Hombres solos y familias vulnerables, con grave deterioro físico y mental. Traen heridas y amputaciones por la quilla y las aspas de las barcas, patologías por haber tenido que beber agua salada del mar y enfermedades. Así es el perfil que ha dibujado Mónica López, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en la presentación del informe anual de la organización, en la que se ha alertado de los peligros que entraña el nuevo Pacto Europeo para la Migración y el Asilo y se ha pedido al Gobierno de España que no incorpore algunas de las medidas que permite, pero no obliga, dicho texto. López ha recordado que las “políticas hostiles” que se viven por todo el mundo contra los inmigrantes retienen en sus países a personas en gran riesgo.

Con cifras ya cerradas, el año pasado huyeron de sus hogares 117,5 millones de personas, un 5% menos que el año precedente, según datos de Acnur. En contra de lo que parece, no es una cifra a celebrar, según las organizaciones humanitarias, porque el descenso se debe “a los retornos forzosos y las mayores dificultades que se presentan para los desplazamientos” de quienes necesitan salir de sus países, ha explicado López en rueda de prensa este lunes. El informe presentado también se ha llevado al Congreso de los Diputados, en una semana en la que se conmemora el Día del Refugiado. Tanto López como Mauricio Valiente, codirector general de CEAR, se han detenido en la situación de Gaza, donde siguen atrapadas personas “que no pueden pasar a Egipto para conseguir un visado que les permita viajar a España, donde ya tienen familiares”. Los niños son grandes afectados en este proceso.

Cuando los refugiados o inmigrantes tienen que usar rutas más difíciles y obstáculos para su salida al extranjero, los riesgos se incrementan, de ahí ese perfil que retrataba López de mayores patologías y afectaciones mentales con las que llegan los extranjeros en la actualidad, “situaciones cada vez más complejas” que no deberían incrementarse en la llegada a España para solicitar protección internacional, han reclamado en CEAR y criticado la “retórica que se está luchando contra las mafias y evitando muertes para endurecer la salida de estas personas en terceros países y el ingreso en Europa”, ha señalado Valiente.

Ha recordado que el pacto europeo que entró en vigor el 12 de junio “no recoge todas las políticas migratorias”, por lo que los países miembros pueden seguir aplicando las suyas en algunas situaciones. La ley de asilo o por razones humanitarias podría seguir en España tal cual, ha dicho Valiente, quien también ha exigido recursos para el mecanismo de monitoreo de la aplicación del pacto en España, que llevará el Defensor del Pueblo. España, además, podría hacer un listado propio de países seguros, es decir, aquellos en los que supuestamente no hay peligro para sus habitantes, de modo que no son acreedores de refugio. Un listado así ya lo ha hecho la Unión Europea, muy criticada por las organizaciones humanitarias, y este lunes CEAR ha pedido que España renuncie a su lista propia.

También han pedido al Gobierno que se comprometa a respetar el principio de no devolución, que se dé acceso a asistencia jurídica, derecho a la información y a la interpretación de calidad, así como garantizar la atención específica a los más vulnerables, como la infancia.

Las solicitudes de asilo en España han caído de 2024 al 2025 de 167.366 a 144.396 y las resoluciones de expedientes alcanzaron los 160.663, una cifra récord, de modo que el atasco se ha ido reduciendo. Pero España ocupa el antepenúltimo puesto de la Unión Europea en reconocimiento de protección internacional, con un 11% de los casos, mientras que la media está en el 34%. Venezuela, seguido de Mali y Perú, son los tres países que registraron el mayor número de solicitudes el año pasado. Y Madrid, Andalucía y Cataluña, las comunidades con más peticiones. La gran mayoría de ellos son hombres y mujeres de 18 a 34 años, seguidos de la cohorte de los 35 a los 64. Muchos ni tienen suerte; la tasa de reconocimiento de asilo ha caído siete puntos, según el informe de CEAR con datos del Gobierno, pasando de las 38.686 solicitudes denegadas en 2024 a las 68.321 del año pasado.

Las dificultades para solicitar una cita para el proceso del asilo han salido a relucir, así como la “deficiente regularización de la apatridia”, que en España afecta mayoritariamente a los saharauis. Valiente ha subrayado la modélica experiencia de España en la acogida de los ucranianos, que debería “extenderse”.