MANUEL VILASERÓ
MADRID

Más de 500 menores llegados en cayuco a Canarias este verano serán finalmente trasladados a la Península en las próximas semanas. Las comunidades autónomas dieron ayer al Gobierno su visto bueno inicial a la propuesta, el último requisito necesario para poner en marcha una operación que cada vez se hace más urgente. El número de menores subsaharianos alojados actualmente en las islas, casi 900, triplica ya la capacidad de los centros de acogida del Gobierno canario.
El acuerdo se fraguó en una convocatoria extraordinaria del Consejo Superior de Inmigración, un organismo en el que participan todas las autonomías. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, presentó una propuesta pactada con el Ejecutivo canario por la que el Gobierno central se compromete a financiar gran parte de la operación. El propio Caldera dijo durante la reunión que “el presupuesto no será un problema”.

COMPETENCIA EXCLUSIVA
La respuesta de las comunidades era clave porque estas ostentan la competencia exclusiva en la tutela de los menores no acompañados y, aunque al final sean oenegés financiadas por el ministerio quienes acaben acogiéndolos, las autonomías deben ejercer de tutores de los pequeños.
El grado de entusiasmo con que dieron el sí las autonomías varió en función de su color político. El Ejecutivo bipartito de Catalunya ya ofreció semanas atrás 10 plazas, que ayer se mostró dispuesto a ampliar. La consellera de Benestar i Família, Carme Figueres, apuntó incluso como “muy posible” que se abra un nuevo centro de menores en Catalunya aprovechando la cofinanciación ofrecida por el ministerio.
El resto de autonomías socialistas asintieron sin condiciones, salvo Andalucía, ya saturada por los menores llegados en patera. Las del PP, encabezadas por Madrid y Valencia, aceptaron inicialmente, aunque estudiarán la cuota que pueden admitir en función de las aportaciones económicas que comprometa el Gobierno. Incluso la Rioja, la única autonomía que no admite traslados de subsaharianos adultos, se sumó al consenso. “En el caso de los menores prevalece el interés superior del niño y los derechos que le amparan”, explicó en un comunicado la consejera de servicios sociales riojana, Sagrario Loza.
La cuotas que corresponderán a cada comunidad se acordarán en encuentros bilaterales que empezarán hoy mismo, según Caldera. Si la red pública de las autonomías no es suficiente, se harán convenios con oenegés especializadas como ya ocurre con los traslados de los adultos subsaharianos.

SON YA CASI 900
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales de Canarias, Maria Luisa Zamora, pidió a sus homólogos que los acuerdos se cierren “lo más rápido posible”. “Esta manaña teníamos a 850 y a las pocas horas había 42 más, por lo que son ya casi 900 los menores acogidos en el archipiélago”, se lamentó tras recordar que en estas condiciones “es imposible darles la atención especializada que exige la ley”.