MADRID. Su Majestad el Rey presidió ayer, como cada año, el solemne acto de apertura del año judicial, con la particularidad de que Francisco Hernando pronunció el que ha sido su último discurso como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su mandato, y así el de los vocales que integran el actual órgano de gobierno de los jueces, vence el próximo 7 de noviembre, aunque su renovación aún se demorará varios meses.
Francisco Hernando no mencionó en ningún momento que el de ayer fuera su discurso de despedida, pero no desaprovechó la ocasión para referirse a la inmigración y, en presencia del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, a la necesidad de una «reordenación científica de la planta judicial». El grueso de su intervención lo dedicó a una reflexión «para el debate» sobre la presencia de las reglas éticas en las leyes y en la actuación de los jueces y magistrados.
Hernando quiso destacar el alto nivel de eficacia de los jueces y magistrados españoles al recordar cómo el constante aumento del número de asuntos que se someten a la Justicia en 2005 se registraron 7.728.699, 275.955 más que el año anterior ha tenido como respuesta un mayor número de resoluciones dictadas 7.628.067, 141.752 más que en 2004. La tendencia se ha repetido en el primer semestre de 2006, con un incremento del 7,1 por ciento en los asuntos ingresados y del 5,6 en los resueltos.
Más preocupantes son las cifras de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, que ha visto crecer en un 20,9 por ciento los asuntos ingresados debido principalmente al espectacular aumento del 80 por ciento de los procedimientos relacionados con extranjería. A propósito de las avalanchas de inmigrantes irregulares, el presidente del Supremo recordó que en el discurso pronunciado en la apertura judicial de hace cinco años ya advirtió de la necesidad «de alcanzar el máximo acuerdo tanto entre los partidos políticos como en el seno de la Unión Europea».
El esfuerzo «siempre creciente» de los jueces no ha logrado que el número de resoluciones dictadas alcance el de asuntos ingresados, reconoció Hernando, en cuya opinión «urge acometer una reordenación científica de la planta judicial» que permita «compaginar a la litigiosidad de la sociedad española el número de jueces» y ello, por supuesto, «sin renunciar a la formación y profesionalidad» de los miembros de la carrera judicial.
Días después de que el Ministerio de Justicia anunciara la creación de 100 nuevas unidades judiciales en toda España para 2007, el presidente del Supremo aseguró que sin la acomodación de la planta judicial, «el simple aumento numérico de plazas no mitigaría esa endémica carencia de nuestra Justicia».
La «fortaleza» de los jueces
En sus reflexiones sobre ética judicial, Hernando aseguró que en aquellos casos en los que los jueces se vean en el «brete» de tener que aplicar una norma «disconforme» a sus criterios morales algo que ocurrió en algún caso con la ley de matrimonios homosexuales, aunque el presidente del Supremo no hizo mención expresa a ello, éstos deberán dejar de lado sus creencias personales para, primero, «sujetarse férreamente a la ley» y actuar después conforme a la «voluntad ciudadana». De hecho, dijo, en una sociedad como la actual, en la que no hay una posición común respecto a los valores morales, los ciudadanos pueden llegar a identificar «lo lícito con lo correcto y lo permitido con lo deseable».
Terminó Hernando su discurso con una enumeración de las «virtudes» de las que deben hacer gala los jueces, entre ellas la «fortaleza» para hacer ejecutar lo juzgado así como para hacer frente, entre otras situaciones, a «actos injustificables» como los ocurridos recientemente en la Audiencia Nacional (las amenazas e insultos del etarra Iñaki Bilbao durante un juicio).
Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, defendió una vez más la especialización como sistema de trabajo de la Fiscalía, y puso como ejemplo el buen resultado que ha dado en materia de terrorismo. El fiscal general no quiso dejar de mencionar el proceso de negociación Gobierno-ETA para asegurar que «la legítima esperanza de un final definitivo no afectará a nuestro afán cotidiano en defensa del Estado de Derecho», es decir, a la «aplicación de la ley». Según Conde-Pumpido, el llamado proceso «exige cautela, paciencia y prudencia» aunque el final del terrorismo «sólo podrá ser la derrota de los criminales».
Tras recordar que se ha puesto en marcha la creación de fiscalías delegadas en materia de atención a las víctimas, menores, vigilancia penitenciaria, delitos económicos, violencia de género, siniestralidad laboral y medio ambiente, entre otras, y que están pendientes de nombramiento los delegados en inmigración y seguridad vial, Conde-Pumpido señaló que todos los esfuerzos serán inviables sin un buen sistema de formación y medios materiales. En este punto, avanzó que está prevista una partida presupuestaria de 2 millones de euros para 2007