personas, las infraestructuras eran insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la población, entre ellas la seguridad. Los refugiados y refugiadas entrevistados por este diario denunciaron agresiones, violencia y ataques contra mujeres que salían a recoger agua o leña.

La reducción global de la financiación humanitaria registrada desde 2025 tampoco ha ayudado. Diversas organizaciones alertan de que los recortes han agravado la precariedad de servicios esenciales y han dificultado las tareas de supervisión y protección. En Chad, concretamente, la operación para refugiados en este país arrancó el año 2025 con una brecha de financiación de más del 80% respecto al año anterior.

¿Qué ocurrirá con los agresores?
Uno de los interrogantes abiertos es qué ocurrirá con los agresores. MSF asegura que no volverán a trabajar para la organización, pero la vía penal depende de las propias víctimas. La ONG sostiene que ha ofrecido apoyo jurídico a quienes lo han solicitado, aunque desconoce cuántas denuncias han llegado finalmente a los tribunales chadianos. “Trabajamos con un enfoque centrado en la superviviente”, explica el cooperante. “La decisión de acudir a la policía o a la justicia les corresponde a ellas, pero muchas temen represalias o no confían en que el sistema pueda protegerlas. Nosotros llegamos hasta donde ellas quieran llegar”.

La legislación chadiana tipifica tanto la explotación sexual como los abusos sexuales y los delitos penales. Sin embargo, en una región marcada por la pobreza extrema, la inseguridad y la dependencia de la ayuda humanitaria, el acceso efectivo a la justicia sigue siendo una incógnita para muchas de las mujeres que denunciaron los abusos.

En 2025, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU alertó de que Chad sigue registrando altas tasas de violencia sexual y de género, pero bajos niveles de denuncia y de procesamiento judicial, pero ni siquiera el Gobierno dispone de estadísticas fiables. Amnistía Internacional ha denunciado en el pasado que se registran muy pocas condenas en proporción al número de casos y que las penas son demasiado leves en algunos procedimientos.