MADRID.- La imagen habla por sí sola. Los centros de internamiento de las islas Canarias están llegando a una situación límite. La masiva oleada de cayucos ha colapsado de tal forma las instalaciones que los inmigrantes se ven obligados a dormir a la intemperie, amontonados unos encima de otros, sin apenas espacio para moverse. La escena se repite en la mayoría de los centros de internamiento, pero es especialmente dramática en Hoya Fría, situado en la isla de Tenerife, donde más de 1.500 sin papeles permanecen hacinados, en condiciones infrahumanas, en un edificio con capacidad máxima para 326. Según denuncia la Confederación Española de Policía (CEP), tan sólo seis policías y otros dos en prácticas se ocupan de vigilar a los extranjeros.

Los inmigrantes han ocupado la zona de las taquillas donde los agentes guardaban sus pertenencias, los patios donde antes salían los internos a relajarse y también el perímetro de seguridad que separaba el inmueble de la valla metálica. La falta de condiciones higiénicas es palpable. Tan sólo se han instalado 20 váteres químicos para 1.500 personas y los inmigrantes utilizan las duchas que anteriormente eran empleadas por los agentes.

La seguridad brilla por su ausencia, ya que el hacinamiento genera cada día más tensiones. En el exterior del edificio, tan sólo cuatro agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) custodian a los casi 1.200 internos, lo que supone una media de un policía por cada 300 inmigrantes, según denuncia el sindicato policial CEP. Del interior del inmueble se encargan dos agentes veteranos más dos policías en prácticas.

De momento, no se han producido graves problemas de orden público, ya que a los que han entrado ilegalmente en España les interesa permanecer los 40 días ingresados en los centros de internamiento, puesto que saben que después el Gobierno les traslada a la Península. Sin embargo, los agentes temen que comiencen los disturbios si se continúan intensificando las repatriaciones a Senegal, como ya ha sucedido con los dos motines que han tenido lugar en el centro de El Matorral, en Fuerteventura.

La falta de condiciones de salubridad preocupa cada día más a los funcionarios, debido al posible contagio de enfermedades. «Algunos subsaharianos vienen con sífilis, gonorrea, tuberculosis o malaria. El Ministerio del Interior está exponiendo a los policías a que se puedan contagiar de enfermedades tropicales. La situación sanitaria es lamentable», denuncia el portavoz de la CEP, Rodrigo Gavilán.

El dirigente sindical critica el abandono por parte del Ministerio, ya que, según indica, no facilitan vacunas ni guantes ni mascarillas a los agentes, que a veces se ven obligados a pedírselas a la Cruz Roja.

De hecho, en una circular remitida a las comisarías a finales del mes de mayo, el Gobierno admitía que existía riesgo de contagio de enfermedades entre los policías y los inmigrantes que llegan masivamente en cayucos a las islas Canarias.

La Dirección General de la Policía instaba entonces a sus agentes a que tomasen precauciones y medidas preventivas «dado el riesgo de contagio profesional». La lista de recomendaciones incluía desde que evitasen «entrar en contacto directo con heridas, sangre o derivados ante la posibilidad de que estén contaminados» hasta que usasen guantes y mascarillas o que se vacunasen contra la hepatitis B.

La situación no es mucho mejor en el resto de los centros de internamiento y comisarías de las islas. De hecho, los inmigrantes acogidos en el archipiélago superan ya la barrera de los 8.000. En el otro centro situado en Tenerife el destino favorito de las mafias durante este verano, el cuartel de las Raíces, están alojados 3.476 irregulares; en Las Palmas de Gran Canaria, 130 se albergan en Barranco Seco mientras que en el campamento militar de La Isleta son 1.472. La isla de Fuerteventura tiene internados a 995 subsaharianos; 453, en La Gomera y otros 284 en El Hierro, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno.

Gavilán también denuncia el trato que están recibiendo los inmigrantes subsaharianos que además, según informa, están siendo enviados a la Península sin controles médicos. «Estamos hartos. La Administración está intentando ocultar el problema y escurrir el bulto, pero la situación de los policías es desesperada. No descartamos realizar movilizaciones», critica el portavoz de la CEP.