La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reivindicará este miércoles y jueves en Lanzarote el primer año de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, el cambio legal que convirtió la solidaridad territorial en una obligación para las comunidades autónomas en la acogida de menores migrantes solos llegados a Canarias, Ceuta y Melilla.

La visita llega con el sistema canario aún sometido a presión y con el PP y Vox en contra de un modelo que el Gobierno central defiende como garantía de reparto y protección de la infancia migrante.
Según señalan fuentes del Ministerio de Infancia y Juventud, Rego sostiene que el cambio normativo ha permitido «garantizar la solidaridad entre los distintos territorios del país», mejorar la situación de los sistemas de acogida en los territorios de llegada y, «lo más importante», proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
Contingencia migratoria
La ministra Sira Rego hará balance del resultado de la reforma que se aprobó tras años de bloqueo en las derivaciones y que obliga a redistribuir a los menores migrantes solos desde los territorios declarados en contingencia migratoria cuando superan en más de tres veces su capacidad ordinaria de acogida. Cabe recordar que Canarias, Ceuta y Melilla quedaron bajo ese supuesto por la saturación de sus redes de protección.

Desde Infancia se defiende que gracias a este cambio legislativo el sistema de acogida de Canarias ha quedado «descongestionado». Con todo, el 15% de las llegadas a las costas canarias en 2025 fueron menores solos, según el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que constata que las niñas, niños y adolescentes sin referentes familiares siguieron teniendo un peso relevante en la ruta atlántica pese al fuerte descenso de las entradas marítimas.

Los traslados propiciados por el artículo 35 cumplieron su plazo el pasado mes de marzo, aunque se siguieron redistribuyendo los menores con procedimiento abierto. Por otro lado, quienes han llegado a las islas siendo menores y solos después de agosto se derivan directamente a la Península en un plazo de 15 días, aunque este no se cumple de forma estricta.

Según anunció en marzo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, «antes del 30 de agosto el Gobierno de España aprobará un real decreto que prorroga un año más» el traslado de menores migrantes solos hasta que los territorios fronterizos asistan a tantos niños, niñas y jóvenes como su capacidad ordinaria. Con esta prórroga, anunció Torres, «llegaremos a agosto del año 27».

Este cambio legislativo ha sido calificado por el Gobierno de España de un «hito» que precisamente pone en riesgo «una eventual mayoría de PP y Vox», pues podría «revertir» el modelo. Y es que ambos partidos votaron en contra de la reforma y mantienen su rechazo a la acogida obligatoria de menores migrantes.

Pacto Europeo de Migración
La visita de la ministra Rego coincide, además, con el debate sobre la aplicación del polémico Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y sobre la figura que deberá acompañar a los menores desde el primer momento de la atención. El Gobierno canario ha admitido que aún no dispone de información suficiente sobre quién ejercerá esa representación, cómo se nombrará y qué papel tendrá dentro de un sistema ya tensionado.

Precisamente para ahondar en lo referido a la posibilidad de que la representación jurídica de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados recaiga en letrados, la ministra Sira Rego se reunirá en Lanzarote con representantes del Colegio de Abogados en la isla.

Este miércoles Rego mantendrá un encuentro con el presidente del Cabildo insular, Oswaldo Betancort, y por la tarde se reunirá con la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva.

La agenda de la ministra se cierra con una reunión el jueves con el Consejo de la Juventud en Canarias, según el ministerio, con el propósito de conocer las demandas concretas de la juventud canaria y dar cuenta de los avances en la Ley de Juventud.