Sin ser una de las ciudades gallegas más grandes ni mucho menos, Pontevedra es un referente en cuanto a entidades sociales que, sin recibir ni un euro a cambio, decidieron transformarse y hacer grupos de voluntarios por una causa: la regularización extraordinaria y masiva de inmigrantes que está en marcha. Tan bien están funcionando que hasta Pontevedra se desplazan inmigrantes de toda la provincia buscando su asesoramiento. Este lunes, el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, decidió corresponder a ese gesto entregándoles un obsequio; una pieza de cerámica tallada por los internos de la prisión de A Lama. Losada puso en valor su labor y dijo que su colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está siendo clave para que el proceso avance y cientos de inmigrantes de la provincia puedan regularizar su situación y trabajar legalmente. Ellos, aunque señalaron que siguen abrumados por todo el trabajo que esto ha generado, concluyeron: «Merece la pena».

En la subdelegación estaban personas que dan vida a Boa Vida, Asovedra y Cruz Roja. Por parte de Boa Vida acudieron tanto Pepa Vázquez como Gemma Vilas. Esta última, psicóloga y con un máster en Migración, llevaba años reclamando una solución para que quienes llegan a España buscando una vida mejor pudiesen trabajar legalmente cuanto antes. Una y otra vez denunció la dureza de la legislación española en ese sentido y, por supuesto, participó recogiendo firmas en la iniciativa legislativa popular que acabó dando pie a esta regularización con miles de solicitudes en toda España y en marcha hasta el día 30.
Gemma reconocía que en Boa Vida estaban en tensión desde meses antes de ponerse en marcha este proceso regulatorio: «Tivemos e temos ansiedade porque queremos que todo saia ben, pero paga a pena», insiste. Ellos atendieron a unas 300 personas y ahora, en la última semana de tramitación, les queda una labor importantísima: «Están pendentes os casos máis difíciles. Está habendo un problema das familias que teñen fillos menores de idade. Eles están en vías de regularizarse pero, nalgúns casos, non lograron vincular aos seus fillos con eles», indicó. Dijo también que el arranque de la regularización fue caótico, pero que la maquinaria burocrática fue mejorando y ahora se les presentan menos problemas que al inicio.

Por parte de Asovedra habló Manuel Osorio, el presidente. Ellos dieron asesoramiento, desde la tramitación de toda la documentación a simplemente facilitar información, a más de mil personas. Como Boa Vida, armaron un equipo de voluntarios para poder ofrecer ese servicio e incluso se desplazaron a Vigo para dar cobertura a la ciudad: «Todos hemos colaborado de forma altruista porque creemos que es una oportunidad única y que hay que aprovecharla. La gente está deseando trabajar legalmente».

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«Ya ha firmado su contrato»

A ese respecto, con los ojos humedecidos, no disimuló la emoción al hablar de una persona a la que ya le vino la confirmación de la regularización y automáticamente firmó su primer contrato de trabajo: «Ha sido mucho papeleo, pero ya hay frutos», dijo.

Por su parte, la representante de Cruz Roja, María Durán, señaló que ellos sobre todo participaron en la elaboración de certificados de vulnerabilidad; los documentos que algunos inmigrantes tienen que aportar para regularizarse al no poder realizar el trámite por otras vías. Ella dijo que se quedaba con el hecho de que las entidades de la ciudad habían aprovechado sus sinergias para asesorar mejor a los inmigrantes . Y, de hecho, ayer, al coincidir en la subdelegación de Gobierno, se comprometieron a seguir colaborando para intentar que el Gobierno les resuelva algunas dudas que les quedan pendientes del proceso regulatorio, ya que todos tienen las mismas.

Desde las oenegés agradecieron el homenaje y expresaron su agradecimiento a algunos concellos de la provincia que se implicaron sobremanera con la regularización. Indicaron que dieron ayudas de emergencias a algunas personas que no tenían dinero para solicitar los antecedentes penales, que es uno de los requisitos obligatorios. Y es que ese trámite varía de cuantía dependiendo del país de origen. Pusieron el ejemplo de México, donde cuesta unos 400 euros. Además, señalaron que, una vez más, las mafias entraron en juego: «A algunha xente pedíronlle moitísimos cartos por facerlles o trámite e non llo fixeron», señaló la trabajadora social Pepa Vázquez.