ANA DEL BARRIO

MADRID.- El Gobierno presentó ayer una tibia propuesta para el traslado y atención de los menores extranjeros no acompañados desde las islas Canarias a la Península. Durante la reunión del Consejo Superior de Política de Inmigración, las comunidades autónomas acogieron con escepticismo la iniciativa del Ejecutivo en la que no se concretaba la financiación que se iba a dedicar a la acogida de los niños extranjeros.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, acordó el pasado jueves con el Gobierno canario que trasladará a 500 menores inmigrantes a la Península, ya que las islas tan sólo tienen capacidad para 300 de los más de 800 que alojan en la actualidad. En un receso de la reunión de ayer, Caldera se mostró triunfalista y aseguró que «todas» las comunidades mostraron su disposición a acoger a los menores que no pueden ser atendidos en Canarias, debido al «desbordamiento» del archipiélago.

Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y País Vasco se mostraron dispuestas a acoger a los menores, pero tan sólo Asturias puso de 10 a 14 plazas sobre la mesa.

Los gobiernos autonómicos de Ceuta y Melilla y Andalucía se negaron a recibir a más niños, ya que sus redes de acogida están saturadas. Las comunidades gobernadas por el PP como Madrid, la Comunidad Valenciana, La Rioja o Murcia se comprometieron a estudiar la iniciativa, pero exigieron al Ejecutivo una mayor concreción en la financiación.

En la reunión que mantuvo Caldera con el presidente canario, Adán Martín, el ministro afirmó que el Gobierno correría con los gastos de la atención a esos menores. Sin embargo, en la propuesta presentada ayer por Trabajo a las comunidades autónomas tan sólo se habla de que la Administración General del Estado «habilitará un presupuesto extraordinario para financiar el presente programa».

En el escueto proyecto de tres folios, al que ha tenido acceso este diario, el Ejecutivo tan sólo da dos opciones a las comunidades: o bien «asumen la guarda de todos los menores con recursos propios o concertados por ellas» o bien asumen «la guarda de parte de los menores y, para el resto, la Administración establecerá los conciertos necesarios con las ONG». A lo largo del encuentro, la consejera canaria de Empleo y Asuntos Sociales, María Luisa Zamora Rodríguez, demostró con datos el incremento espectacular de la llegada de menores en cayucos o pateras al archipiélago, que casi se ha cuadruplicado en nueve meses. Si en enero las islas acogían a 248 niños inmigrantes, en el mes de septiembre esta cifra ascendía a 857.

«Nosotros también estamos desbordados y ya acogemos a 600 menores. El Gobierno nos quiere traspasar el problema sin aportar financiación. El traslado de menores a la Península va a provocar un efecto llamada aún mayor», indicó ayer la consejera valenciana de Bienestar Social, Alicia de Miguel. La responsable de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, destacó las dificultades que presenta esta iniciativa, ya que para cambiar la tutela de los menores de una comunidad a otra será necesario que lo apruebe la Asamblea autonómica.

Trabajo mantendrá ahora reuniones bilaterales con cada gobierno autonómico para establecer cuántos menores extranjeros están dispuestos a acoger.