El Gobierno español ha recibido ya 900.000 solicitudes de extranjeros residentes en el Estado para poder recibir papeles en el marco del proceso de regularización extraordinaria que se anunció en marzo y que está a dos semanas de llegar a su conclusión.

Según ha dejado trascender Moncloa al diario “El País”, se trata de casi un millón de migrantes que buscan obtener un permiso de residencia y de trabajo, y contar con los derechos básicos que eso conlleva. La cifra es récord porque representa un incremento sustancial con respecto a procedimientos análogos anteriores. Según la misma fuente, se han admitido a trámite hasta ahora más de 350.000 expedientes. Sin embargo, la situación dista de ser sencilla para los solicitantes de regularización.

Varios colectivos de asistencia a migrantes, como Regularización Ya o la Taula del Tercer Sector de Catalunya, han reclamado recientemente al Gobierno de Pedro Sánchez que extienda el plazo para presentar las solicitudes, que vence el próximo 30 de junio (comenzó el 16 de abril).

En conversación con GARA, Victoria Columba, portavoz de Regularización Ya, explica que «lo que está sucediendo es que las administraciones no estuvieron a la altura porque lo primero que tenían que hacer, que era emitir los certificados de vulnerabilidad, no lo hicieron o lo hicieron tarde».

Lo que ocurre es que, tras las recomendaciones del Consejo de Estado, que hicieron que el Ejecutivo y el Congreso modificaran el real decreto-ley inicial, la situación de vulnerabilidad aparece como una condición más para poder participar de la solicitud de regulari- zación en el caso de quienes no tengan actualmente un contrato de trabajo. Pero esa situación debe ser demostrada con un certificado expedido por los ayuntamientos o por las oenegés registradas oficialmente como colaboradoras del Estado en esta materia.

«Como se está entregando tarde o no se entrega, las entidades tuvimos que asumir todo ese peso y a muchas asociaciones nos ha llevado mucho tiempo y ha hecho descuidar otros proyectos en los que trabajamos, y lo tendremos que justificar cuando sea el momento de renovar las subvenciones», señala.

Las prisas y las pocas semanas han llevado también a que, «ante la desesperación, mucha gente ha pagado a muchos abogados que han hecho el agosto con esto» y recuerda que hasta en el consulado español en Argelia debió intervenir Asuntos Exteriores al descubrir «una mafia que cobraba hasta 1.500 euros para facilitar los trámites».

La activista señala también al ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no haber reforzado la capacidad de su cartera para dar las citas necesarias.

A GRAN ESCALA
Un elemento grave sobre el que alerta Columba es que se están produciendo «macrovuelos de deportaciones, a partir de redadas racistas y citas trampa». «Si hay un proceso de regularización extraordinaria, deberían suspenderse las deportaciones; no se suspenden, evidentemente, porque hay un negocio que cubrir», lamenta. Hace alusión al contrato de más de 12 millones de euros que tiene el Gobierno con Air Nostrum y Air Europa para vuelos de deportación. La portavoz de Regularización Ya recuerda que «en 2005 y 2006, en los años donde también hubo regularizaciones, fueron los años en que más deportaciones se hicieron», por lo que afirma que no le sorprende.

«Lo más grave es que una regularización de tanta gente no se puede hacer en tres meses. Por ello pedimos una prórroga», recalca. En su visita al Congreso, Columba mantuvo encuentro con varias formaciones del bloque de investidura, entre ellas representantes del PSOE, que le dijeron que postergar el plazo no era una opción. Aunque el Gobierno español defiende su proceso de regularización extraordinaria ante los embates del PP y de Vox, algunas declaraciones parecen admitir que las cosas no fluyen como deberían. La semana pasada, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sugería que los residentes «presenten su solicitud pese a que les falta algún papel para que tengan un periodo extra», dando a entender que no habría extensión de plazos.

Al ser preguntada en una comisión del Congreso y frente a una pregunta de la portavoz del PNV, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha negado que el Ejecutivo esté «improvisando» con su política migratoria: «Estamos convencidos de que no estamos haciendo improvisación en el modelo migratorio . Se empezó con el pacto de migración y asilo; nos hubiera gustado que hubiera sido otro el pacto, otra mirada, pero es cierto que era el único posible que se pudo consensuar en ese momento. Sabíamos quiénes venían después y supimos leer el momento político».