El pasado 7 de junio, un ataque con drones del Ejército marroquí acabó con la vida de Lahbib Mohamed Abdelaziz, miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario e hijo del histórico dirigente saharaui Mohamed Abdelaziz. Junto a él murieron otros dos combatientes saharauis: Gali Luchaa y Salek Lehsen. Este crimen se produjo mientras el enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, se encontraba de visita en los campamentos de población refugiada saharaui. Una demostración más de la absoluta impunidad con la que actúa el régimen marroquí.

No estamos ante un episodio aislado. Estamos ante una nueva expresión de una guerra que muchos intentan ocultar. Desde la ruptura del alto el fuego en 2020, Marruecos ha intensificado una estrategia militar basada en la superioridad tecnológica y en la certeza de que nadie le exigirá responsabilidades. La utilización de drones y sistemas de armamento cada vez más sofisticados no es casual. Forma parte de una política destinada a consolidar una ocupación que continúa desafiando abiertamente la legalidad internacional.

La impunidad no surge de la nada. Tiene responsables políticos. En 2020 Estados Unidos reconoció unilateralmente la supuesta soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental como moneda de cambio para la normalización de relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad entre Marruecos e Israel en los Acuerdos de Abraham. Aquella decisión supuso un golpe directo al marco jurídico internacional y contribuyó a reforzar la sensación de impunidad con la que Rabat viene actuando desde entonces.

Durante los últimos años, el régimen marroquí ha incrementado de forma notable su capacidad militar mediante la adquisición de drones y armamento avanzado de fabricación israelí y estadounidense. Hablamos de tecnología implementada y perfeccionada en escenarios de ocupación y guerra contra población civil, particularmente en el genocidio contra el pueblo palestino, y que hoy está siendo utilizada también contra el pueblo saharaui. Las denuncias procedentes del terreno apuntan a un incremento de ataques con drones que afectan no solo a combatientes, sino también a población civil saharaui, argelina y mauritana.

Todo ello ocurre bajo un escandaloso manto de silencio internacional. Mientras se condenan con rapidez y contundencia violaciones del derecho internacional en otros conflictos, el pueblo saharaui sigue siendo tratado como una causa olvidada. La doble vara de medir de numerosos gobiernos occidentales resulta cada vez más evidente: la legalidad internacional parece ser exigible para unos pueblos, pero negociable cuando se trata del Sáhara Occidental.

Conviene recordar una realidad incómoda que demasiados actores políticos prefieren ignorar: el Sahara Occidental continúa siendo, según Naciones Unidas, un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Más de cincuenta años después del abandono del territorio por parte del Estado español, el pueblo saharaui sigue privado de su derecho inalienable a la autodeterminación mediante un referéndum libre y democrático, tal y como exigen numerosas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Sin embargo, cincuenta años después, la legalidad internacional sigue siendo ignorada y las resoluciones internacionales se acumulan en los archivos mientras la ocupación marroquí se consolida sobre el territorio del Sahara Occidental. La explotación de recursos naturales continúa. La represión contra activistas saharauis persiste. Miles de personas siguen condenadas a vivir en los campamentos de personas refugiadas saharauis en condiciones extremas. Y quienes permanecen en los territorios ocupados, denuncian de manera constante vulneraciones sistemáticas de derechos humanos y las libertades más elementales que rara vez ocupan titulares en los grandes medios.

Pero si hay un actor que no puede eludir su responsabilidad, ese es el Estado español. Una responsabilidad histórica, política, moral y jurídica sobre un proceso de descolonización que nunca llegó a completarse. Sin embargo, lejos de asumir esa realidad, los sucesivos gobiernos han optado por la comodidad diplomática y el cálculo político. Se ha preferido preservar las relaciones con Rabat antes que defender con firmeza los principios que supuestamente inspiran nuestra política exterior.

Resulta especialmente revelador comprobar cómo el Gobierno español exige el cumplimiento del derecho internacional en unos escenarios, como en Palestina, mientras guarda silencio en otros. No puede haber credibilidad cuando los principios se aplican en función de la conveniencia política. No puede hablarse de una defensa coherente de los derechos humanos cuando el sufrimiento de algunos pueblos parece merecer menos atención que el de otros.

Mientras tanto, el pueblo saharaui sigue resistiendo. Resiste en los campamentos de refugiados. Resiste en las ciudades ocupadas. Resiste frente a la represión, frente al exilio y frente al olvido. Lo hace después de cincuenta años de promesas incumplidas, de resoluciones ignoradas y de una comunidad internacional que ha convertido la pasividad en norma.

Por eso, los asesinatos de Lahbib Mohamed Abdelaziz, Gali Luchaa y Salek Lehsen no son únicamente tres muertes más en un conflicto olvidado. Son el reflejo de una injusticia histórica que continúa abierta. Son la consecuencia de décadas de impunidad. Son el resultado de los silencios, de las renuncias y de las cobardías políticas acumuladas durante demasiado tiempo. El fracaso de quienes han permitido que un pueblo entero lleve medio siglo esperando el cumplimiento de un derecho reconocido por la propia comunidad internacional.

Porque conviene recordarlo una vez más: el silencio nunca es neutral. Cuando se guarda silencio ante la ocupación, ante la represión y ante la negación de los derechos de un pueblo, el silencio deja de ser una ausencia de palabras para convertirse en una forma de complicidad.

El silencio cómplice también mata. Y en el Sáhara Occidental lleva demasiado tiempo haciéndolo.