Una de las mayores muestras de la miseria española está a las puertas de Doñana, junto a las tierras que generan cada año entre 80.000 y 100.000 puestos de trabajo y que aportan el 8% del Producto Interior Bruto de Andalucía, según datos de la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa). Admija Diarra, maliense de 43 años, ha vivido la mitad de su vida en esos campos. Tiene los papeles en regla y nada más. Su hogar es una impoluta chabola de dos habitáculos que reconstruyó en tan solo un día tras el incendio del asentamiento la pasada primavera. Junto a su chamizo, montañas de basura, ratas, reptiles y un pozo con agua no potable destinada al riego del que beben y se lavan. No hay electricidad ni saneamiento ni vigilancia ni pavimento ni atención sanitaria; nada de lo que conforma una vida común a cientos de metros, en Lucena del Puerto (Huelva), en la capital del chabolismo onubense y donde cada administración responsabiliza a las otras de la situación.

Diarra muestra orgulloso su documentación en regla. “Todo bien”, afirma resignado mientras muestra un cubo con el que se ducha junto a un montículo ennegrecido por el último fuego, su dormitorio y la cocina. Su vecino desde hace cinco años es Siratigui Sagore, también de Malí y padre de un niño de poco más de un año, y Marou, que vive en el asentamiento de Lucena del Puerto desde 2018. Ellos son privilegiados. La regularización les permite trabajar con contratos, que enseñan sin recelos, y a Marou le facilitó un curso de operaciones básicas de cocina. “Antes era imposible por la falta de papeles”, admite.

Muchos de sus vecinos no pueden acceder a ese privilegio dentro de la miseria porque el Ayuntamiento no los empadrona y otros perdieron la documentación en el último incendio y la Subdelegación del Gobierno no ha facilitado por ahora soluciones eficaces para que lleguen a tiempo al 30 de junio, cuando finaliza el plazo de regularización extraordinaria.

Admija Diarra, en la chabola donde reside en Lucena del Puerto (Huelva).
PACO PUENTES (EL PAÍS)
“Es violencia y racismo institucional”, afirma tajante Josefa Suárez, una de las responsables de la Asociación Multicultural de Mazagón (Huelva) y de la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho. Esgrime el artículo 15 de la Ley 4/1996, que establece que toda persona que viva en territorio español está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que reside habitualmente y adquiere la condición de vecino a partir de ese momento.

Su entidad ha recurrido a la vía judicial, al Defensor del Pueblo y a los servicios sociales municipales. Pero estos esgrimen varias estrategias para no afrontar la inscripción de los inmigrantes, desde la declaración de falta de domicilio conocido a la exigencia de poderes notariales de los inmigrantes a favor de la asociación o falta de información.

Es el caldo de cultivo para las mafias. “Sé que hay inmigrantes que han pagado más de 500 euros por la solicitud del padrón”, destaca Suárez, quien recuerda que es un trámite gratuito y obligatorio que da acceso a servicios y facilita la regulación extraordinaria.

Uno de los residentes de uno de los asentamientos chabolistas de Lucena.
PACO PUENTES (EL PAÍS)
Ahora la situación es más angustiosa para muchos de los inmigrantes porque su documentación se quemó en el incendio del 19 de abril. De los 25 afectados inicialmente, según el primer recuento de la Subdelegación del Gobierno, solo 11 figuran ahora como damnificados. El 26 de mayo, el Gobierno solicitó duplicados a las embajadas, pero estos no han llegado y el reloj para normalizar sus situaciones sigue avanzando. La Guardia Civil solo certifica dos residentes en la zona antes del 1 de enero, fecha mínima obligatoria para la regularización extraordinaria.

“Si esto se hubiese tratado con la seriedad que requería desde el principio, el resultado, probablemente, hubiese sido otro. Recuperar pruebas de estancia en España no es tan fácil y menos para gente vulnerable que no domina el idioma y que se mueve por las campañas agrícolas. Si los ayuntamientos empadronaran, hubiese sido muy fácil pedir un certificado de empadronamiento como prueba. Pero no es el caso”, lamenta la portavoz de la asociación de ayuda.

La Subdelegación del Gobierno ha mantenido varias reuniones para abordar la situación, pero no ha facilitado información sobre las mismas, aunque algunos de los asistentes aseguran que la responsable, María José Rico, se comprometió a “hacer todo lo posible”.

Basuras acumuladas junto a las chabolas de Lucena del Puerto a principios de mes.
PACO PUENTES (EL PAÍS)
Mientras el calendario avanza hacia el final del plazo de regularización, las condiciones en los asentamientos se estancan entre basuras y condiciones insalubres. Según un informe de la Junta publicado hace año y medio, “en Lucena del Puerto hay aproximadamente 750 chabolas distribuidas en 16 asentamientos (todos en suelo público y ámbito rural) donde residen unas 950 personas de distintas nacionalidades”. Es la mayor concentración de toda la provincia.

Sánchez cree que las cifras son inexactas y que la población real duplica y llega a triplicar durante las campañas agrícolas la identificada. Es una situación extraordinaria para uno de los municipios más pequeños de Huelva y con una población que supera por poco los 3.000 habitantes.

“Resulta absolutamente sobrecogedor e indignante comprobar las condiciones infrahumanas en las que viven estas personas, que duermen bajo plásticos, rodeados de basura, sin las mínimas condiciones sanitarias, ni tan siquiera punto de acceso al agua y, desde luego, desprovistos de acceso a cualquier tipo de servicio público”, reza un escrito enviado a Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta, por parte de Francisco Casero, presidente de la fundación Savia (una organización de defensa del patrimonio rural) y en representación de los colectivos que conforman Salvemos Doñana.

Un inmigrante regresa del trabajo en los campos cercanos a los asentamientos de Lucena del Puerto.
PACO PUENTES (EL PAÍS)
De estos colectivos, Juan Romero, de Ecologistas en Acción, insiste en la situación de la acumulación de residuos y la falta de un suministro potable: “Durante la Romería del Rocío [que se celebra a unos 20 kilómetros de las chabolas] se garantiza la retirada de basura y el agua hasta para los caballos. Me parece lógico, pero aquí no son capaces y estamos hablando de personas”, lamenta mientras recorre uno de los poblados.

La Junta de Andalucía replica que ha cumplido parte de sus obligaciones con la financiación de un albergue pendiente de apertura y que está a la espera del Gobierno central para la aplicación del plan de erradicación del chabolismo en Lucena. Sobre los suministros de agua y la basura, rechazan que sea una competencia autonómica, igual que señalan que los problemas de regularización dependen del Ejecutivo nacional.

Para el Gobierno central, la situación sí implica al Ejecutivo autonómico y al Ayuntamiento, también gobernado por el PP: “El Gobierno de España no tiene competencias en ordenación del territorio (asentamientos irregulares) ni en materia de atención social, que serían los principales puntos sobre los que actuar para dar una solución digna a estas personas. Ambas competencias son municipales y autonómicas”.

Se han llevado a cabo actuaciones, pero son insuficientes. No son condiciones dignas para la vida de ningún ser humano y, por lo tanto, estamos totalmente a favor de la erradicación de los asentamientos chabolistas
Álvaro Regidor, alcalde de Lucena
El alcalde de Lucena, Álvaro Regidor, admite que la situación es extraordinaria y desborda al Gobierno local: “Somos el pueblo más pequeño de esta zona y los medios municipales, obviamente, no son suficientes”.

El albergue, de escasa capacidad (32 plazas) para la población temporera, está construido. “No se ha abierto porque estamos buscando alguna entidad que pueda o quiera gestionarlo, pero de momento no lo hemos conseguido”, justifica Regidor.

Aduce que sí recogen los desechos, aunque no dan abasto. “Necesitaríamos una cantidad de medios brutales para poder recoger la basura que generan todos los días”. También que han planteado posibles soluciones a la falta de agua potable, pero que no han prosperado. “Los medios que tenemos son limitados, llega un momento en que el presupuesto municipal no nos da para más y las subvenciones no son infinitas”, argumenta.

Sobre la falta de empadronamiento, alega Regidor que tienen dudas de las condiciones legales para inscribir a los residentes: “Están en monte público y, por lo tanto, no tenemos claro que sea totalmente legal que se puedan empadronar ahí. Hay muchas lagunas legales y muchas cosas en el aire que habrá que ir viendo poco a poco”.

“Llegamos hasta donde llegamos con los medios que tenemos. Se han llevado a cabo actuaciones, pero son insuficientes. No son condiciones dignas para la vida de ningún ser humano y, por lo tanto, yo como alcalde y mi corporación municipal estamos totalmente a favor de la erradicación de los asentamientos chabolistas. Tenemos que ir, poco a poco, trabajando para conseguirlo y ofrecer alternativas a las personas que viven allí. Desde luego, no son condiciones dignas de vida. Esta es una situación en la que tenemos que trabajar las tres administraciones: la local, por supuesto, pero tienen que ayudarnos y echarnos una mano la autonómica y la estatal”.