La foto que hoy lleva EL MUNDO a su portada, tomada en la madrugada de ayer en el patio del centro de internamiento de Hoya Fría (Tenerife), resume por sí misma la dramática realidad de la inmigración ilegal en España. Este centro no es una excepción. Nueve mil sin papeles llegados en cayucos en los últimos meses se hacinan en los establecimientos canarios, sin que el Gobierno haya sido capaz de parar la avalancha producida ya no hay duda por el efecto llamada de la regularización masiva.

El colapso de los centros de internamiento ha desbordado la capacidad de las Fuerzas de Seguridad de vigilar a los sin papeles que, según la ley, han de permanecer en ellos 40 días antes de ser trasladados a la Península. Unicamente ocho policías vigilan a los 1.500 internos de Hoya Fría. Afortunadamente, los inmigrantes africanos han dado muestras de ser personas pacíficas, pero, tal y como ha advertido el presidente canario, han comenzado a encenderse las señales de alarma. Los agentes del centro tinerfeño de Las Raíces donde hay 3.000 internos custodiados por seis policías han denunciado ya la insalubridad en la que desarrollan su trabajo y las peleas entre los inmigrantes.

El desbordamiento de estos centros es la consecuencia más escandalosamente visible de la errónea política de inmigración del Gobierno socialista, pero no la única. En las últimas semanas ha aumentado la llegada de menores en cayucos y, puesto que no se les puede expulsar, el Gobierno ha tenido que recurrir a las demás comunidades autónomas para que acepten acogerlos en sus centros. Los expertos advierten que el efecto llamada de esta acogida es inmediato, ya que los menores avisan a sus familias de que han logrado instalarse en España. De la misma manera que los inmigrantes que son trasladados a la Península, una vez agotado el plazo de los 40 días, consideran que han vencido las resistencias legales y que se quedarán para siempre en Europa.

Es cierto que estamos ante un problema que no tiene soluciones mágicas, pero no cabe ya la más mínima duda de que el Gobierno es el responsable de este colapso debido a la laxitud de la política de inmigración. El endurecimiento del discurso y el anuncio de medidas más severas contra la llegada masiva de sin papeles ha llegado demasiado tarde. La imprevisión ha pillado al Gobierno sin recursos para hacer frente a la realidad de que España se ha convertido en el puerto internacional de la inmigración ilegal. Tampoco la política exterior ha sido la adecuada, con la honrosa excepción de la vicepresidenta De la Vega, que está haciendo ahora el esfuerzo que otros tenían que haber hecho antes. El Gobierno tiene la obligación de comparecer ante el Parlamento para presentar un plan integral sobre la inmigración ilegal. Eso es lo que importa a los españoles, como ayer dijo el secretario general del PP, y no la fantasmal «nueva extrema derecha» que tanto distrae a Zapatero.