Cuando se publicarán estas líneas faltarán menos de dos semanas para que se cierre (a falta de una más que necesaria prórroga), el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes puesto en marcha por el gobierno central. Se trata probablemente de una de las decisiones más importantes que el ejecutivo ha tomado en esta legislatura, fruto de la presión democrática ejercida de manera continuada por la ciudadanía organizada a lo largo de los años, a través de una ILP que llevó al Congreso más de 700 mil firmas.

La importancia de este proceso es, obviamente, atemporal, es de sentido común para cualquier sociedad que aspire a definirse democrática, que todas las personas que viven en ella puedan gozar de derechos, independientemente de la trampa de la ciudadanía basada en la nacionalidad que hace más de dos siglos opera como un implacable y absurdo dispositivo de exclusión. Pero este proceso de regularización cobra una importancia aún más grande por el momento en que se produce: en un mundo en que las extremas derechas al gobierno o capaces de influenciar cualquier gobierno han neurotizado nuestras sociedades con el miedo al extranjero como palanca de consolidación de su propio poder, y con una Unión Europea que acaba de aprobar una normativa sobre migración que puede atentar claramente contra los derechos humanos, la decisión del gobierno español es a todas luces una saludable y esperanzadora medida contra cíclica.

A pesar de los límites y de las dificultades (los largos trámites burocráticos, la dificultad para que realmente todas las personas que puedan optar a la regularización estén en condición de hacerlo), el proceso está teniendo éxito manifiesto. Con datos de finales de mayo, se habían presentado más de medio millón de solicitudes. Ha sido destacada la contribución de los ayuntamientos (a través de la expedición de certificados de empadronamiento y de vulnerabilidad, y en más de un caso con dispositivos de acompañamiento) y también de una larga lista de entidades colaboradoras de extranjería (que también expiden certificados de vulnerabilidad, acompañan y colaboran en la presentación de solicitudes).

Más allá de las consideraciones quizás obvias pero por ello no menos importantes, sobre la capacidad de respuesta de las instituciones locales y sobre la gran movilización de la sociedad civil organizada hay un aspecto vinculado a esta última que vale la pena subrayar y poner en valor. Si se repasa la lista de las entidades acreditadas a participar en el proceso de regularización en todo el territorio español, se podrá observar que un 18,85% son organizaciones de base migrante o colectivos autoorganizados. En algunas provincias rebasan el 40% del total (Castellón, Álava y Guipúzcoa) y en otras se sitúan entre el 25 y el 35% del total (Valencia, Tarragona, Palma, Barcelona). El dato es importante: demuestra una agencia cívica y política de la población migrante. Un verdadero patrimonio de democracia, que enriquece nuestra sociedad y que deberá ser fortalecido después del 1 de julio.