CRUZ MORCILLO
MADRID. El Gobierno presentó ayer a las comunidades una propuesta para que acojan y tutelen a medio millar de menores extranjeros de los más de 800 que viven en los centros de Canarias tras llegar en cayuco o patera. El plan, discutido en el marco del Consejo Superior de Política de Inmigración, lleva aparejado «un presupuesto extraordinario» sobre el que no se concretó ninguna partida. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, indicó que se había alcanzado un «acuerdo de fondo» para el reparto de los niños y que a partir de hoy, de forma bilateral, se cerrará la participación de cada autonomía en el programa de traslados.
Las comunidades gobernadas por el PP negaron rotundamente que se hubiera llegado a acuerdo alguno. «Nos hemos comprometido a estudiar la propuesta, vacía de contenido y de dinero, pero nadie ni siquiera las autonomías del PSOE han dicho que sí», señaló la consejera de Inmigración de Madrid, Lucía Figar. De hecho, la reunión estuvo marcada por las reticencias de casi todos. Andalucía, Ceuta y Melilla advirtieron de que no pueden hacerse cargo de ningún menor trasladado desde Canarias porque sus centros están saturados.
Galicia se hará cargo de «alguno»
El representante del País Vasco recordó que los menores son competencia de las Diputaciones provinciales y, por tanto, tampoco participará en el programa. Asturias replicó que sólo tiene entre diez y 14 plazas libres, y Cantabria que para contribuir al plan tiene que crear plazas nuevas. Galicia que sí será «solidaria» se hará cargo de «alguno».
La financiación del programa es clave para todas las regiones, dado el coste que suponen las plazas de acogida de menores y la cantidad de niños que se encuentran en esta situación. La Comunidad de Madrid (que acoge a 400 menores extranjeros y otros 1.500 nacionales) y la de Valencia (con unos 600 extranjeros) aseguran que una plaza diaria les cuesta una media de 110-115 euros es el promedio entre los chicos acogidos en la red social y los que permanecen en internamiento. Con esas cifras, aseguran que si no hay un compromiso económico concreto, no será posible la solidaridad.
«Hasta ahora se nos ha abonado sólo el 50 por ciento del dinero acordado para el traslado y acogida de los inmigrante adultos», explica Figar, «pero aun así el ministro se atreve a decir que por falta de dinero no sea».
El programa de traslados y atención plantea dos opciones: que las comunidades asuman la tutela de los 500 menores extranjeros y la guarda de todos ellos con recursos propios o concertados con el Gobierno o que se hagan cargo sólo de parte de los inmigrantes y que el resto sean atendidos por ONG.
La tutela de los chicos es otra de las cuestiones que preocupa a las autonomías. Para que esa tutela que ahora ejerce Canarias sobre los menores puedan asumirla el resto es preciso firmar un convenio entre los gobiernos afectados, que deben aprobar después los respectivos parlamentos. «El acogimiento no va a ser fácil y en estas condiciones no se ha hecho nunca. Va a suponer otro «efecto llamada», esta vez de los menores como ocurrió con los niños marroquíes», pronostica la consejera de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Alicia de Miguel, quien también «estudiará» el programa. Como Baleares, Murcia, Castilla y León o La Rioja, la única que se negó radicalmente a aceptar subsaharianos adultos hace dos semanas.
Caldera tendrá que convencer con propuestas concretas mientras siguen llegando niños en los cayucos. La consejera de Canarias, María Luisa Zamora, recordó que en un día los números aumentan en 40 o 50 niños.